“Queda suprimida la reglamentación de la prostitución, el ejercicio de la cual no se reconoce en España a partir de este Decreto como medio lícito de vida”. Este fue el artículo 1 del decreto del 23 de junio de 1935. Muchas son las personas que hoy día se declaran republicanas pero regulacionistas de la prostitución, cuando justo la República Española fue la que se declaró, por decreto, abolicionista.

Las circunstancias sociales de entonces no son las de ahora, marcadas por la dificultad de controlar las enfermedades venéreas de forma eficaz. Pero, para llegar a la fecha de ese decreto, antes varias mujeres reflexionaron sobre la prostitución, en un marco idéntico al que el propio feminismo desarrolló desde el comienzo de su historia.

Un punto de partida

“La prostitución es para la mujer el más horrible de todos los males”, decía Concepción Arenal en La Mujer del Porvenir, institución a la que también califica como lepra. Se queja del trato que recibían estas mujeres, entre otras cuestiones. “Nunca me conmueve tan tristemente mi ánimo como al entrar en un hospital de mujeres donde se curan las enfermedades consecuencia de la prostitución. Allí las enfermas no suelen quejarse, saben que a nadie inspiran lástima y procuran sofocar el dolor físico lo mismo que el dolor moral”, matiza en la misma obra.

Emilia Pardo Bazán ya reflexionaba en una conferencia en 1899, que las mujeres se veían arrastradas al “matrimonio, al servicio doméstico, a la mendicidad y a la prostitución”, como únicas salidas posibles. Nadie como ella explicó en cuentos y discursos las violencias contra las mujeres, como se relata en el libro El encaje Roto (Contraseña). Años más tarde, en 1904, Consuelo Álvarez Pool, que firmaba como “Violeta” en la prensa, escribió un texto titulado “Del matrimonio” donde denunciaba la misma situación: “¡Cuántas mujeres se ven en el duro trance, en la cruel alternativa de casarse con el primero que llega… o prostituirse! Entonces la elección no es dudosa: se casan y hasta creen amar a su marido porque en él ven la tabla salvadora a que asirse en el naufragio de su pobreza”.

En 1918, salía publicado el libro La condición social de la mujer en España, de Margarita Nelken, quien se preguntaba de dónde venían las prostitutas y marcaban que las de alta categoría procedían de la clase media cuya educación no se había “preocupado de proporcionarles un medio de vida y que el día que necesitan bastarse a sí mismas se lanzan o caen poco a poco en la prostitución”. Las más pobres, indicaba, venían del campo a la capital y denuncia que caían “fácilmente seducidas por fantásticos espejuelos”. Es aquí donde hace una crítica de clase a aquellos “señoritos” que abusan sexualmente de sus sirvientas y que, con un hijo a su cargo, tenían que buscarse la vida. Pero también lanza críticas hacia la religión.

“España es quizás, hoy día, el único país en donde no se hace nada por impedir que las prostitutas lleguen a su triste condición y en donde al mismo tiempo se quiera corregir la prostitución con castigos, que no otra cosa es la reclusión forzada en un convento”. Y, ante todo, en su discurso dejaba claro que era un problema de Estado. “Dios sabe todavía hasta cuando la prostitución española seguirá siendo una vergüenza, no para las prostitutas, sino para todo el país socialmente culpable y responsable”.

En 1921, una manifestación feminista, encabezada por Carmen de Burgos llega al Congreso. Entregan a su Presidente un documento con la petición de derechos para la mujer, desde el derecho al voto, a la igualdad respecto al hombre en el Código Penal. El artículo 9 de ese documento es tajante: “Que desaparezca, en virtud de una ley, la prostitución reglamentada y que se persiga”.

Camino hacia la abolición: el discurso de Clara Campoamor

Todo este pensamiento se reforzó durante la II República Española. Escobedo remarca en un estudio que el regulacionismo había sido alimentado por la ideología burguesa, para quienes la prostitución era un “mal necesario”. Rivas Arjona señala en una investigación que la lenta penetración del modelo abolicionista se produjo, por un lado, por la tradición regulacionista y por otro, por los beneficios que “determinadas instituciones” recibían. Sin duda, no se hubiese producido sin el marco de la lucha abolicionista desarrollada de Josephine Butler en Inglaterra, que atravesó fronteras de toda Europa y entró en nuestro país a través de los protestantes, los masones y las propias ideas republicanas, según apunta Rivas Arjona. De hecho, la propia República encabeza también una reforma sexual alejada de la religión.

Los diarios de sesiones del Congreso bien reflejan el debate que llevó hacia la abolición de la prostitución. El día 12 de enero de 1932, Rico Avello, de la Agrupación al Servicio de la República, decía a la Cámara que la “prostitución reglamentada es absolutamente incompatible con la dignidad humana” y defendía que no cabía en esta materia otra postura que no fuera la “pura y simple de la teoría abolicionista”. Tres días después, el diputado Carlos Martínez y Martínez expresó que la abolición debía ir acompañada de una nueva educación, y demandó ofrecer al pueblo “una noción nueva, clara y valiente de qué es la sexualidad”. Además, apuntó la que prostitución estaba asociada a la pobreza y que debía implantarse una “libertad económica que permitirá a la mujer desenvolverse”.

Ese mismo día, Clara Campoamor, diputada del Partido Radical, explicó de forma tajante ante la cámara que “la ley no puede reglamentar un vicio”. Habló sobre la vergüenza de que el Estado perpetúe esta situación, a la que definía de una “quiebra para la ética”. Pero en su discurso, la diputada fue más allá y expuso el contexto de que España estaba representada en la Sociedad de Naciones de Ginebra y que existía una comisión de protección a la mujer y contra la trata para la desaparición de lo que, por entonces, denominaban “trata de blancas”. Sobre ello, Campoamor dejaba claro que “las casas de prostitución reglamentadas, autorizadas por el Estado, percibiendo directa o indirectamente de ellas tributos el Estado-tributos, de una corrupción, de un vicio, son los centros de contratación de la trata de blancas, en donde se pueden albergar fácilmente todas las mujeres, que un vividor, delincuente de oficio, traspasa de ciudad en ciudad y lleva de mercado en mercado”.

El discurso de la diputada continuó con la demanda de que el Estado se declarase de una vez abolicionista. En aquel momento, además, las víctimas de la prostitución eran, en mayoría, mujeres menores. A esa edad les estaba prohibido firmar un contrato o adquirir un préstamo pero “no le rindan protección alguna cuando se trata de la libertad de tratar su cuerpo como una mercancía”, denunciaba la diputada. Para terminar, Campoamor afirma que de permitirse la prostitución, el Estado permitiría un vicio y apuntaba las que, para ella, son las dos consecuencias más graves: “la posibilidad de la degradación de un enorme número de mujeres y la posibilidad de la degradación de un enorme número de hombres, a quienes las leyes les dicen que puedan acercarse a una mujer sin amor, sin simpatía, sin siquiera un gesto cordial de estimación”.

Días más tarde, el 26 de enero, el diputado de Acción Republicana, Sánchez Covisa recuperó el discurso y calificó a la prostitución de un estigma, vergüenza, y un “incumplimiento del precepto constitucional, que hace iguales los dos sexos, puesto que no puede aplicarse a la mujer una ley de excepción”. Meses después, se organizó la ‘Semana abolicionista‘ en un intento de acercar esta postura a la sociedad, donde se contaría con la presencia de Campoamor.

Hasta tres años después, no se declaró el Estado como abolicionista en un decreto del 28 de junio del Ministerio de Trabajo, Sanidad y Previsión, con la justificación de que el Gobierno quiere sumarse al abolicionismo “que impera desde hace años en los países más avanzados desde el punto de vista sanitario”. Entre sus artículos, además del reconocimiento del principio de igualdad entre el hombre y la mujer, también se prohibía “toda clase de publicidad que de manera más o menos encubierta tendiera a favorecer el comercio sexual”.

Las ‘Mujeres Libres’

No obstante, como puntualiza Escobedo en una de sus investigaciones, surgieron críticas frente a esta aprobación por mantener algunas normas reglamentaristas, como que las autoridades sanitarias vigilar a las prostitutas por la transmisión de enfermedades venéreas. Se esperaba un decreto aún más ambicioso en el sentido abolicionista, aunque la sociedad de la época tampoco dejaba mucho margen de maniobra, junto a todas las reformas que la República estaba realizando.

Mientras aquello ocurría en las paredes del Congreso, Amparo Poch y Gascón, una de las tres fundadoras de Mujeres Libres, escribía en “La Vida sexual de la mujer”, en 1932, cómo la prostitución ponía también en riesgo a las mujeres que vivían con sus parejas. Para ella, la prostitución o el alcoholismo formaban parte de lo que consideraba como “higiene matrimonial”.

La formación feminista anarcosindicalista creó lo liberatorios de prostitución, “no como solución, sino con un fin paliativo”. En ellos se centraban en la investigación y tratamiento médico-psiquiátrica, la curación psicológica y ética, orientación y capacitación profesional, ayuda moral y material en el momento que les fuera necesario, aún después de haberse independizado de los libertarios.

En el número 9 de la revista que editaban estas mujeres, se dedicó un espacio al “problema sexual y la revolución” y lanzaban a sus lectoras la siguiente pregunta: “¿quién puede negar que la esclavitud sexual de la mujer no ha sido en principio y a través de los siglos una consecuencia del problema económico?”. Inciden en que justo la guerra había agudizado el problema económico de la mujer que, sin trabajo, se veía obligada a la prostitución sin otra alternativa. Por ello, intentaba desde aquellas páginas concienciar a los camaradas de que “si de veras queremos la Revolución social, no olvidemos que su principio primero está en la igualdad económica y política, no solo de las clases, sino de los sexos” y que “el problema sexual es una problema económico-político a la vez”, que si no se producía en conjunto con la Revolución, “la dejaría manca, declarando utópicas todas las ansias de liberación de la Humanidad”.

Unos números después, también retoman el tema en la revista y señalan que la reglamentación supone la creación de unos impuestos para el Estado, y que la erradicación de la prostitución va más allá de leyes para adentrarse en la propia mentalidad de la sociedad. Y repiten, sin cesar, que la mujer “ha de ser económicamente libre”. Por eso, detallan que solo la libertad vendrá a través de una “igualdad de salarios, una igualdad de sueldos, una igualdad de acceso a los medios trabajadores de todas clases, (…) porque todas las acciones en favor de la familia, de ese ficticio color hogareño, mantienen a la mujer en su posición de siempre: alejada de la producción y sin derecho alguno”.

En los últimos números de la revista, en septiembre de 1936, señalaban que “la empresa más urgente a realizar en la nueva estructura social es la de suprimir la prostitución. Antes que ocuparnos de la economía o de la enseñanza, desde ahora mismo, en plena lucha antifascista aún tenemos que acabar radicalmente con esta degradación social. No podemos pensar en la producción, en el trabajo, en ninguna clase de justicia, mientras quede en pie la mayor de las esclavitudes: la que incapacita para todo vivir digno”. Para ello querían capacitar a las ex prostitutas para ser mujeres libres y conscientes, ofreciendo ayuda moral y material.

Montseny, ministra de Sanidad y Bienestar Social en 1937, señaló que más allá de ley, la prostitución solo quedaría abolida cuando “las relaciones sexuales se liberalicen, la moral cristiana y burguesa se transforme, las mujeres tengan profesiones y oportunidades sociales de asegurarse el sustento, la sociedad se establezca de forma que nadie quede excluido, cuando la sociedad pueda organizarse para asegurar la vida y los derechos de todos los seres humanos”.

Todas estas intenciones y el espíritu abolicionista de la República, quedaron bajo tierra tras el golpe de Estado y la victoria del franquismo, que regresó al reglamentarismo por decreto el 27 de marzo de 1941. A partir de entonces, la prostitución aumentó, junto al estigma, la criminalización y la persecución de las prostitutas.