Subasta de medicamentos en Andalucía: la Junta da marcha atrás

El Gobierno andaluz ha estado haciendo cuentas y ha resuelto mantener la llamada subasta de medicamentos. Este proceso de selección de fármacos, cuya «reversión» era parte del acuerdo del actual Gobierno firmado por PP y Ciudadanos en enero de 2019, es el que ha estado vigente desde 2012 tras ponerlo en marcha el Gobierno del PSOE.

Y, aunque no ha convocado más licitaciones desde su constitución, la Junta ha decidido aprobar una reforma de la Ley de Farmacia de Andalucía de 2007 por la que mantiene un sistema semejante de selección de fármacos, coincidiendo con el fin del suministro de la decimocuarta y última licitación del sistema de subasta anterior.

Pese a las críticas de la industria y de los colegios farmacéuticos, que aluden a las promesas electorales y al citado acuerdo de Gobierno entre PP y Cs, la Junta opta por un modelo de dispensación de fármacos que, como el anterior, está ideado para reducir el gasto y aumentar los ingresos.

De modo resumido, el sistema de selección o subasta de medicamentos consiste en un procedimiento público de adquisición de fármacos basado en una puja previa a la que se someten los laboratorios farmacéuticos que aspiran a un contrato. De ese modo, las empresas que se presentan a la subasta se postulan a la Administración para proveer un determinado medicamento propuesto.

Cuando el médico receta al paciente el principio activo de uno de estos medicamentos propuestos en la subasta, el farmacéutico está obligado a dispensar el genérico que suministra el laboratorio firmante del convenio con la Administración después de haber ganado la subasta.

Reducción de la factura farmacéutica

Mediante este sistema de subasta, la Junta ha reducido la factura que abona anualmente a las oficinas de farmacia en concepto de medicamentos con precio público. La minoración del gasto ha sido de centenares de millones de euros desde 2012. Así, si el presupuesto del SAS dedicado a abonar las recetas farmacéuticas contempló un gasto de 2.012 millones en 2010 –año en que aún no estaba funcionando este modelo–, el gasto en 2018 fue de 1.782 millones (230 millones menos). En 2015, el gasto incluido en este presupuesto fue de 545 millones menos comparado con lo contemplado en 2010.

En cuanto a los ingresos, los convenios que la Junta de Andalucía ha suscrito anualmente con las empresas farmacéuticas le ha reportado unos ingresos de 560 millones de euros entre 2012 y 2017, según los datos del informe de revisión de gasto publicado en 2019 por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef). Esos ingresos suponen un promedio anual de unos 93 millones de euros.Entre gastos cesantes e ingresos añadidos, la Junta de Andalucía puede beneficiarse de no menos de 300 millones al año.

La continuidad del modelo de una subasta pública de medicamentos, aunque reformado, ha sido planteada por la Junta mediante una enmienda de PP y Cs en la Ley del Presupuesto de 2021. Desde el estudio de revisión de gasto de la Airef de 2019, la Administración andaluza ha estado estudiando el cambio normativo con el propósito, ha señalado la Consejería de Salud en los últimos meses, de mitigar los «problemas de desabastecimiento» de fármacos en las boticas y ampliando la «libertad de prescripción» del facultativo.

Acuerdo del Gobierno PP-Cs

Sin embargo, la novedad no ha sido bien recibida ni por la industria ni por los farmacéuticos. Tanto la Confederación Empresarial de Oficinas de Farmacia como el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos han expresado quejas en los últimos días por la reforma legislativa que, si bien modifica «el actual modelo de subasta de medicamento», según incluía el punto 59 del documento de medidas para un nuevo Gobierno en Andalucía, no «revierte» su espíritu.

La Junta deja patente así que, en tiempos de escasez de ingresos a causa de la crisis del coronavirus, no renunciará a las millonarias cantidades que engrosarán las arcas públicas con el modelo de subasta. Es lo que señala la justificación de la modificación de la Ley de Farmacia por la que formaliza el establecimiento de un nuevo procedimiento de selección de fármacos que, aunque no cuantifica la repercusión de la medida, subraya el «incremento de ingresos que impactará de manera determinante en el presupuesto» derivado de los futuros convenios con los laboratorios que suministren los fármacos.