Nuevo juicio contra el exalcalde de Atarfe por irregularidades urbanísticas en marzo

La Audiencia Provincial de Granada prevé acoger en marzo un nuevo juicio contra el exalcalde de Atarfe, el socialista Víctor Sánchez, y el que fuera arquitecto municipal por la comisión de supuestas irregularidades urbanísticas en el llamado paraje del Acequión, donde presuntamente aumentaron la edificabilidad más allá de los parámetros legales beneficiando a promotores.

La Fiscalía de Granada les atribuye un delito continuado de prevaricación y solicita para ambos la pena de diez años de inhabilitación especial para el ejercicio de empleo o cargo público, según consta en el escrito de acusación provisional del Ministerio Público.

Los hechos se refieren a unos terrenos del sector SR-3.1, al sur del municipio, que inicialmente eran propiedad de la Fundación Benéfica Anticáncer San Francisco Javier y Santa Cándida, pero que fueron vendidos a cuatro entidades, las cuales, “no satisfechas con el aprovechamiento urbanístico que podían obtener”, se pusieron en contacto con el alcalde para conseguir “condiciones más lucrativas”.

De este modo, el alcalde y los representantes de estas entidades firmaron dos convenios urbanísticos en abril y junio de 2005 en los que el Ayuntamiento se comprometía a una serie de medidas encaminadas a aumentar la edificabilidad, entre ellas cambiar la tipología de vivienda -pasando de unifamiliar a plurifamiliar en manzana cerrada-, lo que abría a los propietarios “la expectativa de multiplicar sus posibilidades de enriquecimiento”.

“En compensación por tan lucrativo acuerdo -según el relato del fiscal- los propietarios le entregaban al Ayuntamiento de Atarfe un local de un inmueble con licencia de ocupación y 960.810 euros en metálico”.

“Planes ilícitos”

“Sabiendo de antemano” el alcalde y el arquitecto municipal que la tramitación urbanística que habían previsto “no podría llegar a buen puerto”, decidieron seguir unos trámites “totalmente distintos a los legales”.

Así, en vez de hacer una innovación al planeamiento urbanístico, como se requería, optaron por usar la figura del estudio de detalle, que reduce el periodo de información pública y omite toda participación de la Administración autonómica en la aprobación definitiva.

Conforme al “plan trazado”, el arquitecto municipal emitió el 16 de junio de 2005 informe favorable a los cambios planteados en el convenio urbanístico para aumentar la edificabilidad, lo que fue aprobado en una resolución dos días después por el regidor.

Posteriormente, en abril de 2016, el arquitecto municipal informó favorablemente al estudio de detalle que presentó la promotora y el alcalde lo aprobó de manera inicial mediante resolución unos pocos días después.

La aprobación definitiva del estudio de detalle se abordó en un pleno celebrado el 9 de junio de 2006 con diez votos favorables, entre ellos el del propio alcalde.

“No consta” que los concejales que votaron a favor conocieran los “planes ilícitos” de los acusados puesto que, según mantiene la Fiscalía, el regidor “controlaba absolutamente todo lo relativo al urbanismo de la localidad” y el arquitecto “le había dado la apariencia de legalidad” a través de los citados informes, de los que el resto de ediles “no tenía, en principio por qué dudar”.

Mantiene el Ministerio Público que el “doble efecto conseguido por los acusados con este cúmulo de ilegalidades fue el aumento de la edificabilidad más allá de cualquier parámetro vigente y la reducción de los espacios dotaciones públicos”, en el marco de unos hechos cuya vista oral está prevista el 22 y 23 de marzo en la Sección Primera de la Audiencia de Granada.