Las gasolineras más grandes estarán obligadas a instalar puntos de recarga eléctrica en un plazo de dos años

El Gobierno anunciaba este martes su intención de que a partir de 2040 solo se vendan coches eléctricos, pero mucho antes obligará a las gasolineras más grandes a instalar puntos de recarga eléctrica de potencia igual o superior a los 22 KW: en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética que, de mantenerse el calendario, «debería» aprobarse a mediados de 2019.

Y se hará por tandas. Las primeras serán las estaciones de servicio que vendan más de diez millones de litros anuales de carburantes –alrededor de 200 gasolineras en España- que dispondrán de nueve meses desde que entre en vigor la Ley para presentar un proyecto ante la Dirección General de Política Energética y Minas y de 12 para realizar la instalación, según el borrador que el Gobierno ha enviado a los distintos grupos políticos.

Las segundas serán aquellas estaciones de servicio que venden entre 5 y 10 millones de litros de gasolina y gasóleo al año –unas 1.000 estaciones de servicio-, estas tendrán un plazo un poco más amplio: 15 meses para la presentación del plan y 12 meses más para la instalación.

Las gasolineras con ventas inferiores a los 5 millones de litros de carburante se libran de esta obligación. A no ser que estén situadas en una provincia, ciudad autónoma o isla en la que no exista ninguna instalación de suministro con las condiciones establecidas anteriormente. En ese caso, las instalaciones que, ordenadas de mayor a menor volumen de ventas anuales, conjunta o individualmente alcancen al menos el 10 % de las ventas totales tendrán la obligación de enviar un proyecto en un plazo de 15 meses y tenerlo en servicio en los 12 meses siguientes.

No obstante, de aprobarse esta medida para promover la movilidad eléctrica en España, se vería acompañada en su implantación de la eliminación del gestor de carga en el Real Decreto Ley de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores que liberaliza el sector y abre la puerta a la posibilidad de que «cualquiera» pueda instalar un punto de recarga eléctrica, no solo las estaciones de servicio.

Hasta 30 millones de multa

En el caso de no presentar el proyecto y no llevar a cabo la instalación, las gasolineras se enfrentarán a sanciones que podrían llegar a alcanzar los 30 millones de euros al considerarse como una «infracción muy grave» de la Ley de Hidrocarburos.