Polémica por la división de los estudiantes en la ESO según su rendimiento

«No hay que dividir a los alumnos en función de si son lentos o rápidos; tienen que avanzar todos y no acomodarse en un aula con otros que saben lo mismo que ellos», aseguró ayer la ministra de Educación, Isabel Celaá, en defensa de la supresión de los polémicos itinerarios que contempla la actual ley educativa (Lomce). Esos itinerarios permiten separar a los 13 años a aquellos alumnos que repiten 2º de la ESO para recibir contenidos de menor dificultad. La normativa también permite al alumnado en 3º de ESO elegir entre dos niveles de dificultad en algunas asignaturas, como matemáticas. «Todas las directrices de la OCDE señalan que cuanto más se retrasa el momento de elegir una u otra vía académica, el estudiante estará menos condicionado por su estrato socioeconómico y cultural», añadió en referencia al informe Equity and Quality in Education (2012).

La intención del Gobierno es evitar que los alumnos tengan que elegir caminos académicos «a una edad en la que no se ha completado su madurez», y permitir que «todos tengan las mismas oportunidades», expuso ayer la ministra en su comparecencia en la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados, en la que explicó a los grupos políticos el anteproyecto de ley de reforma de la actual Lomce, que presentó hace una semana a la comunidad educativa y que llevará al Consejo de Ministros a final de año.

Sandra Moneo, portavoz de Educación del PP, criticó que el llamado modelo comprensivo -sistema por el que todos los alumnos siguen el mismo recorrido educativo hasta los 16 años- «está desterrado en el resto de Europa». «En países como Alemania, la primera elección y división de los niños es a los 11 años y la tasa de abandono escolar es del 11,5%; en Austria, a los 10 años, con una tasa del 9,5%; en Francia a los 15 años, con un un 12%; en Italia a los 14 años, con un 18,2% y en Reino Unido a los 14 años, con un 15%», advirtió en referencia a los datos de la OCDE.

En España en 2005, la tasa de abandono escolar -entre los 18 y los 24 años- fue del 30,3% y en 2017 se redujo al 18,3%. Los socialistas atribuyeron ese descenso a su ley anterior, la LOE de 2006, porque, dicen, los efectos de las reformas no se perciben a corto plazo.

Celaá criticó que la Lomce –aprobada en 2013 por el PP sin el apoyo del resto de grupos políticos-, «sitúa en ambientes estanco a los estudiantes en función de su rendimiento académico y su nivel de aprendizaje», un mecanismo que no supone «ningún mérito» para el sistema educativo. «Es inadmisible que los estudiantes tengan que elegir en 3º de la ESO el nivel de dificultad de las matemáticas», añadió María Luz Martínez, portavoz de Educación del PSOE en el Congreso, que consideró que muchos de los que se decantan por la opción «más fácil» tienen menos probabilidades de llegar a la Universidad.

El proyecto del Gobierno supone eliminar el llamado Programa de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento, que permite derivar a los alumnos que repiten 2º de la ESO a un programa en el que las asignaturas troncales se imparten en un nivel de menor dificultad, y regresar a la LOE, que habilita al instituto a separarlos un año más tarde, si se repite 3º de la ESO, con 14 años. Según Martínez, el principal inconveniente es que esos estudiantes reciben un contenido diferenciado durante 2º y 3º de la ESO y después se incorporan «abruptamente» a 4º con el resto de los alumnos, con el mismo nivel de dificultad. «Ahí muchos se estrellan y eso provoca el abandono», lamentó.

La principal novedad es que además de retrasar un año la participación de los alumnos en esos programas, el estudiante podrá obtener el título único de la ESO, una opción que no permitía la Lomce. Además, los estudiantes de Formación Profesional Básica también recibirán el título de la ESO, hasta ahora una opción blindada por la Lomce. «Queremos que todos los estudiantes obtengan el título de la ESO y acabar con la segregación que está creando la Lomce», añadió. «El objetivo es no cerrarles las puertas antes de tiempo».

«La Lomce sigue una lógica darwinista -solo sobrevive el más fuerte-, no las teorías de las ciencias de la educación. Debemos garantizar que los estudiantes culminen con éxito las etapas obligatorias», destacó Celaá.

Repitición

Otro de los temas debatidos fue la reforma que contempla la nueva ley sobre la repetición. El Gobierno quiere que los estudiantes puedan obtener el título de Bachillerato con una asignatura suspensa. «Será en casos excepcionales y siempre que el equipo docente considere que el estudiante ha alcanzado los objetivos», explicó Celaá, que señaló que los institutos ya están realizando esa práctica y que, por primera vez, se recogerá en la ley. Países como Francia o Reino Unido, recordó la ministra, siguen un modelo similar.

Moneo, del PP, acusó al Gobierno de «degradar el título de bachillerato» y rebajarlo al de Secundaria, de «desterrar la cultura del esfuerzo» y de «igualar a los alumnos por debajo». «No hay ni una sola prueba externa del Ministerio a los estudiantes durante la ESO», criticó sobre el anteproyecto de la nueva ley. El PP presentará una enmienda a la totalidad con un texto alternativo en el que se «fortalecerá» la intervención del Estado.

«El suspenso no mejora el rendimiento y perjudica a los alumnos con menos recursos», apuntó Celaá, para quien el modelo español «abusa de la repetición» cuando debe ser «la última de las opciones».

Concertada

Los grupos PdeCat, PNV y Ciudadanos acusaron al Gobierno de meter a toda la concertada en el mismo saco al considerar que en todas las comunidades autónomas esos centros han intentado «hacer negocio». «La concertada se ha utilizado para enriquecerse a título personal, pero no es un modelo homogéneo en todas las regiones», indicó Sergi Miquel, de PdeCat. «En el País Vasco no hay ninguna pelea con la concertada, sino una relación pacífica.  El servicio es público independientemente de la titularidad de ese centro», apuntó Joseba Aguirretxea, del PNV.

Celaá argumentó que son conscientes de que no toda la concertada es igual,y que «algunos» centros cumplen su función social y «lo hacen bien». Sin embargo, denunció que la nueva concertada -que engloba a los colegios construidos en los últimos 15 años, muchas veces sobre suelo público cedido-, «ha surgido como una diversificación del mundo de los negocios», y señaló la necesidad de combatirlo.

Marta Martín, de Ciudadanos, señaló que si el problema es la cesión de suelo público, habría que regular esa parte y exigió que no se traslade un problema puntual a toda la concertada, ya que las familias «tienen derecho a decidir donde quieren llevar a sus hijos» y su demanda se debe tener en cuenta a la hora de programar las plazas educativas.

La intención del Gobierno con la nueva ley es eliminar la llamada «demanda social» que introdujo la Lomce que obliga a Administración a garantizar a las familias plazas en centros concertados. El nuevo texto contempla que las administraciones deberán garantizar plazas en la red pública.

Javier Sánchez, de Podemos, consideró que «la red pública debe ser la vertebradora y la concertada la subsidiaria para revertir la ola privatizadora del PP». Además, pidió a Celaá que suprima los conciertos en las etapas no obligatorias: la Formación Profesional y el Bachillerato.

Ana Torres Menárguez

FOTO: Un instituto en Zamora. Uly Martín

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