El desencuentro es el punto de partida. Los países de la UE llegan divididos al Consejo Europeo que tendrá este jueves y este viernes la migración entre sus temas centrales. Como telón de fondo, el rechazo de Italia a los buques de rescate de las ONG en el Mediterráneo, que ha reavivado en los últimos días el debate sobre la gestión de las llegadas de migrantes y refugiados en el seno de la Unión Europea.

En esta cumbre se espera que los dirigentes europeos aborden la reforma del sistema de asilo, una de sus asignaturas pendientes. Volverán a tratar el «control de las fronteras y las relaciones con los socios exteriores» y llegan, además, con dos propuestas encima de la mesa: la creación de «plataformas de desembarco» en suelo europeo y en los países del norte de África. Las migraciones compartirán protagonismo con otros asuntos, como las negociaciones del Brexit, las relaciones comerciales con Estados Unidos o la política monetaria.

La división ha marcado desde hace años el debate migratorio en la UE. Un total de 16 de los 28 Estados miembros trataron de acercar posturas en una reunión informal preparatoria el pasado domingo. Allí no estaba, sin embargo, el bloque más férreo que rechaza la acogida de refugiados, conformado por países como Hungría. La búsqueda de una «solución europea» ha sido uno de los lemas más repetidos en los últimos días, también a raíz del rechazo al barco Lifeline. Malta les ha permitido atracar tras seis días en el mar a cambio de que otros países acogieran a los solicitantes e asilo a bordo. Algunos como Portugal o Irlanda se han ofrecido.

Este jueves da comienzo un Consejo que muchos han calificado de «decisivo». Aquí van algunas claves para entender qué se va a discutir en la reunión de mandatarios europeos en Bruselas:

Las cifras: menos llegadas y solicitudes de asilo

«No es una emergencia migratoria, es una emergencia política porque, si nos atenemos a los datos, si existiera un plan global de la UE, las cifras serían manejables». Son palabras de William Lacy Swing, director de la Organización Internacional para las Migraciones. Los líderes se reúnen para buscar, dicen «soluciones a las presiones migratorias», pero, aunque las llegadas de migrantes y refugiados aumentaron en 2015, en la actualidad, el número de personas que arriban a las costas europeas es mucho menor.

Si en 2015 las cifras superaron el millón de personas, en 2017 apenas alcanzaron las 172.000 llegadas. Pero el Mediterráneo sigue siendo igual de mortífero: se ha tragado más de 16.000 vidas desde 2014.

Las peticiones de asilo en territorio comunitario también han descendido. Algo más de 700.000 personas solicitaron asilo en los países de la UE en 2017, casi la mitad que en 2016, según Eurostat. Algunas ONG especializadas atribuyen este descenso a que muchas de las personas que huyen se han quedado atrapadas en los países de origen y tránsito debido a las políticas europeas. Otra cifra estará en el ambiente estos días: el sonoro fracaso de los compromisos pactados por los países para reubicar a refugiados desde Grecia e Italia, cuyo plazo expiró el pasado septiembre. De los 160.000 refugiados que acordaron acoger, apenas han recibido a un 21%.

Un debate estancado

La falta de consenso entre los diferentes países miembros de la UE ha provocado que el debate sobre la reforma migratoria haya quedado pospuesto de forma sistemática de una cumbre a otra. Este atasco se ha visto agravado por el ascenso electoral de partidos políticos con un marcado discurso antiinmigración y xenófobo. El rechazo de algunos países a acoger cuotas de migrantes ha estancado la reforma del sistema de asilo común, pendiente desde hace más de dos años.

Las diferencias no solo son evidentes entre los diferentes Estados, sino también entre las propias instituciones comunitarias. En la cumbre de líderes celebrada el pasado diciembre, estas discrepancias quedaron patentes cuando la Comisión Europea y el Consejo chocaron por el futuro de las cuotas obligatorias para reubicar a refugiados: mientras la Comisión apostó por mantener la solidaridad entre países, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, las cuestionó. Con él se alinearon los países del llamado «grupo de Visegrado» (Hungría, Eslovaquia, República Checa y Polonia), que se han opuesto en varias ocasiones a este sistema de reparto.

El futuro de la política migratoria de la UE se iba a abordar en el Consejo Europeo del pasado diciembre pero, una vez más, no se logró un acuerdo. La falta de posiciones comunes se volvió a materializar durante la reunión del pasado 5 de junio, antes de que estallara la crisis del Aquarius, en la que de nuevo cada Estado miembro defendió sus propios intereses sin alcanzar un consenso en la creación de un sistema de reparto más solidario.

Los apoyos que se necesitarán para la reforma  no están claros. Tusk ha abogado por el «consenso» entre los países para encontrar un nuevo sistema migratorio. Por su parte, Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión, ha señalado que en caso de no llegar a un acuerdo «por consenso, no se excluye» aprobar la reforma por mayoría. Está por ver si se logra el acuerdo definitivo en este nuevo Consejo, pero a día de hoy, los avances no son muy alentadores.

Los protagonistas

La canciller alemana Angela Merkel ha sido una de las dirigentes que ha mostrado pocas esperanzas de que se logre un «acuerdo completo» de los Veintiocho en este Consejo, por lo que ha anunciado que buscará pactos bilaterales o entre varios socios. Merkel ha abogado por la «solidaridad» entre países, pero ya ha dicho que quiere frenar la «migración secundaria», por la que quienes llegan a las costas del sur de Europa se dirigen luego a Alemania y otros países del norte para pedir asilo. La canciller tiene que llegar a casa con acuerdos que le permitan salvar su Gobierno de coalición: su ministro de Interior y socio bávaro pide más mano dura con la inmigración.

Uno de los rostros más destacados será el del primer ministro italiano, Giuseppe Conte, que llegará al Consejo Europeo en pleno pulso a las ONG de rescate y con el lema de que «quien desembarca en Italia lo hace en Europa». A él se le une el primer ministro de Malta, Joseph Muscat, que acudirá tras abrir sus puertos de forma «excepcional» al barco Lifeline, después de lograr que varios países europeos acogieran a los solicitantes de asilo a bordo.

Otro de los protagonistas será Macrón, que, en plenas tensiones con Italia tras sus críticas al rechazo del Aquarius, defenderá su propuesta crear «centros cerrados» para concentrar a los migrantes que lleguen a Europa. Esta propuesta ha recibido el apoyo del presidente español Pedro Sánchez, que se estrenará en el Consejo tras atraer todos los focos con la decisión de ofrecer Valencia como puerto seguro para el buque Aquarius, que le sirve para defender una «solución conjunta» al fenómeno de la migración.

El primer ministro húngaro, el ultranacionalista Viktor Orbán aterrizará en Bruselas con una ley bajo el brazo que castiga con un año de cárcel la ayuda a migrantes y sin haber acogido a ningún refugiado. El canciller austríaco, el derechista Sebastian Kurz, participará poco antes de que Austria asuma la presidencia semestral de la UE. Ya ha avanzado que «la lucha contra la inmigración ilegal» será una de sus prioridades.

¿Qué se va a discutir?

La reforma del Reglamento de Dublín

Han sido unas de las palabras más pronunciadas en las últimas semanas por el ministro ultraderechista italiano, Matteo Salvini, para justificar su rechazo a los buques de ONG y, de paso, cerrar filas ante la inminente reunión de líderes europeos: el Reglamento de Dublín. También será una de las más repetidas este jueves y este viernes en la reunión de los mandatarios europeos.

Según el Reglamento de Dublín, el Estado miembro responsable de la acogida de un solicitante de asilo es el primer país donde hayan quedado registradas sus huellas dactilares, lo que deja la responsabilidad sobre Italia, Grecia y España debido a su posición geográfica y ha alimentado la idea de que estos países «están solos» ante la llegada de migrantes.

El fracaso de este sistema quedó en evidencia durante la llamada «crisis de refugiados» de 2015, cuando centenares de miles de migrantes abandonaban Grecia y continuaban su ruta hacia otros países del norte de Europa. Entonces, el debate sobre la reforma de la Convención de Dublín tomó fuerza y se trató de poner parches con las cuotas de refugiados, que terminaron fracasando.

El objetivo de la revisión del sistema, que también reclama el Parlamento europeo, es garantizar el reparto equitativo de los solicitantes de asilo dentro de la UE. Por ahora, los países siguen sin ponerse de acuerdo y la reforma permanece bloqueada. Aunque los dirigentes mostraron el pasado diciembre su voluntad de llegar a un acuerdo para este junio, como pidió la Comisión, 11 países, entre ellos España, Italia o Grecia, ya se han opuesto al primer borrador propuesto por Bulgaria, que ostenta la presidencia de turno de la UE.

Unos entienden que no establece los suficientes compromisos con los países receptores. Otros siguen oponiéndose porque prefieren no asumir mayores responsabilidades en la acogida.

¿Centros cerrados fuera o dentro de Europa?

La propuesta ha resonado fuerza desde que se filtrara hace una semana un borrador de documento para la cumbre. La idea de construir centros para clasificar a los migrantes en el norte de África estará sobre la mesa en las negociaciones de los líderes europeos. Esta propuesta ha sido impulsada por Austria, Dinamarca y Países Bajos y ya tiene entre sus valedores principales a Salvini, que ha planteado esta semana crear centros en la frontera sur de Libia.

La idea ha recibido las críticas de ONG, expertos y un grupo de eurodiputados, que denuncian lo que consideran una aplicación del «modelo australiano», en referencia a los centros en ultramar en los que este país confina a los solicitantes de asilo y que acumulan una lluvia de denuncias por los abusos perpetrados en su interior. Además, hay quienes apuntan a la «ilegalidad» de estos centros, sobre todo por las garantías del acceso al asilo, y consideran que no va a disuadir a quienes intentan cruzar el Mediterráneo en busca de una nueva vida.

Por su parte, Francia, Alemania y España defenderán la creación de «centros cerrados de desembarco» en «suelo europeo» desde donde se gestione la situación de los migrantes y se les reparta a los países de Europa en los casos donde se acepte su petición de asilo o refugio. Los planes inquieta a las ONG y hay quienes han entendido que se trata de construir grandes CIE a nivel europeo. Sánchez se ha desligado de estas críticas alegando que se refiere a la posibilidad de crear «puertos seguros».

Pero la propuesta de Macrón no del todo novedosa. Hace tres años, la UE creó los llamados ‘hotspots’ en Grecia e Italia para identificar a los recién llegados y organizar los trámites de las solicitudes de asilo. Sin embargo, las ONG critican que se han convertido, de facto, en centros de detención para refugiados y migrantes, mientras los países incumplen sus compromisos de acogida. En las islas griegas, miles de personas permanecen atrapadas a la espera de que se resuelva su solicitud de asilo.

La Comisión Europea también contempla ambas propuestas «para hacer frente a los rescates en el mar». «Se deben considerar las dos posibilidades, sin que una excluya a la otra». Esto se combinaría, defienden, con paquetes de retornos a los países de origen y «más esfuerzos» para trasladar a los refugiados a la UE.

Estrechar lazos con los terceros países para el control migratorio 

Dos ideas parecen unir a todos los líderes que acudirán este jueves a la cumbre: la de «reforzar las fronteras exteriores» de la UE y la de «colaborar» con los países de tránsito y origen para aumentar el control sobre los flujos migratorios. Es una de las estrategias seguidas por la UE en los últimos años para gestionar el fenómeno de las migraciones. En 2016, la Unión llegó a un polémico acuerdo con Turquía que redujo drásticamente las llegadas a Grecia y ha dejado a miles de personas confinadas en las islas.

Además, Italia ha llegado a acuerdos con Libia y la UE continúa apostando por el apoyo técnico y financiero a los agentes libios que patrullan las aguas del Mediterráneo y acumulan denuncias de vulneraciones de derechos humanos. Las ONG critican que este enfoque «subcontrata» la protección a las personas refugiadas a terceros países y las deja atrapadas allí.

Por otro lado, la Comisión no descarta que los líderes aumenten el dinero destinado a «detener la inmigración irregular» y pone como ejemplo el Fondo Fiduciario para África. Las ONG europeas han constatado que, a través de este mecanismo,  la UE está desviando fondos de cooperación al desarrollo al control migratorio.