Baja el número de interrupciones voluntarias del embarazo por cuarto año consecutivo
El número total de interrupciones voluntarias del embarazo en 2015 fue de 94.188, lo que supone 608 menos que el año anterior y el cuarto descenso consecutivo desde que entró en vigor la ley de 2010, según los datos publicados por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. El informe precisa que un total de doscientos centros notificaron esos 94.188 abortos, una tasa del 10,40 por ciento por cada 1.000 mujeres de entre 15 y 44 años.
Se trata de la primera estadística que se produce tras la entrada en vigor de la reforma de la ley del aborto de septiembre de 2015, que impide a las menores de 18 años interrumpir su embarazo sin el consentimiento paterno.
Hasta junio de 2010 estaba en vigor en España la ley de supuestos –que restringía el aborto a tres casos: violación, malformación del feto o riesgo para la madre– de 1985. Después entró en vigor la normativa de plazos, que permite el aborto libre hasta las 14 semanas de gestación.
El balance final hasta el cambio legislativo de 2010 fueron 113.000 interrupciones voluntarias del embarazo. Cinco años después el número de abortos se ha reducido hasta las 94.000, después de varios años consecutivos de caídas. También ha ido descendiendo la tasa de abortos realizados por cada 1.000 mujeres.
Las más jóvenes
Precisamente, una de las mayores críticas de los detractores de la ley de plazos era la posibilidad de que las menores pudieran abortar sin el consentimiento de los padres y las madres. El Gobierno de Rajoy, tras retirar su propuesta conocida como Ley Gallardón –por presión de la ciudadanía y en especial por las asociaciones de mujeres-, finalmente la reformó en septiembre de 2015 y eliminó la posibilidad de abortar sin consentimiento en el caso de las menores.
A pesar de eso, las estadísticas del Ministerio señalan que este colectivo es el que más han reducido su tasa de interrupciones desde la entrada en vigor de la normativa de plazos. Entre 2010 y 2015, las mujeres con 19 años o menos son el grupo de edad que más ha bajado su índice de abortos por cada mil mujeres: un 26%. En 2015, el número de abortos entre las menores de 19 años se redujo en 318 con respecto al año 2014 y entre las menores de 15 años disminuyó en 69 (ha pasado de 9,92 a 9,38).
Ahora bien, la interpretación de estos datos es compleja. Por ejemplo, la Asociación de Clínicas Acreditadas para la IVE, (ACAI) asegura que le inquieta que el descenso en la tasa de aborto entre el grupo de mujeres menores de 19 años no sea una bajada real, sino que esté encubriendo un número importante de menores que podrían estar recurriendo a la clandestinidad para interrumpir su gestación.
Por todo ello, desde la organización piden que “el “lapsus”, propio del sentido común, que la Ministra de Sanidad tuvo en comparecencia parlamentaria el 21 de diciembre, en el que abogaba por revisar la autorización expresa de los tutores para casos como los señalados, tome cuerpo y se deje de restringir el acceso de estas mujeres jóvenes a la IVE voluntaria, que en algunas comunidades como en Madrid, y de manera completamente arbitraria, se agrava al pedir la autorización de ambos tutores en algunos casos”.
Prevención y educación
La bajada en el número de abortos conduce a sostener que cualquier modificación restrictiva de la actual Ley abocaría a las mujeres españolas y a las personas profesionales a una inseguridad jurídica, sanitaria y personal del todo indeseable en un país europeo que ha conseguido consolidar el derecho de las mujeres a interrumpir su embarazo por voluntad propia, dejando al margen el recurso a un aborto clandestino e inseguro que sin duda alguna volvería a ser una posibilidad de producirse estos retrocesos. En esta línea, “resultaría del todo un contrasentido que pudieran llegar a producirse retrocesos legislativos si las posiciones conservadoras del Tribunal Constitucional se impusieran en la sentencia sobre la actual Ley, pendiente de resolución”, recuerda Acai.
Pero además de garantizar el derecho al aborto, solo las políticas preventivas en materia de educación sexual y un acceso real a la contracepción -todo ello previsto en la norma- son las que evitan los embarazos no deseados.
Especialistas
Los datos señalan que la mayoría de las interrupciones voluntarias del embarazo en España se siguen practicando en centros privados. En 2015, casi nueve de cada 10 abortos se realizaron fuera del sistema público. Por otra parte, este porcentaje ha caído casi ocho puntos desde la introducción de la ley de plazos. En 2010, solo representaba el 1,8% de los abortos practicados. En 2015, la cifra ha llegado hasta el 11,7%.
Desde ese punto de vista, ACAI advierte que a las Administraciones Públicas autonómicas que la incorporación paulatina del aborto en la Sanidad Pública, tal y como evidencia el informe, “puede ser un paso en la defensa de los derechos de las mujeres, pero puede convertirse en un salto atrás si la atención se deja en manos de personal sin experiencia, capacitación o voluntad”.
La práctica sanitaria de Aborto Provocado debe realizarse por personas profesionales integradas en unidades específicas especializadas. Son estas profesionales quienes tienen que respaldar la intervención. Es imprescindible su formación en todas las técnicas de IVE (farmacológico e instrumental); Este aspecto fue contemplado en la ley gracias a la presión de ACAI durante el proceso de elaboración de la norma.
La caída en el número de abortos se ha registrado en la mayoría de las comunidades autónomas, si bien en siete se han incrementado como en Aragón, Baleares, Navarra, País Vasco, Cataluña, Cantabria y Castilla y León, además de en Ceuta y Melilla.
Foto: AmecoPress
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