EL CASO DE JUANA RIVAS (resumen general)

Lunes 28 a las 12hs concentración frente al Consejo General del Poder Judicial. #TodasSomosJuana

Dirigido a:

MINISTERIO FISCAL

FISCALIA ESPECIAL DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NUM 2 DE GRANADA

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

COMISION DE IGUALDAD DEL CGPJ

OBSERVATORIO CONTRA LA VIOLENCIA DOMÉSTICA Y DE GÉNERO DEL CGPJ

Ante la resolucion de entrega de los hijos de Dª Juana Rivas a su exesposo Francesco Arcuri. Los antecedentes del caso indican que la ex pareja de la Srª Rivas, Francesco Arcuri, fue condenado en 2009 por un juzgado penal de Ganada por “lesiones en el ámbito familiar” por “golpear repetidamente” a Rivas. El acusado dio su conformidad con los hechos establecidos, según los cuales el 7 de mayo de 2009, cuando Rivas llegó a las 5.30 horas al domicilio que ambos compartían en Granada, él le pidió que le explicara dónde había estado durante la noche, tras lo cual la golpeó “repetidamente”, por lo que la mujer necesitó asistencia médica. Arcuri fue condenado a tres meses de prisión y a un año y tres meses sin poder acercarse a Rivas.

El Juzgado de Instrucción nº2 de Granada también llama a declarar como investigadas a la asesora legal y la psicóloga del Centro de la Mujer de Maracena, y a los familiares hasta el 2º grado de consanguinidad.

Las organizaciones abajo firmantes en nombre y representación de sus asociadas mostramos nuestro absoluto rechazo a tal medida y manifestamos nuestro apoyo a Juana Rivas en su lucha para que no se lleve a cabo la entrega de los menores a un padre maltratador sentenciado en firme.

Rechazamos la resolución del Juzgado de Instrucción núm. 2 de Granada en base al informe de la Fiscalía, que conmina a Juana Rivas para que entregue su hijo e hija el lunes día 28 al padre maltratador, y que cita como imputadas en un supuesto delito de inductoras de la  sustracción  de menores, a la asesora legal y a la psicóloga del Centro de la Mujer de Maracena,   y a los familiares de Juana hasta el 2º grado de consanguinidad

Instamos al Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género  a reflexionar en el marco de su objetivo de análisis de las resoluciones judiciales a estudiar el hecho de que el Juzgado de Instrucción núm. 2 de Granada haga uso en su auto de la denominada -en el ámbito profesional de la psicología- como “terapia de la amanaza” o SAP ; amenaza que se basa en el cambio inmediato de la custodia y la posibilidad de aumentar las restricciones de contacto entre el progenitor –habitualmente la madre– y el/la hijo/a diagnosticados

La aplicación de esta práctica que se está asentando en nuestro país  ha sido desaconsejada por el propio Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del CGPJ en  su “Guía de actuación judicial frente a la violencia de género”,  que califica el SAP de “teoría pseudo-científica”.

La guia del CGPJ dice literalmente que “el SAP no ha sido reconocido por ninguna asociación profesional ni científica, habiendo sido rechazada su inclusión en los dos grandes sistemas diagnósticos de salud mental utilizados en todo el mundo, el DSM-V de la Asociación Americana de Psiquiatría, y el ICE-10 de la Organización Mundial de la Salud. Según una declaración de 1.996 de la Asociación Americana de Psicología, no existe evidencia científica que avale el SAP, criticando dicha institución el mal uso que de dicho término se hace, especialmente en los casos de violencia de género”

También la Asociación Americana de Psicología, es clara al respecto “términos tales como alienación parental pueden ser usados para culpar a las mujeres de los miedos o angustias razonables de los niños hacia su padre violento”.

Nos manifestamos en contra de la actuación de  las instancias judiciales que han intervenido en el caso de Juana Rivas y que han sido insensibles a los antecedentes de maltrato sin considerar lo que es de interés para los menores.

Calificamos como excesivo el hecho de que el Ministerio Fiscal reclame la imputación de las asesoras y los familiares hasta el 2º grado lo que supone un precedente intolerable de ataque directo a las instituciones públicas y personas que dan apoyo a las víctimas.

Instamos al CGPJ a actuar ante la falta de diligencia de la administración de Justicia a la hora de traducir y tramitar la denuncia que Rivas interpuso por violencia de género en España (más de un año de retraso) ya que incumple los procedimientos que marca el Estatuto de la Víctima del Delito.

Solicitamos que se analice en que medida se ha eludido interpretar las leyes conforme al Convenio de Estambul firmado por España y que en su art. 31 establece que los Estados han de adoptar las medidas legislativas u otras necesarias para que, en el momento de estipular los derechos de custodia y visita relativos a los hijos, se tengan en cuenta los incidentes de violencia incluidos en el ámbito de aplicación del presente Convenio y para que el ejercicio de ningún derecho de visita o custodia ponga en peligro los derechos y la seguridad de la víctima y de los niños.

Rechazamos en especial el papel del Ministerio Fiscal que lejos de velar por la protección de los menores y la mujer maltratada, ha demostrado ser insensible con las víctimas. La fiscalía ha actuado poniendo por delante el no cuestionamiento del aparato judicial, que ha demostrando  la máxima crueldad que se pueda alcanzar siguiendo una una aplicación machista y patriarcal de las leyes. Reclamamos a estas instituciones que cumplan con su papel y tomen parte activa para defender a Juana y proteger a su hijo e hija  evitando que se entregue su custodia al padre maltratador.

Instamos al CGPJ a que considere las reflexiones de la Asociación de Mujeres Juezas de España que en su valoración de la situación judicial de Juana Rivas, ha expresado que “no se ha utilizado la perspectiva de género como elemento transversal a la hora de  interpretar y aplicar las leyes, dando lugar a situaciones injustas si no se atiende al contexto  y la realidad que comporta la violencia de género. En este caso no se han interpretado las leyes conforme al Convenio de Estambul firmado por España, ni a lo que señala el Pacto de Estado sobre la custodia a padres condenados por maltrato”

Tampoco se han seguido las recomendaciones de la CEDAW,  que pide que se tengan en cuenta los antecedentes de violencia de género a la hora de estipular la custodia para que no se ponga en peligro la seguridad de las víctimas y los menores. A este respecto recordamos que tan solo en lo que va de año, han sido asesinados cinco menores a manos de sus padres maltratadores.

No se ha respetado el derecho de los menores a ser escuchados, y tenidos en cuenta a la hora de tomar decisiones, tal como pedía la defensa de Juana, habiendo en este caso un menor maduro de once años. No se han protegido sus derechos, conforme a l estatuto de la víctima y la Ley del Menor, que exige que se asegure para estos un entorno libre de violencias

El caso de Juana Rivas es el más visible de toda una serie de casos de maltrato institucional que se aplica a las mujeres que denuncian su situación de violencia de género, y lejos de encontrar amparo en el sistema judicial, se ven desprotegidas -ellas y sus hijos- ante la imposición de  supuestos derechos de custodia de los padres violentos.

Señalamos las nefastas consecuencias que estas actuaciones judiciales, pueden tener en la lucha por acabar con este gran problema social.

Las instituciones no pueden seguir animando a las mujeres a que denuncien si el sistema no las protege y deben reflexionar sobre el hecho de que el sistema de Justicia no sea percibido por las víctimas como un elemento de protección y seguridad.

Instamos al CGPJ a implicarse con diligencia en la puesta en marcha de la formación especializada en materia de derecho antidiscriminatorio como le demanda el Pacto de Estado contra la violencia y a ser vigilante ante  actuaciones judiciales que no consideran que nuestro sistema jurídico por fin ha asumido, de forma explícita, la premisa de que los/as menores cuyas madres son víctimas de violencia de género, son víctimas directas de dicha violencia.

El intento de criminalizar a Francisca Granados, su asesora legal,  y a  la psicóloga del Centro de la Mujer de Maracena, Teresa Sanz, ambas profesionales que prestan sus servicios en el Ayuntamiento de Maracena (Granada), muestra una actuación de castigo ejemplarizante contra el conjunto de las mujeres y de todas/os aquellas/os que desde el ámbito profesional las apoyan.

Respaldamos el trabajo y la actuación de las profesionales del Centro Municipal de Información a la Mujer del Ayuntamiento de Maracena. Estos Centros son un recurso público de ayuda fundamental. Es un despropósito  criminalizar a profesionales por cumplir su obligación de prestar atención jurídica y psicológica como establece el art 10 de la Ley 1/2004, loa art. 31, 63 y 63 del Convenio de Estambul y la medida 143 del reciente Pacto de Estado, que habla de intensificar estos recursos.

El encausamiento de profesionales, puede atar de pies y manos a las víctimas, al desacreditar recursos profesionales fundamentales de ayuda a las mujeres, contribuye a su asilamiento y a cerrar el círculo perfecto del maltrato. Actuaciones judiciales como estas, contribuyen a disuadir a las mujeres de denunciar y buscar ayuda para salir de su situación

Por todo ello, las  organizaciones feministas firmantes,

EXIGIMOS:

Que el caso de Juana se considere como lo que es, un caso de violencia de género. Por ello, el Ministerio Fiscal debe actuar inmediatamente  para la protección de los menores y de Juana Rivas.

Que se cierren todas las causas contra Juana Rivas y se le entregue la custodia de su hijo e hija

PORQUE UN MALTRATADOR NUNCA ES UN BUEN PADRE

PORQUE UNA JUSTICIA QUE NO ES JUSTA NO ES JUSTICIA

Lo firman:

Foro Contra la Violencia de Género de Madrid

Platafoma 7N Contra las Violencias Machistas

Plataforma Contra la Violencia de Género de Granada 25 de noviembre

Red de Organizaciones Feministas contra la Violencia de Género