Hacienda detecta 7.700 piscinas irregulares en el Cinturón
El Catastro descubre 85.743 propiedades ilegales o con reformas sin declarar en Granada que subirán desde ahora el IBI de los propietarios. En ATARFE el 3,5 % de los inmuebles analizados fueron multados
ANTONIO SÁNCHEZ y JUANJO CERERO
La Dirección General del Catastro del Ministerio de Hacienda ha concluido recientemente una inspección de las propiedades de la provincia y ha detectado en su estudio 85.743 viviendas no registradas o con reformas sin declarar entre las destacan las más de 11.000 piscinas que no habían sido declaradas al fisco, de las cuales 7.700 se encuentra en el área metropolitana de Granada.
El objetivo de este concienzudo análisis que ha ejecutado el Catastro es normalizar el ‘status’ de estas propiedades y, de paso, aumentar a partir de ahora los ingresos de los ayuntamientos de la provincia. Por lo pronto, los granadinos que hayan sido cazados por Hacienda han tenido que abonar una tasa de regularización de 60 euros. Pero, además, el recibo del IBI se verá incrementado a partir de ahora. Aunque no afecta a todas las propiedades por igual y varía en función de las irregularidades detectadas, de las construcciones y de lo amplias o pequeñas que sean los inmuebles, la subida media estimada por el Catastro es de 150 euros anuales por vivienda. A ellos hay que sumar hasta 600 euros que se tendrían que abonar en el caso de que los ayuntamientos soliciten el dinero perdido en los últimos cuatro años, que son los que todavía no han prescrito, a razón de 150 euros por año.
En total, con esta regularización los ayuntamientos podrán ingresar hasta 60 millones de euros en toda la provincia si las áreas de Hacienda de cada consistorio reclaman los recibos de los últimos cuatro años. Almuñécar, por ejemplo, que es la localidad en la que más inmuebles se han pillado con alguna trampa (4.230), podría obtener hasta 2,5 millones de euros. La capital, que es el segundo de la provincia (4.036), se podría embolsar 2,4 millones. Y Motril, con 2.736 regularizaciones, tiene en su mano la posibilidad de recuperar 1,6 millones.
En paralelo, el incremento del valor catastral de las propiedades afectadas también incrementará otro impuesto municipal, la plusvalía, que se abona cuando se vende una vivienda o cuando se recibe por herencia o donación. Además, también condicionará el impuesto de Transmisiones Patrimoniales y el IRPF y se tendrá en cuenta para diferentes ayudas como el acceso a viviendas VPO o la obtención de becas de estudio.
En la provincia, la principal incidencia que ha encontrado el Catastro son las nuevas construcciones sin declarar. Hasta 45.361 propiedades, más de la mitad, han sido localizadas por los técnicos de esta dirección general, que además ha hallado que se han ejecutado 17.131 ampliaciones y rehabilitaciones en casas, pisos y terrenos rústicos y no se habían detallado al Catastro. Las otras dos causas que ha detectado Hacienda sin que se le hayan notificado son reformas y cambios de uso (12.021) y piscinas (11.229).
La Dirección General del Catastro ha rematado que esta iniciativa, desarrollada para perseguir el fraude fiscal, aspira a actualizar la descripción catastral de las propiedades. Sin embargo, no va más allá y no entra en otras cuestiones, como que las reformas o viviendas se hayan ejecutado sin el preceptivo permiso municipal.
Alerta
Lo que sí hace el Catastro con estas inspecciones que ha ejecutado por toda España es poner sobre aviso a los ayuntamientos de cada municipio, que con las irregularidades fiscales sobre la mesa podrán iniciar de oficio investigaciones para comprobar si únicamente se trata de una anomalía entre esa propiedad y el Catastro o se hizo alguna actuación urbanística sin permiso municipal. En este caso, el plazo de prescripción de la posible irregularidad es de seis años.
El Ministerio de Hacienda ha completado esta investigación, que ha durado cuatro años, a través de la comparación de las fotos que constan en sus registros con imágenes aéreas recientes (aviones, drones o satélite) para detectar posibles alteraciones. Por ello, desde Hacienda han remarcado que los 60 euros que se cobran como tasa son para cubrir los gastos de los servicios de inspección con visitas sobre el terreno, ortofotos y drones
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