Personal humanitario y civiles, nuevo objetivo de guerra

La infancia es, cada vez más, blanco de ataques deliberados en contextos de conflicto, desde secuestros, reclutamiento o agresiones sexuales hasta asesinatos. Así lo constata el informe Los niños y los conflictos armados, elaborado por Naciones Unidas. En 2016, las fuerzas gubernamentales habían cometido al menos 4.000 violaciones verificadas contra menores de edad, y los diversos grupos armados no estatales, más de 11.500. El año pasado esas cifras aumentaron a 6.000 y 15.000 respectivamente.

Cada 19 de agosto, con motivo de la celebración del Día Mundial de Asistencia Humanitaria, la ONU denuncia que la población civil es víctima de ataques deliberados o indiscriminados en guerras que nada tienen que ver con ellos, salvo la coincidencia geográfica. En 2017 la organización contabilizó más de 26.000 civiles asesinados o heridos en solo seis países en conflicto: 10.000 en Afganistán, más de 8.000 en Irak, unas 2.600 en Somalia y aproximadamente el mismo número en Yemen. En la República Centroafricana fueron más de 1.100 y casi 2.000 en la República Democrática del Congo.

Los niños y las mujeres, enfatiza el organismo, son especialmente vulnerables a la violencia. Lo mismo ocurre con los desplazados internos y los refugiados, que ya suman 65,6 millones. Por eso, su protección debe ser reforzada. Pero quienes se dedican a ayudarles en los momentos de necesidad tampoco están exentos de riesgo. Todo lo contrario: 139 trabajadores humanitarios fueron asesinados mientras realizaban su labor en 2017, un 23% más que el año anterior (107), según los datos que recopila anualmente el Aid Workers Security Report. A los fallecidos hay sumar a aquellos que resultaron heridos (102) y secuestrados (72). En total, 313 víctimas en 158 incidentes en 22 países.

Con el lema #NotATarget (#NoSonUnObjetivo, en español), la ONU repite el mensaje de la pasada edición de este día conmemorativo. Así exige el cese de las acciones violentas contra personas ajenas a las partes en conflicto que, aunque representan una violación del derecho internacional, no dejan de crecer. «Los ataques contra la población se han convertido en un arma de guerra. Se fuerzan movimientos de población hacia territorios de otros grupos, lo que supone más presión para ellos. Lo vemos en el sur de Siria: con ataques se empuja a la gente a huir y se genera tensión en las zonas a las que llegan, donde no pueden alimentarse y hospedarse», analiza Mónica Acosta, jefa de emergencias de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid).

«Los niños nunca son parte de los conflictos»

Hay seis violaciones graves que pueden sufrir los niños en contextos violentos: que les maten o sufran mutilaciones en un ataque, que les recluten para combatir, que les secuestren, que se destruya su escuela, que abusen sexualmente de ellos y que se deniegue el acceso humanitario a la ayuda médica y psicológica para atenderles. Sin dejar de considerar «inaceptables» cada una de ellas, Lorena Cobas, responsable de emergencias del comité español de Unicef, considera especialmente «alarmante» el uso de críos para cometer atentados suicidas. Es lo que hace Boko Haram en Nigeria. «¡Los secuestran y obligan a cometer ataques contra la población civil!», se indigna la experta. Esta práctica, que concita varias de las agresiones arriba descritas, es la causa de más de la mitad de todas las bajas infantiles verificadas por la ONU en el país africano.

«Los niños nunca son parte de los conflictos», recuerda Cobas. Aunque, muchas veces, son forzados a serlo. El año pasado, el reclutamiento y utilización de niños soldado se multiplicó por cuatro en la República Centroafricana (299) y por dos en la República Democrática del Congo (1.049) con respecto a 2016. En otros países, subraya el informe de la ONU, «se mantuvo un nivel alarmante», como en la República Árabe Siria (961), Somalia (2.127), Sudán del Sur (1.221) y Yemen (842).

Mientras que normalmente son los chicos quienes son obligados a matar y arriesgar su vida en la contienda, las niñas están en mayor riesgo de ser violadas o forzadas a casarse. Es el caso de Faiza, una adolescente de República Democrática del Congo. Cuando tenía 15 años, su aldea fue atacada y ella capturada, violada y obligada a casarse con su agresor. Durante dos años estuvo cautiva, quedó embarazada y tuvo una niña. «Mi vida se convirtió en una pesadilla, llena de problemas y de enfermedades. Sufrí mucho y en ocasiones pensé en quitarme la vida», relató a la organización World Vision. Cuando tuvo oportunidad de huir, según el testimonio recogido por la ONG, dejó a su bebé y cruzó tres países para llegar a un campamento de refugiados en Kenia.

Se perpetran agresiones sexuales en público o en presencia de seres queridos de las víctimas con el fin de aterrorizar a las comunidades, denuncia la ONU

El impacto de todas estas experiencias y agresiones tiene consecuencias a largo plazo, advierte Cobas. «Esto puede suponer generaciones perdidas en los países donde los niños están sufriendo la violencia». En este sentido, señala, la atención médica y psicosocial es fundamental. También lo es que puedan continuar su formación, lo que que normaliza su vida diaria y les garantiza un futuro mejor. Sin embargo, la destrucción de instalaciones sanitarias y educativas es, como señalaba Acosta, un arma de guerra cada vez más común. Un ejemplo: a raíz del brote de violencia surgido en la región de Kasai, el número de ataques a escuelas y hospitales ocurridos en la República Democrática del Congo en 2017 se multiplicó por casi ocho (515 casos), según datos de la ONU.

Las mujeres, campo de batalla

La periodista congoleña Caddy Adzuba ha sido una de las activistas que mayores esfuerzos ha puesto en explicar que los cuerpos de las mujeres han sido, son y serán (si no se remedia) un campo de batalla en las contiendas. Hace 10 años, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una resolución que le daba la razón, reconocía este problema e instaba a ponerle fin. Una década después, el último estudio al respecto del organismo, que analiza los datos disponibles de 2017, constata que «la violencia sexual se siguió empleando como táctica de guerra, terrorismo, tortura y represión». Y describe: «En todas las regiones se han perpetrado agresiones en público o en presencia de seres queridos de las víctimas con el fin de aterrorizar a las comunidades y fragmentar a las familias mediante la violación de tabúes, dando a entender que nada es sagrado y nadie debe sentirse seguro».

La envergadura real del problema se desconoce porque la mayoría de mujeres, coinciden los expertos, optan por no denunciar para evitar el estigma. Eso, si no se quedan embarazadas, algo considerado una deshonra en muchas culturas y motivo suficiente para que sean repudiadas. Las víctimas y sus comunidades necesitan apoyo psicosocial, subraya Acosta. Y no solo en los casos de violación. La responsable de emergencias de la Aecid recuerda el caso de una refugiada siria en Jordania cuyo marido, traumatizado por los horrores de la guerra, «la tomaba con ella». Ambas se conocieron el pasado junio, precisamente en un centro de apoyo a víctimas de violencia de género gestionado por Alianza por la Solidaridad al que la mujer había acudido en busca de ayuda profesional para lidiar con los ataques violentos de su esposo.

«Aumenta la violencia de género; sobre todo en entre la población desplazada y refugiada, porque los hombres están frustrados y se descargan con las mujeres», resume Acosta. En otros casos, continúa la experta, «se ven abocadas a la prostitución en busca de sustento, sobre todo las que son cabeza de familia».

Salvar vidas, arriesgar la propia

Todos los años de los últimos diez, salvo alguna excepción, han aumentado el número de trabajadores humanitarios asesinados o heridos por ataques deliberados. Las 313 víctimas de 2017 son un 42,3% más que las 220 de 2007, según los registros de la Aid Work Security Database. Los datos reflejan la mayor dificultad que enfrentan quienes dedican a ayudar a otros en contextos de conflicto, pese a que su labor es cada vez más necesaria. La ONU estima que este año 136 millones de personas necesitarán asistencia urgente para sobrevivir.

Anna Nieto, responsable del Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU para cooperación con ONG en Yemen, conoce bien los obstáculos. «Tenemos muchas dificultades para salir a terreno, debido a la falta de permisos para poder viajar y al hecho de que el país está controlado por partes en conflicto distintas. Un ejemplo: hasta el mes pasado, para poder ir al sur, teníamos que salir del país, ir a África (Yibuti) y entrar otra vez a Yemen por aire o por mar. Poder salir a terreno es esencial para mantener la perspectiva de la situación humanitaria», detalla.

Su primera salida en Yemen era ya un aviso de lo que le esperaba. «Cuando me destinaron a cubrir el puesto de jefa de delegación, al día siguiente mis colegas organizaron una visita a unos hospitales y puntos de distribución de alimentos en zonas rurales. Nunca llegamos a esos sitios porque nuestros vehículos fueron detenidos en el primer punto de control antes de salir de la ciudad. Por lo visto ¡las autoridades no estaban de acuerdo en que no les hubiera ido a visitar antes de salir de misión!»

La movilidad no es su único problema. «Mi trabajo consiste en gestionar la relación con las ONG con las que trabaja el PMA. Sin ellos no podríamos facilitar alimentos a casi ocho millones de personas al mes», destaca Nieto. Sin embargo, a veces se encuentra que las organizaciones con las que trabaja han sido obligadas a cerrar sus oficinas por una parte en conflicto que acaba de controlar el territorio e impone otras ONG más afines políticamente. «Hay mucha desinformación y tenemos que programar en función de varios escenarios posibles, cambiar el tipo de asistencia, preposicionar alimentos…».

Para llevar a cabo su labor con seguridad, los actores humanitarios insisten en la importancia de negociar su presencia y labor con las comunidades, autoridades, grupos… Ganarse su confianza. «No es realista pensar que podemos llegar a un país y hacer lo que creemos que tenemos que hacer, aunque sea con las mejores intenciones. Es un poco paradójico, especialmente en contextos con grandes necesidades como en Yemen, pero la ayuda humanitaria no siempre es bienvenida», asegura Nieto.

El personal expatriado de las organizaciones cuenta, además, con fuertes protocolos de seguridad que contemplan desde el toque de queda hasta la evacuación. Los trabajadores locales, sin embargo, están más expuestos al riesgo. De los 313 cooperantes víctimas de ataques en 2017, 285 eran de los países donde se produjeron. A todos ellos, se les rinde homenaje cada 19 de agosto, aniversario del atentado en 2003 contra la sede de la ONU en Bagdad, en el Hotel Canal, en el que fallecieron 22 trabajadores de la organización.

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