La ley francesa ha vuelto a encender el debate sobre la prostitución y si esta debe regularse o abolirse. Suecia y Francia apuestan por un nuevo modelo de abolicionismo, que en vez de penalizar a las prostitutas —a las que considera víctimas que no ejercen libremente— pretende acabar con el comercio sexual estrechando el cerco sobre los clientes; es decir, si no hay demanda, no habrá oferta. En el lado opuesto están las corrientes legalistas, que sostienen que el sexual es un trabajo que puede ejercerse de manera libre y que apuestan por regularlo; como Holanda, donde las trabajadoras del sexo pagan impuestos y obtienen prestaciones sociales, Dinamarca o Alemania.
En los últimos tiempos, es el llamado modelo sueco —o nórdico, ya que los primeros en copiarlo fueron algunos de sus vecinos del norte— el que está cobrando fuerza. Tras Suecia, la criminalización de los clientes de la prostitución se ha aprobado en Islandia, Canadá, Singapur, Sudáfrica, Corea del Sur, Irlanda del Norte (desde 2015) y Francia. También en Noruega, con el añadido de que ese país también persigue a aquellos que hacen turismo sexual. Además, el Parlamento Europeo instó en 2014 a los Estados miembros a adoptar fórmulas similares y Bélgica, Irlanda y Escocia debaten actualmente proyectos de ley basados en el nuevo abolicionismo. Otros países, como Finlandia, han apostado por un sistema híbrido: castigan la compra de servicios sexuales, pero solo si la prostituta es víctima de las redes de trata.
Un vínculo, el de la prostitución con la esclavitud sexual que, según los partidarios del nuevo abolicionismo, es prácticamente indivisible. Los que defienden el modelo nórdico afirman que quien vende su cuerpo nunca lo hace libremente. Que o lo elige, sino que se ve obligada a ello. Bien por las redes de trata o explotación sexual o bien empujada por la pobreza u otro tipo de desigualdad.
“La ley se basa en que es vergonzoso e inaceptable que, en una sociedad con igualdad de género, los hombres obtengan relaciones sexuales casuales con mujeres a cambio de dinero”, afirma Kajsa Wahlberg, directora de la unidad sobre temas de trata de la policía sueca, quien incide en que su ley envió una “señal” importante a otros países. Hoy, este nuevo abolicionismo se ha convertido en una parte importantísima de la política exterior sueca. Una ‘marca’ del país. “La prostitución produce un grave daño, tanto a los individuos como a la sociedad”, argumenta la detective, que remarca que quien paga por sexo no solo atenta contra la dignidad de las mujeres, sino que también está contribuyendo a que esa arquitectura criminal prolifere.
Dos mujeres en un escaparate del barrio rojo de Ámsterdam en 2015. Horacio Villalobos Corbis
Wahlberg asegura que la ley ha funcionado: diez años después de que entrara en vigor, el número de compradores de sexo había descendido del 13,6% a menos del 8% de la población, según datos del Instituto Sueco. “La norma tiene un objetivo disuasorio sobre los potenciales compradores de sexo. También ha servido para reducir el interés de diversos grupos o individuos de establecer actividades organizadas de prostitución en Suecia”, añade. Desde que entró en vigor, unas 6.600 personas —todos, salvo contadísimas excepciones, hombres— han sido detenidas por comprar sexo o intentar hacerlo. De ellos, aproximadamente la mitad han sido condenados (aunque aún no están disponibles los datos de sentencias de 2015). Eso sí, ninguno ha entrado en prisión. Para esquivar las rejas han pagado una multa de al menos un tercio de sus ingresos diarios durante dos meses.
Y esa, la falta de condenas graves es una de las principales críticas a la ley que, según las estadísticas, tiene una gran aceptación social en el país. Otra es que, en realidad, el sistema no acaba con la prostitución sino que la esconde y, por tanto, pone en una posición todavía más peligrosa y vulnerable a quien la ejerce.
Este es también el argumento fundamental de aquellos que se oponen a la nueva ley francesa. “La penalización del cliente no beneficia a las trabajadoras del sexo, sino que las expone más a las violencias –tanto las de las redes como de la policía— y al aislamiento”, sostienen desde Strass, uno de los colectivos de prostitutas de Francia –donde cálculos de las entidades sociales estiman que hay entre 30.000 y 40.000 meretrices— que más se ha movilizado contra la norma. Esta tampoco ha convencido a organizaciones sociales como Médicos del Mundo, que reclama que el abolicionismo lleva a las prostitutas a la clandestinidad y las deja a merced del cliente o de las mafias, y sostiene que la red prevista para ayudar a las mujeres a salir de la prostitución es demasiado precaria.
“Este modelo legal aboca a las trabajadoras sexuales, sobre todo las de la calle, a trabajar a las afueras de las ciudades, en zonas menos visibles y accesibles, donde la policía no pueda sorprender a sus clientes”, argumentan en Tampep, un colectivo europeo de trabajadoras del sexo, que opinan que la penalización del cliente socava la autodeterminación de las prostitutas, refuerza el estigma y la discriminación hacia ellas.
A la luz de las estadísticas, la detective Wahlberg tiene razón: estrechar el cerco sobre el cliente ha reducido la prostitución en Suecia; al menos visiblemente. Antes de la ley, unas 600 mujeres vendían sexo en las calles de Estocolmo, según la policía. Actualmente son menos de diez. Sin embargo, los burdeles y las aceras se encienden ahora en Internet. Un campo mucho más difícil de controlar.
Abolir, prohibir o regular
En Europa conviven varios modelos
– Legalista. Holanda, Alemania, Dinamarca. En Holanda la prostitución está regulada como un trabajo desde el año 2000. La ley obliga a los propietarios de los burdeles a pagar impuestos y la Seguridad Social de las prostitutas. Éstas, que deben tener una licencia municipal, tienen derecho a Seguridad Social y a cobrar el paro. La misma situación que en Alemania. En Dinamarca, las prostitutas pagan impuestos pero no tienen paro ni Seguridad Social.
– Nuevo abolicionismo. Suecia, Noruega, Islandia. Suecia fue pionero, en 1999, en aprobar una ley contra la compra de servicios sexuales. Esta normativa prohíbe pagar por el sexo y penaliza al cliente con multas de prisión y económicas. Es un modelo actualmente en expansión.
– Alegalidad. España, Italia. La prostitución es alegal en España –sí está penado el proxenetismo–, donde dos de cada diez hombres admiten que han pagado los servicios de una prostituta (estudio de la Universidad de Comillas para el Ministerio de Sanidad). Sin embargo, algunas ordenanzas municipales la prohíben y multan tanto a los clientes como a las mujeres. Una situación similar a la de Italia, donde en los últimos años han proliferado las situaciones que penalizan tanto la compra de sexo como la venta.
– Prohibicionista. En Hungría la prostitución es ilegal. Se penaliza, sobre todo a la meretriz que ejerza en “zonas protegidas”. Ellas se enfrentan a multas o incluso a cárcel, al cliente solo se sanciona si “acepta” los servicios de una menor.
