Activistas de Greenpeace bloquean las obras de Gas Natural en Doñana
Greenpeace sí se toma en serio los peligros que se ciernen sobre Doñana si sigue adelante el proyecto de almacenamiento de gas en su subsuelo. Una veintena de activistas protagonizan desde primera hora de esta mañana una protesta en las instalaciones de Gas Natural Fenosa en el entorno de Doñana con objeto de paralizar las obras para extraer y almacenar gas.
Según una nota de la organización ecologista, Greenpeace ha montado un campamento de resistencia a la entrada de la instalación con activistas encadenados y con una gran pancarta en la que puede leerse ‘Doñana no es un almacén de gas’. Además, escaladores de la organización han montado otro campamento en lo alto de una de las estructuras en la zona del proyecto. #SalvemosDoñana y #ResistenciaDoñana son los lemas de esta acción ecologista.Se trata de un proyecto «tan peligroso como innecesario que nos aleja de cumplir con los compromisos que España va a asumir al ratificar el Acuerdo de París mañana en el Congreso de los Diputados», argumenta la organización conservacionista.
Greenpeace piensa que con este proyecto en marcha Doñana “corre el riesgo de perder alguna de sus figuras de protección, como es la de Patrimonio de la Humanidad, ya que este organismo podría incluirla en Lista de Patrimonio Mundial en Peligro en 2017”. Por eso exige al Gobierno de España y a la Junta de Andalucía «activar inmediatamente», y en el marco de sus competencias, las acciones políticas y jurídicas necesarias para frenarlo.
Para Greenpeace, el proyecto de Gas Natural Fenosa autorizado por el Gobierno central en el Espacio Natural de Doñana «pone en riesgo la biodiversidad y el futuro de este lugar protegido», algo que ya ocurrió con el almacén subterráneo Castor en aguas de Castellón, que produjo más de 500 terremotos y una indemnización con dinero público a la empresa de casi 1.400 millones de euros.Gas Natural Fenosa pretende “transformar Doñana en un almacén de gas dado que ni el Gobierno central ni la Junta de Andalucía han tenido suficiente voluntad política para detener este inaceptable proyecto» que la compañía sabe que es “insostenible”, pero quiere seguir con él para lograr “los 358 millones de euros de reclamación por responsabilidad patrimonial si la Administración paraliza sus obras».