Casi 600 familias investigadas en los últimos seis cursos
Pese a la reducción de alumnos se mantienen los problemas en la fase de escolarización.El fraude en el proceso de escolarización es un problema enquistado dentro del sistema.
Pese a la informatización de los trámites, el celo de los centros educativos y la información a los padres de las nefastas consecuencias que puede tener -el alumno se queda con cero puntos en el baremo-, no se ha conseguido atajar esta práctica, que ha obligado a la Policía Autonómica a investigar a cerca de 600 familias en los últimos seis años.
La Consejería de Educación dio un paso clave para acabar con esta práctica al cambiar la baremación que otorga la puntuación con la que se determina el acceso a los centros educativos. También ayudó colocar a los padres en el papel de investigadores, ya que son las familias que, normalmente, se quedan fuera del centro elegido en primera opción las que levantan la ‘liebre’ al interponer una denuncia ante Educación, que a su vez la tramita en dirección a la Policía Autonómica.
Por último, el descenso en los datos de la natalidad -si en 2010 nacieron 9.400 criaturas en la provincia, el pasado 2015 se registraron 8.597 nacimientos en Granada, datos del Instituto Nacional de Estadística – tampoco ha servido para poner coto al fraude. Hay menos niños -este curso hay matriculados 406 alumnos menos en las etapas obligatorias, Primaria y ESO, que el pasado año académico- pero se mantiene la práctica de intentar engañar a la Administración.
En los últimos seis años se han constatado unos 190 casos de fraude. Buena parte de ellos se registraron en centros concertados -que han defendido con insistencia la transparencia del sistema y el papel que ejercen al informar a los padres de lo perjudicial que puede ser intentar defraudar-, en la capital de la provincia -donde se escolariza parte del alumnado del Área Metropolitana- y, sobre todo, en las etapas de segundo ciclo de Infantil y Educación Secundaria, según la información facilitada en cursos anteriores por la Delegación Educación.
El origen del problema está en el descuadre entre la oferta de plazas y la demanda de los padres en determinados centros. Las familias que estiman que pueden quedarse fuera -se han dado casos de niños que han perdido la plaza pese a tener puntuación suficiente para entrar sin tener que recurrir al fraude- recurren a aportar la dirección de familiares para conseguir más puntuación. Esa práctica perjudica a otras familias que también optan a entrar y, de hecho, son las primeras interesadas en que se descubran los casos de fraude.
