Cerco a las escuelas gueto

La ponencia del Congreso que tramita la nueva ley educativa, la Lomloe, aprobó este miércoles las enmiendas presentadas conjuntamente por el grupo socialista y el de Unidas Podemos, así como las pactadas por estos con otros grupos, para reforzar la equidad educativa. Ello, sumado a las previsiones que contenía el proyecto del Gobierno, confirma un salto normativo que busca, entre otros objetivos, frenar la proliferación de centros educativos públicos convertidos en guetos.

Gran parte de los cambios van dirigidos a mejorar la distribución del alumnado vulnerable entre las redes pública y la concertada. Pese a estar financiadas ambas por la Administración, la escuela pública, donde está matriculado el 67% del alumnado, acoge al 79% de los estudiantes inmigrantes y a nueve de cada 10 chavales de los hogares con menor renta. Fuentes de los grupos parlamentarios socialistas y de Podemos afirman que, si bien una parte de la concertada acoge sin reservas a alumnos de familias desfavorecidas, hay otra que recurre a estrategias para evitarlos. Estos son los principales cambios que introduce el texto, que el Gobierno quiere ver transformado en ley antes de fin de año.

Primar el centro más cercano. La norma establece como “criterios prioritarios” en el proceso de admisión de un alumno cuando haya más peticiones que plazas en un centro, la existencia de hermanos en el mismo, la proximidad al domicilio o lugar de trabajo de los padres y la renta per cápita familiar. El texto contempla más factores, pero estos deben ser los principales, algo que no ocurre ahora. El de proximidad al domicilio será, además, el único que pueda representar más del 30% de la puntuación que establezcan las comunidades. Se pretende evitar que por medio de la figura del distrito único unos centros reciban muchas más solicitudes que otras y, al existir un amplio número de criterios con valor similar, los colegios seleccionen al alumnado.

Admisión supervisada. El texto refuerza el papel de las comisiones de escolarización, que las comunidades deben crear para dirimir los casos en que existen más peticiones que plazas en un centro. Estas oficinas, integradas por representantes de las consejerías, el Ayuntamiento, las familias, el profesorado, los centros públicos y concertados y, según los casos, también el alumnado, deben “supervisar” el cumplimiento de las normas de admisión y “especialmente las relativas a evitar la segregación del alumnado por motivos socioeconómicos”. “Particularmente”, añade, “velarán por la presencia equilibrada del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo o que se encuentre en situación socioeconómica desfavorecida entre los centros sostenidos con fondos públicos de su ámbito de actuación”.

Más transparencia. Las solicitudes para ser admitido en un centro podrán ser presentadas en el colegio, pero también ante la Administración educativa y la comisión de garantías de admisión. Con ello se busca dar más transparencia al proceso y reducir el margen de los colegios para elegir a los alumnos.

Atención específica a la vulnerabilidad. El texto amplía la idea de alumnado con necesidades educativas especiales. Además de los estudiantes con discapacidad, se incluye también a aquellos que presenten un “desconocimiento grave de la lengua de aprendizaje” o que estén “en situación de vulnerabilidad socioeducativa”. Y señala que las Administraciones deberán “asegurar los recursos necesarios” para que puedan alcanzar los objetivos educativos.

Fijación de porcentajes. Las Administraciones educativas autonómicas “dispondrán las medidas necesarias para evitar la segregación del alumnado por razones socioeconómicas o de otra naturaleza”, y para ello “establecerán una proporción equilibrada del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que deba ser escolarizado en cada uno de los centros públicos y privados concertados”, recoge ahora el proyecto de ley. El mandato, pensado para combatir las escuelas gueto (según la definición de Save the children, aquellas donde más de la mitad del alumnado vive en hogares de bajos ingresos), no establece el porcentaje máximo o mínimo de este tipo de estudiantes en los centros. Fuentes parlamentarias argumentan que es mejor dejar la cuestión en manos de las comunidades para que los adapten a la realidad social de los centros. Lo que hará la ley, si es aprobada, será dar un paraguas jurídico a las autoridades educativas autonómicas para que establezcan las proporciones del alumnado con necesidades especiales que deben tener como mínimo o que no pueden superar las escuelas y los institutos.

Repartir la matrícula viva. Uno de los elementos que contribuye a la segregación escolar es la matrícula viva: los estudiantes que se incorporan a un centro con el curso ya empezado y con frecuencia pertenecen a familias migrantes. Ahora, la mayoría son matriculados en colegios e institutos públicos de barrios humildes, donde los alquileres suelen ser más bajos, que no dan por cerrada la matrícula al término del periodo habitual de escolarización. La nueva redacción establece que la matrícula de los centros “públicos y privados concertados” podrá ampliarse un 10%, aunque ya hubieran llegado al número máximo, cuando sea necesario acoger a estos alumnos. Corresponderá a las consejerías o a las oficinas de escolarización decidir en qué centro son matriculados.

La segregación por sexos, sin concierto. Una enmienda aprobada por socialistas y Podemos establece que los centros sostenidos con fondos públicos “desarrollarán el principio de coeducación en todas las etapas educativas y no separarán al alumnado por su género”.

Veto a las extraescolares intempestivas. Las actividades complementarias estables “no podrán formar parte del horario escolar del centro”. El objetivo es desterrar la práctica de algunos concertados de poner a primera hora, por ejemplo, una actividad extraescolar de pago, empujando a los padres a contratarla, llevar a sus hijos más tarde al colegio o cambiar de centro. La fijación del horario escolar es competencia de las comunidades.