Las pensiones y su hucha

Ahora, ese Fondo va a quedar vacío. El Gobierno del PP ha utilizado el dinero para evitar un déficit público mayor. Y lo que antes era motivo de tranquilidad se transforma en temor de que esto ponga en peligro las pensiones públicas. La verdad es que ni esa hucha garantizaba pensión alguna, ni el peligro para la Seguridad Social está en que se quede vacía. Es algo así como pensar que el problema de un parado es que se ha tenido que gastar el dinero que había ahorrado para las próximas vacaciones, cuando su drama es que no tiene un empleo por el que cobrar cada mes.

El sistema de pensiones públicas se basa en que los jubilados reciben una parte del dinero que ganan los que ahora trabajan. El peligro, por tanto, está en que trabaja menos gente que antes, y lo que es casi tan grave, los que tienen un empleo ahora cobran menos. La consecuencia no hay ni que decirla: aportarán por ello menos para costear las pensiones.

En realidad, el objetivo del Fondo de Reserva de la Seguridad Social no era asegurar el cobro de las pensiones. Fue una recomendación del Pacto de Toledo, el acuerdo suscrito en 1995 por las fuerzas parlamentarias, sobre el sistema de pensiones públicas. Su propósito era que, en los momentos de recesión, hubiese dinero ahorrado, para evitar así el déficit, es decir, que los gastos de pensiones fuesen mayores que los ingresos de la Seguridad Social, y hubiese que endeudarse o que elevar la cotización que pagan los trabajadores. Se puede consultar el texto de Pacto de Toledo para comprobar que es así.

El Gobierno ha hecho un uso inadecuado del Fondo de Reserva de la Seguridad Social hasta agotarlo. Se ha fundido 57.000 millones de euros sólo para que, ante la Unión Europea, España presentase un déficit menor.

Lo cierto es que el Gobierno de Rajoy ha apostado de lleno por un modelo para salir de la crisis basado en facilitar todo lo posible el despido de los asalariados y su sustitución, cuando esta se produce, por otros que cobran claramente menos. Es un modelo injusto, porque hace recaer todo el coste de la crisis sobre los asalariados y por tanto a favor de las empresas que, pagando menos, aumentan su tasa de ganancia, es decir, se llevan una porción mayor en el reparto de la riqueza del país.

En cifras, los que se incorporan a trabajar ahora, es decir, los que pagarán con sus cotizaciones las pensiones del futuro, cobran entre un 12 y un 7 por ciento menos que en 2008. Y lo que les está tocando es ocupar puestos de trabajadores despedidos, que cobraban claramente más. Este modelo no ha conseguido sin embargo una recuperación suficiente del empleo: ahora hay casi dos millones de personas menos cotizando a la Seguridad Social que en 2008.

Pero además, es un modelo que impide que la Seguridad Social obtenga dinero suficiente para pagar las pensiones. En 2008, al comienzo de la crisis, los trabajadores aportaron con sus cotizaciones 107.000 millones de euros al sistema público de pensiones. En 2015, tan sólo 99.000 millones. Incluso, en 2011, justo antes de que el PP llegara al Gobierno, aportaron más que ahora (102.000 millones) pese a haber prácticamente las mismas personas trabajando. Y eso que el dinero, por el efecto lógico de la inflación, ahora vale menos. Es porque hay menos empleo, pero también, porque los nuevos trabajadores cobran menos que los anteriores. Por término medio, cada afiliado a la Seguridad Social aportó 5.848 euros en 2011. En 2015, esa aportación media había disminuido hasta los 5.818 euros. Y hay que recordar de nuevo que el dinero de ahora vale menos. Esa menor cotización irá extendiéndose con los años mientras los nuevos contratados ganen menos que los trabajadores a los que sustituyen.

Ese fenómeno es lo que más pone en riesgo el sistema de pensiones públicas actual. Más incluso que el aumento de pensionistas. Con un alto nivel de empleo y salarios, que aumenten más que las pensiones, éstas estarán garantizadas. No sólo es el crecimiento, imprescindible, sino el reparto justo de la riqueza el que las hace posible.

El Gobierno ha hecho un uso inadecuado del Fondo de Reserva de la Seguridad Social hasta agotarlo. Se ha fundido 57.000 millones de euros sólo para que, ante la Unión Europea, España presentase un déficit menor. Sobre todo desde 2014, en que la economía volvió a crecer y no había el argumento de la recesión para sacar dinero de la hucha de las pensiones. Si la Seguridad Social tenía déficit era más lógico pedir dinero prestado, emitiendo deuda. Por ella habría pagado en 2015 un 0,34 por ciento de interés, mientras que el dinero que tenía en el Fondo de Reserva, colocado en deuda pública más antigua, rentaba a la Seguridad Social el 1,05 por ciento. Gastándolo ha dejado de ingresar más en intereses que lo que pagaría por los préstamos para cubrir el déficit.

Pero el vaciamiento del Fondo de Reserva o el aumento de los pensionistas no deben servir de instrumento para meter miedo a la gente. El paso siguiente en ese caso puede ser hacer ver a los ciudadanos que no queda otra que restringir el actual sistema de pensiones para poder mantenerlo.

El sistema público de pensiones constituye posiblemente el principal procedimiento de redistribución, donde rigen principios de cierta igualdad y estabilidad social y económica. En España, el 20 por ciento con mayores ingresos gana 7 veces más que el 20 por ciento con menos renta. Somos el tercer país de la Unión Europea con reparto más desigual. En cambio, la pensión máxima es 4 veces mayor que la mínima. Sin ser un buen indicador, es mucho menos desigual que el reparto de la riqueza en general y el propio Gobierno puede mejorarla sin intervención del mercado.

Lo que está en juego no es si los jubilados del futuro podrán subsistir. Ninguna sociedad civilizada les dejaría morirse de hambre. Lo que se discute es si mantener un sistema público de solidaridad y reparto equitativo, o que cada jubilado tenga la pensión que buenamente pueda aportarle su familia (la rica mucho y la pobre casi nada) o haya ganado dinero suficiente en el pasado para ahorrar.

De ahí que una amenaza al sistema público de pensiones no sólo ponga en peligro el bienestar de los jubilados, sino que puede acabar con el último baluarte para una sociedad más justa. Su sostenibilidad no puede analizarse únicamente desde el interior del sistema de pensiones, sino desde la capacidad de la sociedad para disponer de un sistema de reparto justo de la riqueza.

Este artículo fue publicado originalmente en el blog del autor