Analizar y corregir las decisiones educativas
El bilingüismo en inglés es una de las iniciativas educativas que prueban cómo se toman muchas veces las decisiones en educación: por intuición y sin dedicar el tiempo y los esfuerzos necesarios para comprobar los efectos de una medida.
Los programas bilingües que existen, con grados muy variables de expansión en todas las comunidades autónomas, empezaron a ponerse en marcha a principios de este siglo con el objetivo principal de elevar el nivel de manejo del idioma entre la población española, en el que tradicionalmente ha flaqueado.
A lo largo de los años, la comunidad educativa ha criticado cuestiones como la falta de análisis sobre los efectos que ello estaba produciendo en el aprendizaje —propaganda de algunas administraciones educativas aparte—, y han advertido de problemas como la pérdida de profundidad en los conocimientos que adquiere el alumnado en determinadas materias, la falta de nivel exigido al profesorado como requisito para poder dar las clases en inglés, o la segregación que se producía por el hecho de que las familias que carecían de medios para pagar extraescolares en inglés evitaban llevar a sus hijos a los programas bilingües por miedo a que no pudieran seguir el ritmo y fracasaran.
Un reciente estudio publicado por investigadores de la Universidad de Córdoba ha añadido otro pero: tras analizar dónde se ubican los centros que han optado (es una decisión voluntaria) por sumarse al programa bilingüe han concluido que estos se concentran mucho más en los barrios acomodados y en centros concertados que en escuelas públicas y en zonas de clase trabajadora o económicamente deprimidas. Es decir, que un programa planteado en su día, en parte, para compensar la falta de conocimiento de inglés del alumnado menos favorecidos ha acabado beneficiando sobre todo a la clase media alta y a clase alta. Y los centros a los que asisten estos estudiantes son los que han absorbido la mayor parte de los recursos adicionales puestos sobre la mesa por la Junta de Andalucía para financiar el programa.
Una de las cosas sorprendentes, comentaba uno de los autores, Alberto Álvarez-Sotomayor, es que la propia administración autonómica no hubiera reparado en ello, o habiéndolo hecho no hubiera tomado medidas para corregirlo, casi dos décadas después de aprobar la normativa del programa.
EDUCACIÓN EL PAIS
foto: Un colegio público de Sevilla. / PACO PUENTES