FACUA Andalucía pide a la Junta que no eluda su obligación de control sobre las gasolineras desatendidas
La federación envía un escrito a los grupos parlamentarios en el que les insta a la revisión y actualización de la legislación existente para garantizar la seguridad y los derechos básicos de los consumidores.
FACUA Andalucía ha enviado un escrito a los grupos políticos que debaten en el Parlamento autonómico sobre las gasolineras desatendidas en el que les requiere que refuercen la protección de los consumidores ante el auge y proliferación de las gasolineras desatendidas, que suponen un modelo de negocio que no respeta los derechos y garantías más básicos y ante la falta de contundencia del Ejecutivo andaluz en la aplicación de la normativa actual.
En este sentido, les insta a que reclamen a la Junta de Andalucía que no eluda su responsabilidad de control sobre este tipo de establecimientos y apliquen la legislación autonómica vigente, esto es, el Decreto 537/2004, de 23 de noviembre, por el que se regulan los derechos de los consumidores y usuarios en las actividades de distribución al por menor y suministro a vehículos de combustible y carburantes en instalaciones de venta directa al público.
El citado Decreto ya establece la obligatoriedad de contar con atención a los consumidores de las estaciones que funcionan en régimen de autoservicio en horario diurno, esto es, no pueden estar completamente desatendidas en dicho horario, y exige que ofrezcan información suficiente a los usuarios sobre sus derechos y obligaciones. En lugar de ampararse en la laxitud de la normativa estatal, corresponde a las autoridades andaluzas aplicar la normativa autonómica vigente y reforzarla, si cabe, para aumentar la protección de los consumidores.
FACUA Andalucía considera que la Junta de Andalucía tiene competencias suficientes para garantizar que todos los usuarios acceden a un servicio esencial, como es el de abastecimiento de carburante, en condiciones de igualdad, haciendo cumplir el Decreto 537/2004.
Atentado contra la seguridad
La federación considera que estas estaciones de servicio, que no cuentan con ningún tipo de personal que atienda a los consumidores, suponen un auténtico atentado contra la seguridad, dado que la vigilancia de los establecimientos es nula, y por lo tanto, no hay capacidad alguna para intervenir en casos de incidentes o accidentes.
Asimismo, estas gasolineras no disponen de los medios de información, atención, reclamación y garantía de comprobación determinados por la legislación de protección al consumidor vigente. La ausencia de personal provoca, entre otras cosas, la imposibilidad de verificar que las cantidades de combustible surtidas son las adecuadas, que los surtidores funcionan correctamente, presentar una hoja de reclamaciones o incluso solicitar una factura.
Además, este tipo de establecimientos vulneran especialmente la protección a las personas con algún grado de minusvalía y dificultad física, dado que obligan a estos consumidores a tener que buscar alternativas de uso más allá de las que la lógica y la razón, en relación con la integración social, pudiera recomendar en función del ejercicio de sus derechos y libertades.
FACUA Andalucía reclama que el Gobierno andaluz vertebre la participación de las organizaciones de consumidores y usuarios en el desarrollo de las actuaciones que se lleven a cabo, tanto en relación a la modificación del Decreto como con las medidas de control para que la actividad de las gasolineras desatendidas se encuadre dentro de la lógica racional, tanto del respeto a la legislación como de los derechos económicos y sociales de la ciudadanía.