Vuelta al ‘canon digital’
Una de las promesas electorales del PP durante las elecciones generales de 2011 fue la eliminación del canon digital, el sistema de compensación equitativa por copia privada vigente desde 1996 por el que se gravaban con una tasa soportes, equipos y dispositivos como teléfonos móviles, ordenadores, discos duros y tarjetas de memoria.
Era uno de esos asuntos que encendían el ánimo del ciudadano medio, internauta o no. Y en efecto, el Gobierno del PP anuló de inmediato ese sistema y lo cambió por otro en el que esa cantidad que recibían las entidades de gestión de derechos de autor pasaba a cargarse a los Presupuestos Generales del Estado. Pero dos sentencias, una del Tribunal Europeo (en junio) y otra del Tribunal Supremo de España (en noviembre), declararon que el sistema no se atenía a derecho por diversos fallos. Por eso, el gobierno está preparando un documento de trabajo para el futuro sistema de compensación equitativa por copia privada, que estaría basado de nuevo en una tasa a soportes, equipos y dispositivos, como en el canon digital.Así lo adelantó EL MUNDO el pasado junio.
Fuentes del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte han confirmado a este diario que el documento es sólo una herramienta de trabajo para las negociaciones entre la Administración y los principales actores implicados, sobre todo las entidades de gestión de derechos de autor y otros ministerios, como Economía o Industria. No se han querido referir al contenido del mismo, que establecería algunas diferencias con respecto al canon digital del periodo 1996-2011. La principal sería que, a raíz de la sentencia Padawan de 2010 (que anulaba el cobro indiscriminado del canon que existía hasta la fecha), determinados sujetos quedarían exentos del pago. Sería el caso de ciertas personas jurídicas, como la Administración, o aquellos que probasen que el uso de los equipos, soportes y dispositivos para uso profesional.
La exención llegaría a ciertos consumidores finales y a figuras no contempladas en el periodo 1996-2011, como las copias licenciadas (que hacen referencia al streaming de música o películas). Además, se establecería un sistema de reembolso de las cantidades del canon más sencillo, inspirado en el modelo italiano. Por último, se trataría de un sistema menos rígido y más líquido, que se iría actualizando y adaptando a los cambios tecnológicos con el paso del tiempo.
En una reciente entrevista con este diario, el nuevo secretario de Estado de Cultura, Fernando Benzo, afirmó sobre una posible vuelta al canon digital: «No podemos regresar exactamente a lo que teníamos. Vamos a analizar la realidad, porque están las copias digitales, las licencias, el almacenamiento en nube y un montón de elementos que se van desarrollando. Lo primero que vamos a hacer es escuchar, hacer una reflexión conjunta». Según él, «aquí hay muchos intereses y muchos puntos de vista. Pues vamos a encontrar ese punto intermedio que satisfaga a todos. Vamos a analizar formas que requerirán matices, novedades, retoques. Es pronto para que diga cuál es esta fórmula«.
La legislación española reconoce el derecho a la copia privada, mediante la cual cualquier persona puede tener copias de contenidos protegidos por derechos de autor (películas, música, libros) para su uso personal . En compensación, los autores y titulares de esas obras tienen derecho a recibir una compensación económica, recaudada y distribuida a través de las entidades de derechos de autor, como SGAE o CEDRO. La mayoría de los países de la Unión Europea establecen que esta compensación económica se disponga a partir de una tasa o canon a equipos, dispositivos y soportes digitales (discos duros, teléfonos móviles, DVDs vírgenes, tarjetas de memoria, etcétera), que los fabricantes suelen aplicar al consumidor.
Algunos países, como Finlandia, aplicaban el sistema anteriormente vigente en España, con cargo a los PGE. Sin embargo, el problema legal al que se ha enfrentado el Gobierno es que tal y como se había configurado el nivel de compensación anterior, aquél no era equitativo y tampoco se podía calcular a priori. El sistema del periodo 2012-2016 establecía una cantidad económica (que empezó siendo de 8,6 millones de euros y terminó estancada en torno a los 5 millones) antes del cálculo del perjuicio económico que suponía a los creadores el derecho a la copia privada. Al final, la propia Administración ha reconocido que este perjuicio llegaba a cantidades que triplican y hasta cuadruplican a lo establecido desde el gobierno.
A pesar del arranque en las negociaciones, el proceso para establecer el nuevo sistema se prevé largo y complejo. En primer lugar, habrá que establecer qué se entiende hoy por copia privada, ante el cambiante panorama tecnológico. Y, a partir de ahí, cada sector tendrá que poner sobre la mesa sus particularidades, como, por ejemplo, la industria musical con el negocio del streaming. En cualquier caso, parece muy lejano el panorama de los últimos años del anterior canon digital, como 2011, cuando se llegaron a repartir 115 millones de euros entre autores y titulares de derechos.
Un aspecto igualmente a tener en cuenta es qué pasará con las reclamaciones de las entidades de gestión por el perjuicio patrimonial causado por la medida del Gobierno desde 2012. Este podría ser de entre 80 y 100 millones de euros anuales, lo que sumaría un total de entre 320 y 400 millones de euros (a pagar entre todos los españoles), aunque la cantidad final tendrían que establecerla los tribunales. En su última comparecencia ante la comisión de Cultura del Congreso de los Diputados, el ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, rechazó esta posibilidad: «La sentencia del Tribunal Supremo no fija responsabilidad patrimonial y, se lo digo con confianza, no es bueno alentar a llegar a esta posibilidad donde, a juicio del Gobierno, no existe tal responsabilidad. Miremos hacia cómo resolver esto y para ello ya estamos trabajando en ello».
