Condenan al arquitecto de Atarfe a cárcel e inhabilitación por irregularidades urbanísticas
La condena se basa en ciertas ilegalidades en la construcción de un residencial para la tercera edad, y ha absuelto al promotor y al secretario municipal
La Audiencia de Granada ha condenado a seis meses de cárcel y a siete años de inhabilitación para su cargo al exarquitecto del Ayuntamiento de Atarfe (Granada), Luis Gustavo G.C., por ilegalidades en la construcción de un residencial para la tercera edad, y ha absuelto al promotor y al secretario municipal.
La sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia de Granada, a la que ha tenido acceso Efe, ha absuelto al que era secretario municipal de Atarfe, José Antonio L.G., de los delitos de prevaricación ordinaria y urbanística y malversación de fondos, y al constructor Francisco E.E. de un delito contra la ordenación del territorio y otro de estafa.
La Audiencia también ha absuelto al que era arquitecto municipal Luis Gustavo G.C. de los delitos de prevaricación ordinaria y estafa, pero lo ha condenado a seis meses de prisión y siete años de inhabilitación por un delito contra la ordenación del territorio.
La causa, que se juzgó el pasado febrero, analizó las irregularidades de la construcción de una zona residencial para ancianos de Atarfe por cuya tramitación la Fiscalía solicitó 42 meses de cárcel y 22 años de inhabilitación para el exalcalde Víctor Sánchez (PSOE), que no fue juzgado por problemas de salud.
Los hechos se remontan a 1997 cuando el secretario, el arquitecto y Víctor Sánchez autorizaron construir el residencial en una parcela de más de 6.410 metros cuadrados de titularidad pública y destinada a equipamiento asistencial según las Normas Subsidiarias (NNSS) vigentes en el planeamiento de Atarfe.
En esa parcela se edificó el proyecto residencial La Estrella, formado por 116 viviendas destinadas a la tercera edad en suelo público que se vendieron como apartamentos libres.
El propietario de esta promotora y ahora absuelto presentó un proyecto básico para la ejecución de la residencia para obtener la licencia, aunque su «patente finalidad» según el escrito de la Fiscalía era la venta privada, un proyecto que además superaba la edificabilidad en más de 1.300 metros cuadrados.
Vendió las viviendas carentes de la finalidad de atender a mayores, en un residencial que no cumplía sus fines, y para el que Sánchez aprobó las licencias de primera ocupación en 2004 y 2006 a pesar de que conocía que presentaban irregularidades.
La Fiscalía calificó los hechos como un delito de prevaricación ordinaria, dos de prevaricación urbanística, un delito de malversación, otro contra la ordenación del territorio y un último de estafa.
Durante las cuestiones previas del juicio, la Fiscalía retiró la imputación por un delito contra la ordenación del territorio al secretario municipal y al arquitecto del Ayuntamiento, aunque lo mantuvo contra el ausente exalcalde Víctor Sánchez.
La sentencia, contra la que cabe recurso, condena así únicamente al arquitecto municipal en el momento de los hechos, que durante el juicio aseguró que el proyecto tenía como finalidad un residencial y que se realizó un informe de compatibilidades para garantizar los fines asistenciales de la promoción.
