¿Es posible acabar con el paro?
En estos días hemos sabido que el paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo, el antiguo Inem, bajó en 58.216 personas en el mes de marzo, hasta situarse en un total de 4.094.770 desempleados, lo que supone un 1,4% menos respecto al mes anterior. En los últimos doce meses, el paro acumula un descenso de 357.169 personas, con lo que el recorte interanual del desempleo se situaría así en el 8,02%. Muy buenas noticias si no fuera porque la tasa de desempleo en España es todavía de un 20’4 %, sólo superada en la eurozona por el dato de Grecia con un 24 %. De hecho, la tasa media de desempleo en la Unión, publicada por el Eurostat, es del 10’3 %, lo que nos muestra el abismo de nuestra situación con respecto al resto de Europa.
Además, si analizamos la tasa de cobertura del sistema de protección por desempleo comprobamos que ha bajado con respecto al año anterior hasta llegar al 54’7 %. Esto implica que casi la mitad de los parados no cobra ningún tipo de prestación. Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Empleo y Seguridad social, a finales de febrero 2.147.533 personas se beneficiaban de estas ayudas.
El gasto total en prestaciones para desempleados en febrero fue de 1.692,9 millones de euros, lo que supone una disminución del 10 % respecto febrero de 2015. Del total de beneficiarios, 967.842 personas cobraban el subsidio por desempleo; 807.843, una prestación contributiva; 232.408, la renta activa de inserción; 115.736, subsidios eventuales agrarios y 23.704 ciudadanos, la ayuda para parados de larga duración con cargas familiares que entró en funcionamiento a comienzos de 2015. Un último dato, la cuantía media bruta de la prestación contributiva percibida por beneficiario durante el mes de febrero fue tan sólo de 810’9 €.
También hemos visto como la mayoría de los ciudadanos calificaba al paro como el mayor problema de España según la encuesta que hemos publicado esta misma semana, por delante de cuestiones como la corrupción, el independentismo o el terrorismo.
En estos días un grupo de expertos economistas ha propuesto la supresión en España de los subsidios temporales de desempleo y su sustitución por trabajos sociales ilimitados en el tiempo y con los mismos importes que los subsidios, a cambio de desempeñar entre 20 y 25 horas semanales de labores semejantes las desarrolladas, antiguamente, por los objetores de conciencia.
Se trataría de acabar con el paro contratando a los más de cuatro millones de parados que cumplirían funciones dentro de la administración del Estado, sustituyendo a los contratados temporales y a buena parte de las nuevas convocatorias de plazas públicas. Además, parte de ese colectivo humano se destinaría a reactivar las políticas sociales como las de dependencia que han sufrido grandes recortes durante los años de la crisis. Las Ong´s y otras entidades sociales también podrían recibir el potencial humano de estos trabajadores como ya ocurría con la prestación social de los antiguos objetores de conciencia.
En sentido estricto se acabaría con el paro en España y se relanzarían las políticas sociales, aunque con un coste extra cercano a los 15.000 millones de euros, si bien afloraría buena parte de la economía sumergida y se descubriría si todos los desempleados censados están realmente sin trabajar, acabando con el fraude. Con todos estos datos sobre la mesa, hemos solicitado a 1.600 ciudadanos de distintas edades y procedencias que opinaran sobre esta revolucionaria idea.
Un pequeño 12’6 % de los ciudadanos pone en duda este informe, sobre todo porqué no ve cómo los desempleados podrán buscar un nuevo empleo adecuado a su trayectoria, si pasan tanto tiempo trabajando para el Estado.
Un alto 43’1 % de los encuestados opina que es una mala idea porque el subsidio de desempleo es un derecho y no se debe tener que trabajar para el Estado para poder cobrarlo.
Sin embargo, la mayoría, representada por un significativo 44’3 % de los entrevistados, afirma que es una gran idea que puede acabar con el paro y, a la vez, dar una respuesta a las necesidades sociales que se han visto abandonadas por la crisis.
Al hacer uso de las herramientas de segmentación en función del nivel de estudios de los encuestados se observa que los españoles con estudios hasta el bachillerato, la FP o similar defienden mayoritariamente que todo debe continuar igual porque el subsidio de desempleo es un derecho. En cambio, los ciudadanos con estudios universitarios, de postgrado o con un doctorado apoyan claramente la idea de terminar con el subsidio del paro y sustituirlo por trabajo remunerado a cuenta del Estado.
Igualmente, al dividir el conjunto de los resultados según el nivel de ingresos anuales de los encuestados, se puede ver que las personas que ganan menos de 25.000 € al año, prefieren seguir con el sistema actual de subsidios temporales y no tener que trabajar para el Estado. Sin embargo, los españoles con ingresos anuales por encima de los 25.000 € están a favor del nuevo sistema, donde al perder empleo serían contratados por el Estado sin límite de tiempo, pero sin posibilidad de defraudar y con unos trabajos destinados a recuperar los beneficios sociales para el conjunto de la ciudadanía.
Es evidente que la propuesta de este grupo de expertos economistas contiene elementos por desarrollar como la formación de los desempleados para desempeñar los nuevos trabajos para el Estado, la disposición de esas 20 ó 25 horas semanales y, sobre todo, la concrección de la cuantía económica del plan y las repercusiones que podría tener este plan en otras contrataciones del Estado y en las ofertas de empleo público.
La posibilidad de que no haya españoles en riesgo de pobreza, la reactivación de las políticas sociales, la recuperación del derecho fundamental a un trabajo para todos y acabar con parte del fraude y de la economía sumergida deberían ser suficientes acicates para que nuestros políticos tuvieran en cuenta estas ideas.