El PP pide al Gobierno que vigile a las comunidades que cierran clases en colegios concertados

El grupo popular acusa a los gobiernos que están revisando las políticas de conciertos de «distorsionar» la Constitución en una iniciativa al Congreso.El curso empieza en Aragón, Comunitat Valenciana, Asturias y Andalucía, todas gobernadas por el PSOE o coaliciones, con un centenar de aulas menos en total

El Ministerio de Educación no tiene competencias para dar o quitar conciertos pero ha logrado protegerlos más con la Lomce, la ley educativa actual.

El PP sale al rescate de la escuela concertada. El grupo popular en el Congreso ha presentado este verano una iniciativa que pide al Gobierno que continúe «velando para que las administraciones garantice el derecho a la libertad de los padres en la elección de la educación que quieren para sus hijos».

La proposición no de ley, firmada por el portavoz Rafael Hernando y registrada en julio en el Congreso, señala una a una a todas las comunidades autónomas que están revisando estos acuerdos (Comunitat Valenciana, Aragón, Castilla-La Mancha, Asturias y Extremadura) y acusa a los gobiernos regionales –todos socialistas o en coalición con socialistas– de «distorsionar» el «derecho a la libertad de enseñanza que garantiza la Constitución» al «reducir de forma injustificada unidades concertadas y/o dificultar la viabilidad de los centros concertados, enfrentando ambas redes».

El PP utiliza esta vía para confirmar que su postura sobre la escuela concertada –privada subvencionada con fondos públicos– es inamovible y, además, no se va a maquillar de cara a un futuro pacto, interpretan los demás grupos políticos. Más allá de eso, el Gobierno poco puede hacer en la gestión de estos acuerdos.

El Ministerio de Educación no tiene competencias sobre ello. La facultad de crear, renovar o rescindir los conciertos es de las comunidades autónomas. Indirectamente esta cartera –en los tiempos en que era dirigida por el exministro José Ignacio Wert– ha introducido cambios a favor de la concertada. En este caso incluyéndola en la ley educativa actual, la Lomce, aprobada en 2013.

Esta norma amplía el periodo de vigencia de los conciertos de cuatro a seis años y concretando que la organización de plazas escolares queda sujeta a «demanda social», lo que se interpreta como una vía para facilitar la creación de nuevos acuerdos. La ‘ley Wert’ también obliga a las administraciones a garantizar «plazas suficientes» aunque sin especificar, como sí habían hecho leyes anteriores, que para ello debe utilizarse preferentemente la red pública.

eldiario.es ha preguntado al Ministerio de Educación como parte apelada por el PP en su iniciativa. «Los centros públicos y concertados deben ser respetados en los mismos términos, garantizando su viabilidad y continuidad en el ejercicio de la enseñanza», afirman las fuentes consultadas, que añaden que «corresponde a las comunidades garantizar el derecho a los padres a elegir centro educativo».

En la situación actual, el Ejecutivo solo podría poner un recurso para intentar parar la desaparición de algunos de estos acuerdos, informan fuentes jurídicas. «Pero eso sería meterse en un lío porque no tendría mucha legitimación porque las normas que regulan esto son autonómicas. Solo podría ocurrir en el caso de que se agarraran a un incumplimiento de la Lomce», explican desde UGT, donde interpretan que la iniciativa busca más bien «un golpe de efecto para su electorado más proconcertada».

Las patronales pleitean para no perder

Las comunidades que han cambiando sus normativas sobre conciertos educativos están encontrando muchas dificultades para reorganizar las plazas escolares. Las patronales de la concertada o los propios centros afectados por la reducción de aulas han presentado recursos ante los tribunales, algunos con éxito. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha blindado cautelarmente las aulas de seis centros concertados que habían sido eliminadas por el gobierno valenciano.

El Ejecutivo autonómico (PSPV-Compromís) está funcionando con un nuevo decreto que revisa los conciertos teniendo en cuenta si hay un mínimo de alumnos en cada clase y si hay plazas públicas en la zona suficientes que cubran la demanda; unos criterios que no se aplican en otras comunidades que dan mayor barra libre a la concertada, como Madrid.

En Andalucía se han producido también muchas tensiones y, a raíz de un caso en la comunidad, el Supremo impidió a la Consejería de Educación eliminar unidades si se registra una demanda suficiente en el centro, independientemente de que la oferta pública pueda cubrirla o no. En su pronunciamiento aludía al artículo de la Constitución que garantiza el derecho a los familias a la libre elección de la enseñanza para sus hijos e hijas.

Enfado entre los grupos

La posición pública y explícita del PP a favor de la concertada no se ha encajado bien en el grupo socialista. «Verdaderamente ataca a las comunidades que son del PSOE. Han sido desleales con la gestión de las propias comunidades. No hay paz educativa sin provocación permanente. Han dejado muy claro el modelo de pacto y la vía que entienden por pacto», dice a eldiario.es la secretaria de Educación, Mari Luz Martínez Seijo, que vaticina un «otoño calientito» tras este tipo de iniciativas.

Mientras tanto, en Unidos Podemos están inmersos en la presentación de una proposición de ley que permita a los centros concertados y privados que lo soliciten integrarse en la red pública.