El riesgo sísmico y de contaminación de Doñana, las banderas contra Gas Natural
Los ecologistas elevan la presión para frenar el almacén de gas en el parque natural. Convocan una gran manifestación y llaman a la puerta de Bruselas y de la Unesco
Las asociaciones ecologistas están dispuestas a dar el do de pecho contra el proyecto de Gas Natural Fenosa en Doñana autorizado por el Gobierno y que da luz verde al almacenamiento de gas en el subsuelo del parque natural. Las obras comenzaron el pasado septiembre. La extracción de este hidrocarburo se remonta a los años ochenta. La compañía tiene ahora autorización para explorar nuevos pozos y para almacenar gas, lo que según alertan los ecologistas abre la puerta a que, vía puerto de Huelva, llegue el hidrocarburo desde países como Nigeria y se almacene en el subsuelo del parque natural. El sábado 26 de noviembre las principales organizaciones ecologistas preparan una gran movilización en la aldea de El Rocío. La pregunta que lanzan es clara: ¿es Doñana, patrimonio de la Humanidad por la Unesco, el lugar para almacenar gas?
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Ecologistas en Acción, junto a Greenpeace, WWF, Seo/Birdlife, la Plataforma Antifracking de Andalucía, la Mesa de la Ría de Huelva o la Asociación de Amigos de Doñana, integran la plataforma que se ha levantado en pie de guerra. Admiten que solo cabe una “decisión política” para frenar a Gas Natural Fenosa y se muestran convencidos de que solo la presión de la opinión pública y de la Unión Europea obligará al Gobierno a mover ficha. El 1 de diciembre acaba además el plazo que dio la Unesco, tras un primer toque de atención, para que se tomen medidas que eviten que Doñana entre en la ‘lista negra’ por ser patrimonio en peligro. Los ecologistas ya acudieron en una ocasión a la Unión Europea, que se lavó las manos. Ahora han recurrido también a los tribunales contra la resolución del Gobierno que contenía el reconocimiento de interés público del proyecto, lo que allanó todos los trámites burocráticos.
Riesgos en la seguridad
Esta plataforma confía en concienciar a la población de Huelva del impacto en el parque natural. “Faltan certezas científicas sobre la seguridad y las consecuencias del proyecto”, sostienen. Hasta ahora la desinformación, aseguran, ha sido la tónica general. Los agricultores de la zona hasta hoy han recelado de las reivindicaciones de los conservacionistas porque están también en el punto de mira por la proliferación de pozos ilegales para regar sus campos. El modelo es de agricultura intensiva con la fresa como estrella. Sin embargo, las últimas charlas organizadas por los ecologistas con expertos, empiezan a sembrar la inquietud. “Empieza a conocerse ahora de qué va esto. Hasta ahora la información ha sido muy limitada. Y a la gente del campo no le hace ninguna gracia que se atraviese el subsuelo de sus tierras”, señala Iñaki Olano, de Ecologistas en Acción.
La Junta trató de frenar una parte del proyecto y acudió a la UE, que miró hacia otro lado, después de que Gas Natural interpusiera una demanda patrimonial por 358 millones por un proyecto que estuvo parado desde 2013, unos tres años. Ni la compañía ni la Junta ofrecen ahora detalles del punto en el que está esta reclamación ante los tribunales. En los últimos meses la posición oficial del Gobierno andaluz señala su falta de competencias para intervenir en la paralización, aunque después el PSOE votó en contra del proyecto en las resoluciones del Congreso y el Parlamento. “La Junta ha sido demasiado pasiva”, subrayan desde Ecologistas en Acción.
La Junta de Andalucía subraya que no tiene competencias para frenar las obras. Gas Natural interpuso una reclamación de 350 millones de euros
También destacan las organizaciones conservacionistas que el impulso definitivo al proyecto, que comenzó a tramitarse en 2008 y obtuvo licencia para el almacenamiento en 2013, se dio con Felipe González sentado en el consejo de administración de Gas Natural y un mes después de que dimitiera del consejo de participación del parque natural. Podemos Andalucía es quien señala con más claridad esta conexión del expresidente del Gobierno.
Riesgo sísmico, como en Castor
La principal advertencia de los ecologistas contra el proyecto de almacenamiento de gas, que tanto el Parlamento andaluz como el Congreso han pedido que se paralice, alerta del riesgo sísmico. Recuerdan los antecedentes de Castor, que se acometió sin estudio previo de idoneidad por peligro sísmico y que acabó enterrado por 600 pequeños terremotos en la zona. Aseguran que el proyecto de Gas Natural no tiene los preceptivos estudios y que el riesgo de terremotos en una zona con “alta sismicidad” y “muchas fallas” es “difícil de descartar”.
El otro gran agujero negro lo sitúan en el acuífero de Doñana, el corazón del parque, imprescindible para su subsistencia. “Nadie puede descartar fugas y pérdidas que contaminen el acuífero y todas las conducciones lo atraviesan por abajo”, explica el portavoz de Ecologistas en Acción. La gran pregunta que lanzan los conservacionistas es por qué este proyecto se sitúa en esta zona que es patrimonio de la Humanidad, insinuando además que ha existido todo tipo de facilidades por parte del Gobierno. El proyecto fue declarado de interés público, lo que retiró todas las competencias a la Junta, y aceleró los trámites. “Todo son movimientos especulativos y se trata el gas como un activo financiero más”, señala Iñaki Olano de Ecologistas.
La compañía alega que lleva 30 años explotando los yacimientos gasísticos sin ningún problema para el parque y descartan riesgo de terremotos en la zona
Desde Gas Natural Fenosa no quieren entrar en ningún tipo de debate con las organizaciones ecologistas y no opinan sobre la convocatoria de esa manifestación en Huelva. Sí defiende la compañía que la explotación de yacimientos de hidrocarburos “se viene llevando a cabo en los mismos emplazamientos desde hace 30 años y no se ha descrito una sola afección derivada de esa actividad al entorno de Doñana”. Agregan que ha sido sometido “a una exhaustiva evaluación ambiental”, de más de 7 años de duración, y “cumple con toda la normativa”.
72 kilómetros de tubos
El proyecto prevé una red de gasoductos de 72 kilómetros. De esta cifra, 13 kilómetros corresponden a gasoductos que ya existen y que se mantendrán sin cambios. De los 59 restantes, 37 son renovación de la infraestructura actual y sólo 22 kilómetros son trazado nuevo. La empresa defiende que “el conjunto de esta infraestructura, contemplado dentro de la Planificación Energética nacional y calificado como urgente, supondrá una inversión superior a los 200 millones de euros, y contribuirá de forma clara a la dinamización económica del entorno y de la comunidad andaluza”.
Desde 2005 se han realizado pruebas de inyección de gas en las marismas sin que se registrase actividad sísmica desde entonces
Geostock realizó en 2015 un estudio específico sobre sismicidad natural del área, encargado por la compañía, donde se determina que la peligrosidad sísmica natural es menor que la ya contemplada en los mapas de peligrosidad sísmica de España. “La producción de gas en los yacimientos de Marismas comenzó en 1982, y desde 2005 se han realizado pruebas de inyección de gas. En todo este tiempo, no se han registrado terremotos en el área”, agregan. Descartan además el riesgo de que pueda explotar el almacenamiento. “El riesgo de fuga de gas en el almacenamiento es inexistente ya que hay 750 metros de roca impermeable por encima que ha probado su estanqueidad durante millones de años”, agregan los informes de la compañía. Los ecologistas niegan que existan certezas científicas ni total seguridad y discrepan frontalmente de estas afirmaciones.
Sobre los efectos para la economía de la zona, se calcula que el proyecto implicará unos beneficios para los municipios de la zona en torno a 2 ó 3 millones de euros. Gas Natural además abonará se abonará el impuesto municipal de actividades económicas que se estima en un total de 1 millón de euros al año aproximadamente. Cantidades ridículas, alertan los conservacionistas, si esta joya natural se pone en peligro.
