El nuevo sistema de cálculo de las pensiones inquieta a quienes se acercan a la jubilación

El debate sobre las pensiones es el único que en las últimas semanas ha podido eclipsar a la investidura en Cataluña. Todos los partidos aprovechan para desgranar sus propuestas, pero los expertos consultados advierten: todo está demasiado politizado y puede generar cierta confusión en la población. La última propuesta que Unidos Podemos ha registrado en el Congreso pide derogar el criterio de cálculo que entrará en vigor en 2019, el factor de sostenibilidad, pero, ¿qué es y cómo afectará a los ciudadanos?

El factor de sostenibilidad fue aprobado por el Gobierno en 2013, pero entrará en vigor en 2019. A la hora de calcular la pensión tendrá en cuenta una nueva variable: la esperanza de vida, que se irá actualizando cada cinco años, y que se sumará a los años cotizados y la cuantía para calcular una prestación. Es la forma en la que el Ejecutivo quiere hacer frente al previsible aumento de los pensionistas en los próximos años, con la generación baby boom transitando hacia la vejez. Además, las bajas tasas de natalidad y el desempleo tampoco ayudan.

España es el segundo país con mayor esperanza de vida de los estados que forman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), con una media de 83 años, que solo supera Japón. El Gobierno, en la ley que regula el factor de sostenibilidad, prevé que siga en ascenso y, por tanto, que se alarguen los años en los que los ciudadanos cobran prestación: “En 1900, la esperanza de vida de los españoles con 65 años era de unos 10 años, mientras que en la actualidad es de 19 años, previéndose que continuará aumentando en el futuro, fenómeno que hace que el peso de la población mayor de 65 años en la población total haya crecido en las últimas décadas hasta el 17% actual, estando previsto que alcance el 37 por ciento en el año 2052. En cifras absolutas, el número de pensiones que se prevé para el año 2052 pasaría de los 9 millones actuales a 15 millones”. Con este factor, un ciudadano que viva más años verá reducida su pensión por tener que percibirla durante más tiempo.

Aunque entre en vigor en 2019, los expertos creen que será de forma suave. El Instituto BBVA de pensiones estima que la primera hornada de afectados podría tener un descuento en su prestación de un 0,72% del total. Ante el bombardeo de noticias que circulan por los medios de comunicación y de proclamas políticas, los expertos llaman a la calma. Para aquellos que, por miedo a perder poder adquisitivo piensen en jubilarse de manera anticipada (y cumplan las condiciones), José Antonio Herce, profesor de Economía de la Universidad Complutense, lo desaconseja: “El factor de sostenibilidad descontará menos de 1% a quien se jubile en un año. Sin embargo, el daño de quien adelante su jubilación será mayor porque la penalización es de un 7%. En los primeros años, la aplicación del primero será muy moderada”, ejemplifica comparando las dos situaciones de manera rápida.

Impacto a medio y largo plazo

“El impacto que va a registrar esta medida es una reducción de la pensión inicial de medio punto”, coincide Enrique Martín, de la Secretaria de Protección Social de Comisiones Obreras (CCOO), pero el sindicalista advierte de sus efectos a medio y largo plazo: “Uno de los elementos más negativos es que esa pérdida es acumulativa”. A los descuentos del factor de sostenibilidad hay que sumarle las consecuencias del Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP), que también se aprobó en 2013,  que desligó el aumento de las pensiones del IPC para subyugarlas al criterio de suficiencia financiera del sistema, lo que ha hecho que en los últimos años hayan aumentado solo un 0,25%, mientras los precios subieron un 1,1%.

El sistema público de pensiones es uno de los caballos de batalla de los sindicatos contra el Gobierno, que hizo estas modificaciones en plena crisis y sin buscar el consenso con los agentes sociales, que creen que es un problema de ingresos. Por ello, denuncian la pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas: “El Gobierno reconoce en la Actualización de Programa de Estabilidad que se producirá una reducción de las nuevas pensiones del 4% acumulado cada 10 años”, explica Mari Carmen Barrera, secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de la Unión General de Trabajadores (UGT).

Un debate politizado y poco claro

“Hay cierta alarma de la población que está en vísperas de jubilación”, asegura Barrera, que conoce bien esta cuestión y las inquietudes de aquellos que se acercan a los 65. La sostenibilidad de las pensiones se ha debatido en todo tipo de foros, desde los técnicos hasta los políticos, pasando por los platós de televisión. La cuestión suscita mucho interés por ser un pilar básico del Estado del Bienestar, pero el profesor José Antonio Herce es muy crítico y cree que el debate está “horriblemente politizado” y que los medios de comunicación emborronan aún más. Por eso, solo tiene un consejo para los ciudadanos que tengan dudas sobre la jubilación: “Lo que tiene que hacer es pedir cita previa en la Seguridad Social para que se lo expliquen todo”.

El experto identifica algunos “mitos” sobre estas prestaciones con los que desayunan cada mañana los españoles. El primero, el creer que en el futuro “no se va a cobrar pensiones”, una frase habitual dirigida especialmente a las siguientes generaciones. Declaraciones como las de la presidenta de la Comisión del Pacto de Toledo, Celia Villalobos, que animaban a los jóvenes a ahorrar “2 eurillos al mes” para su pensión, no ayudan a calmar las inquietudes. Hay que hacer una revisión sobre cómo financiar las pensiones, pero tal y como advierte Martín “el sistema es sostenible. Es perfectamente asumible con un compromiso de gasto del 15% del PIB”, explica sobre la propuesta de CCOO. Mientras haya trabajadores, habrá pensiones, aunque la duda está en la cuantía de las prestaciones. UGT quiere que se financie por la vía de los impuestos.

En la actualidad, los pensionistas y los potenciales jubilados observan el bombardeo de noticias con inquietud. El Gobierno y los partidos no logran acabar con la incertidumbre con sus propuestas. Por ello, y para protestar por la pérdida de poder adquisitivo, salen periódicamente a las calles, siendo uno de los colectivos más activos. UGT, incluso, invita a protestar llevando un lazo marrón en la solapa por “la subida de mierda” que hace cada año el Gobierno.