Las ocho provincias andaluzas tuvieron que pedir la autonomía después de que, como mínimo, la hubieran solicitado el 75% de sus respectivos Ayuntamientos que representaran, al menos, la mayoría absoluta del censo provincial.

Una vez conseguido esto, tenia que votarse en referéndum un sí a la autonomía que supusiera en cada provincia la mayoría absoluta de su respectivo censo*.

El gobierno se mostró contrario al sí del referéndum que se formalizó con una pregunta en la que no figuraban las palabras autonomía ni Andalucía y con unos censos sospechosamente inflados que, paradójicamente contabilizaron mas andaluces de los que luego integraron los de las elecciones de 1982, a pesar de que la población andaluza en edad de votar había aumentado, desde 1980, en 200.000 efectivos. 


¿Qué se decidía? Tan solo tener el mismo nivel de autonomía del que ya tenían los catalanes sin haber tenido que votar. 


¿Nos rebelamos los andaluces contra unas normas que claramente suponían una desigualdad de trato? No, lo que hicimos fue rebelarnos contra esa desigualdad, exigir igualdad, PERO SIGUIENDO LAS NORMAS CONSTITUCIONALES, es decir, preservando el estado de derecho.

*Como referencia: el Estatut de Cataluña de 2006 lo votó afirmativamente el 35,8% del censo y el 51’15% se abstuvo.

Del muro de  Mariate Caravaca De Juan

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