Incorporan el crimen de la granadina Sara Correa a la estadística oficial de asesinatos por violencia machista

La Delegación de Gobierno para la violencia de género ha incorporado recientemente a las estadísticas de víctimas mortales a dos mujeres dos años después de haber sido asesinadas. Desde 2016, las muertes de la granadina Sara Correa y otra mujer de Almería, cuya identidad no ha podido ser confirmada, permanecían en investigación. Su incorporación a la estadística de víctimas mortales se produjo tras la sentencia que condenó a sus asesinos. Con estas dos mujeres, 2016 se cerró con 47 víctimas mortales.

Según han explicado fuentes de la Delegación de Gobierno a Europa Press, en ambos casos existían dudas sobre la autoría del asesinato que aconsejaban esperar hasta la resolución judicial. Sin embargo, la familia de Sara Correa, que dejó tres hijos huérfanos, pidió desde el principio que su muerte fuese considerada un crimen machista.

Pese a que el caso fue instruido por un juzgado de violencia de género y que su pareja sentimental fue detenida 72 horas después de que Sara fuese hallada agonizando junto a un contenedor de basura, el caso no fue reconocido como crimen machista hasta la sentencia de la Audiencia de Granada que condenó a su asesino a 22 años de cárcel.

«Por mi hermana no se convocaron concentraciones de repulsa, nadie nos llamó hasta que pasaron tres semanas de su muerte y lo único que nos decían era que su asesinato no estaba claro cuando su asesino ha estado durante todo este tiempo en la cárcel», ha explicado a Europa Press la hermana de la víctima, Olga Correa, quien ha lamentado el desamparo en el que se han visto durante estos dos años.

Pero el caso de Sara y de la otra víctima de Almería no son los únicos. Ese mismo año, otro crimen de una mujer en Lugo quedó en investigación y no fue incorporado a las estadísticas oficiales hasta 2017, al igual que el crimen de un bebé de 45 días en Níjar, incluido entre los menores víctima de violencia machista a principios de 2018.

La presidenta del Observatorio de Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Ángeles Carmona, ha explicado, en declaraciones a Europa Press, que en ocasiones es necesario dejar en investigación algún caso ya que las circunstancias que rodean la muerte no son claras, pero ha admitido que demoras como la ocurrida en la muerte de Sara Correa «son muy excepcionales».

Según ha indicado, lo habitual es que cuando un juzgado de violencia de género se declara competente en un caso, se considera violencia machista y se incluye en las estadísticas oficiales. «En algunas ocasiones es necesario que se dicte sentencia pero en la mayoría no y resulta muy excepcional que se confirme un asunto después de tanto tiempo», ha reconocido Carmona, aunque ha defendido la rigurosidad, transparencia y la coordinación del Observatorio con la Delegación de Gobierno para la Violencia de Género, encargada de la publicación de las estadísticas.

¿Qué pasa con estas familias?

Pero para Luis Antonio Fernández, abogado de la familia de Sara, el hecho de que su crimen no haya sido reconocido como violencia machista en todo este tiempo ha agravado aún más las consecuencias de una muerte trágica. «Era un tema controvertido y fue complicado demostrar la culpabilidad de este hombre, pero el reconocimiento judicial de que era un crimen machista lo tuvo desde el minuto uno y pese a ello, los tres hijos de Sara estuvieron desprotegidos durante dos años, no hubo ningún apoyo explícito de la administración», ha comentado el letrado quien está convencido del perjuicio económico que ha supuesto para la familia.

Los menores huérfanos, que eran fruto de una relación anterior de Sara, viven con su abuela que ha tenido que pleitear para conseguir la guardia y custodia. El pequeño, que tenía menos de tres años cuando falleció su madre, no pudo beneficiarse de la gratuidad de la escuela infantil «porque no se le reconocía la situación preventiva de víctima de violencia de género y hasta hace pocas semanas no tenían reconocida la situación de orfandad y no pudieron cobrar prestaciones que han percibido ahora de golpe», ha explicado el abogado.

En su opinión, desde la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Granada se «dilató todo», al evitar «pronunciarse hasta que se dictase un sentencia». Esto implicó que «los niños no pudiesen acceder a las ayudas que les hubiesen correspondido desde el principio».

Olga Correa sostiene que, lo único que han recibido durante este tiempo es «apoyo moral». «Tocas 20.000 puertas, a todos les das mucha pena, pero te vas con la boca seca de hablar y sin soluciones; la única ayuda que ha recibido mi madre son unos cheques de 100 euros para gastar en un supermercado y unas sesiones en un psicólogo para ella y mis sobrinos», ha explicado.

La familia tuvo que costear, además, el abogado que les representó en el juicio y pagar las tres cuotas de autónomos con intereses que su hermana había dejado pendientes cuando falleció y que les reclamaba la Seguridad Social para aprobar la pensión de orfandad de los tres niños.

«Me he pasado dos años tocando a todas las puertas porque hemos estado hasta el cuello, con tres niños que criar, sin ninguna ayuda, sin saber qué hacer y teniendo que afrontar el pago de un dineral para que unos huérfanos puedan tener una pensión», ha reconocido Olga Correa.

Medidas cautelares

Fuentes de la Junta de Andalucía han reconocido a Europa Press que la investigación de la muerte de Sara fue compleja, al vincularse inicialmente a una investigación sobre drogas, aunque han precisado que la actualización de las estadísticas no son competencia suya y sostienen que si se le ofreció apoyo desde lo servicios sociales de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Granada.

Por su parte, la presidenta del Observatorio para la Violencia Doméstica y de Género ha explicado que el hecho de una muerte quede en investigación no implica que la familia de la víctima no pueda solicitar las ayudas previstas por cada comunidad autónoma para víctimas de violencia de género e incluso medidas cautelares relativas a la guardia y custodia en el caso de que haya menores huérfanos.

«Normalmente, con un simple certificado de que existe un procedimiento abierto, pueden acceder a los recursos y los menores están perfectamente asistidos en todo el territorio nacional», ha indicado Carmona quien ha recordado, además, que el Pacto de Estado contra la violencia de género «establece que, incluso sin denuncia previa por maltrato, exista un título de habilitación para que las víctimas puedan acceder a ayudas como tratamiento psicológico».

Pero la familia de la víctima de Granada considera que su caso es un ejemplo «del desinterés hacia las víctimas de violencia de género» y lamenta que hayan tenido que esperar dos años para poder «restablecer la dignidad de Sara».