Un estudio europeo propone una manera diferente de gravar los beneficios de las energéticas para ingresar 80.000 millones de euros

En enero, mientras Rusia acumulaba tropas en la frontera de Ucrania y cada vez se hacía más evidente que se avecinaba un conflicto, la acción de la empresa de hidrocarburos Shell pasó a valer un 14,5% más en el mercado pasando de 1.700 libras esterlinas a 1.950.

El motivo fue que el precio del gas y el petróleo no dejaban de subir, tras meses de recortes rusos del suministro. Antes de la invasión rusa de Ucrania, los inversores ya podían pronosticar que, si esta se producía, Shell sería una beneficiaria.

Con la acción de la británica BP ocurrió lo mismo: entre el 1 de enero y el 1 de febrero, aumentó un 19% más, pasando de 330 libras a 393. Entre el 4 de enero y el 1 de junio, las acciones de Shell y BP se revalorizaron un 38% y un 30%, respectivamente.

De este hecho ha partido un grupo de cuatro investigadores para realizar el estudio A Modern Excess Profit Tax, publicado en septiembre, y que propone una manera diferente de gravar los beneficios de las empresas energéticas.

Los investigadores se han basado en dos principios. El primero, que las energéticas pueden esquivar parte del impacto del impuesto extraordinario que ha propuesto la Comisión Europea ocultando los beneficios en los libros contables, desviándolos, por ejemplo, a paraísos fiscales.

80.000 millones de euros, frente a los 25.000 de la actual propuesta de la Comisión Europea

En segundo lugar, la capitalización bursátil incluye un porcentaje de la actividad de la compañía energética, incluyendo la extracción de gas y petróleo. Los investigadores calculan que esta iniciativa podría suponer un ingreso de 80.000 millones de euros, frente a los 25.000 de la actual propuesta de la Comisión Europea.

Por tanto, el grupo de investigadores propone que las grandes energéticas que tengan toda su actividad en la Unión Europea se les aplique un impuesto sobre el 100% del aumento de la capitalización bursátil desde el 1 de enero de 2022.

En el caso de las empresas como Shell o BP, que tienen sede fuera de la UE, se asignaría un porcentaje en base a las ventas realizadas en la Unión Europea.

Los académicos han propuesto para sus estimaciones el mismo porcentaje que propone la Comisión Europea: un 33%. Es decir, si una empresa británica tuviera el 5% de sus ventas globales en Francia, se gravaría el 33% sobre ese porcentaje.

Si la capitalización de esta compañía aumentara en 100.000 millones de euros, las autoridades entenderían que el 5% de esa cantidad (5.000 millones) habrían sido resultado de las ventas en territorio francés, y se aplicaría un impuesto del 33%.

Esta fórmula, aplicada al tejido empresarial energético europeo actual, llevaría a la Comisión Europea a ingresar unos 80.000 millones de euros, según señalan los investigadores.

Otra ventaja, según los autores del estudio, sería la facilidad de la recaudación, ya que podría ser ingresado por las bolsas de cada país, que cobran actualmente tarifas a estas compañías.

Definir prioridades

Sin embargo, los investigadores mencionan que hay que “definir prioridades” en la norma, ya que no todas las energéticas se han visto beneficiadas por este hecho. Además, creen que el riesgo de doble imposición de esta iniciativa se reduce, ya que al disminuir de manera global los beneficios de las compañías, también lo hace en consonancia con la base impositiva sobre la que estas tributan.

Si, por ejemplo, se da prioridad a los países en los que se venden los bienes y servicios, los territorios en los que se encuentran las sedes se limitaría a recaudar las ventas dentro del territorio o incluso también las ventas en países terceros que estos optan por no recaudar.

Al profesor Antonio Sanabria, que imparte Economía Aplicada en la Universidad Complutense, esta solución no le convence. «El hecho de que las acciones suban no quiere decir que esa empresa tenga más capacidad de pago. La capitalización bursátil sube ante las expectativas de crecimiento, antes de que se produzcan los ingresos esperados. No hace falta que sea real, solo su percepción», ha explicado.

Es decir, si Rusia no hubiera invadido Ucrania, en una empresa como Shell, su capitalización bursátil se habría desplomado y no habría beneficios, pero el impuesto se habría aplicado.

El hecho de que la capitalización bursátil esté condicionada fundamentalmente por las expectativas que los inversores tienen sobre los rendimientos futuros de una compañía hacen que este impuesto no sea preciso, ha explicado el catedrático Serrano.

«Hay compañías que tienen mucha capitalización, pero que no tienen grandes beneficios, y viceversa. Si estamos hablando de un impuesto sobre beneficios extraordinarios, hay que definir qué son esos beneficios, porque sino, nos empezamos a desviar. Aunque igual es que hay que ir por ahí. Igual es tan difícil definir qué es un beneficio extraordinario que lo más sencillo es añadir un recargo al impuesto de sociedades. Estamos en una fase de propuesta», ha añadido Serrano.