FACUA lamenta que el Gobierno siga torpedeando normativas autonómicas para los colectivos más vulnerables
La asociación considera vergonzoso que el Ejecutivo recurra sistemáticamente al Constitucional leyes concebidas en las Comunidades sobre vivienda y suministros básicos para proteger a los más desfavorecidos.
Consumdores en Acción critica que el Gobierno central siga recortando competencias a las Comunidades Autónomas para regular en materia de derechos sociales como el acceso a la vivienda o a servicios de primera necesidad como la luz, y al mismo tiempo sin promover políticas enfocadas a los colectivos más desfavorecidos.
El último ejemplo es el de la Comunidad Valenciana, que ha visto cómo el Gobierno va a recurrir al Tribunal Constitucional dos normas autonómicas, provocando con ello que ambas queden sin efecto hasta que haya fallo al respecto.
Además del caso de la Comunidad Valenciana, el Ejecutivo ya recurrió en abril de 2016 la ley catalana contra la pobreza energética, por la que quienes no tuvieran recursos podían aplazar pagos en los meses más fríos, de noviembre a marzo, así como leyes contra los desahucios impulsadas desde Andalucía, Madrid o Canarias, donde se proponían medidas como la de segunda oportunidad para los hogares endeudados o la de expropiar viviendas vacías en manos de los bancos.
En este caso de la Comunidad Valenciana, el más reciente, el Gobierno pretende torpedear, por un lado, la ley de pobreza energética, que impide a las eléctricas cortar el suministro a los hogares en situación de vulnerabilidad sin antes avisar a los servicios sociales para que analicen su situación real. Por otro, la ley valenciana por la función social de la vivienda, que regula el derecho a una vivienda digna, enfocada a evitar la especulación inmobiliaria.
FACUA considera que el Gobierno central debería abordar junto a las Comunidades Autónomas la protección de los colectivos más desfavorecidos y promover políticas en este sentido, como el acceso a la vivienda o a los suministros esenciales, y no favorecer con sus decisiones a las grandes empresas del sector privado a costa de todos los ciudadanos, incluidos los más vulnerables.
Ni actúa ni deja actuar
La asociación critica que la Administración central ni actúa como debiera, ni permite que las Comunidades adopten competencias en materia de derechos sociales. En definitiva, FACUA lamenta que el Gobierno de Mariano Rajoy siga actuando en favor de la banca y las eléctricas, y en detrimento de los colectivos sociales más vulnerables.
FACUA recuerda que existen colectivos sin acceso a bienes esenciales, como la vivienda o la electricidad, que requieren urgentemente de una regulación específica. Por ello, han sido los Gobiernos autonómicos en reiteradas ocasiones los que han tratado de impulsar propuestas y regulación en estas materias, aunque siempre han terminado encontrándose con vetos e impedimentos de la administración central para lograr cualquier avance.
