La defensa de los Derechos Humanos se ha cobrado un muerto al día en los últimos años

La Declaración Universal de los Derechos Humanos puso en 1948 negro sobre blanco unos compromisos a los que, durante estos 70 años, miles de personas han tratado de poner voz. La labor de los activistas ha sido clave durante este periodo, aunque para muchos de ellos plantar cara a gobiernos, empresas o grupos de poder ha terminado por costarles la vida.

Entre 2015 y 2017, de media, una persona murió al día por alzar su voz para defender las libertades y derechos de la sociedad en su conjunto, una tendencia «preocupante». «No pueden cumplirse los Derechos Humanos sin las voces valientes (de los defensores) que contribuyan a la paz, la seguridad y el desarrollo sostenible», han afirmado un grupo de relatores de la ONU.

Estos expertos han suscrito un comunicado conjunto para reclamar a todos los Estados que garanticen a los activistas un entorno «sin interferencias, intimidaciones, abusos, amenazas, violencia, represalias o restricciones», habida cuenta de que, con los datos sobre la mesa, queda mucho trabajo por hacer.

El año 2017 volvió a marcar niveles dramáticos en lo que a cifras de víctimas se refiere, con más de 300 defensores de Derechos Humanos asesinados por su trabajo en todo el mundo. En concreto, según Front Line Defenders, al menos 312 activistas murieron asesinados en un total de 27 países.

Más de dos terceras partes de estas víctimas defendían derechos relativos a la tierra, el medio ambiente y los pueblos indígenas, como constata tanto esta ONG como Global Witness, que cifra en 207 los miembros asesinados dentro de este colectivo específico. Brasil, Colombia y Filipinas encabezan esta particular ‘lista negra’.

Una de cada diez víctimas eran mujeres, en su mayoría indígenas, y según una representante del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, Jamison Ervin, «la cifra sigue creciendo cada año». Se trata de un grupo «especialmente vulnerable» y ni siquiera casos mediáticos como el asesinato de la hondureña Berta Cáceres han permitido un cambio de tendencia.

«La violencia contra las mujeres activistas, incluidas las indígenas, representa una tragedia para ellas, para sus familias y para sus comunidades, pero también marca varias tendencias preocupantes que nos afectan a todos», advierte Ervin, en una reciente tribuna en la que ha recordado que más de la mitad de los abusos son cometidos por policías, militares u otro personal de seguridad.

La implicación de las autoridades enturbia también la rendición de cuentas ya que, como recuerda Front Line Defenders, solo el 12 por ciento de los asesinatos de activistas derivaron en algún arresto. Tampoco funciona la prevención: de los casos con avisos previos, en al menos el 84 por ciento había constancia de amenazas de muerte.

MOTIVOS PARA LA ESPERANZA

Amnistía Internacional ha subrayado en su informe anual sobre Derechos Humanos la «imperativa» necesidad de que se adopten medidas de protección para los activistas, «no solo para personas concretas, sino para comunidades enteras y, en particular, para grupos indígenas», en el caso por ejemplo de América Latina y el Caribe.

En Colombia, se han detectado niveles «alarmantes» de violencia en un momento en el que el país intenta pasar página a medio siglo de conflicto armado con las FARC. En este sentido, la ONG ha advertido de que el promedio de muertes violentas de activistas en Colombia es de una cada tres días.

En el PNUD, sin embargo, creen que «hay razones para la esperanza». Jamison Ervin cita el asesinato de la activista medioambiental hondureña Berta Cáceres en 2016 como detonante de la firma de un pacto vinculante entre 24 países de América Latina y el Caribe para proteger legalmente los derechos de los defensores del medio ambiente.

Un tribunal de Honduras ha declarado culpables a siete de los ocho acusados por el asesinato de la activista, que lideraba la oposición contra la construcción de una presa hidroeléctrica en territorio indígena. Los condenados podrían enfrentarse a una pena de hasta 30 años de cárcel, mientras que cuatro de ellos podrían recibir una pena adicional de hasta 20 años por tentativa de homicidio del activista Gustavo Castro.

Amnistía Internacional utiliza igualmente el caso de Cáceres para hablar de «atisbo de esperanza» para América Latina, aunque al mismo tiempo apunta que estas mejoras «son insuficientes en un contexto en el que la impunidad no es la excepción, sino más bien la regla».

También ha habido algunas «buenas noticias» en África, como por ejemplo la puesta en libertad de miles de personas en Angola en la primera mitad de 2018, las «señales alentadoras de protección» de los activistas detectadas en Angola o el indulto de la líder opositora ruandesa Victoire Ingabire.

UNA LUCHA DE TODOS

La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha advertido en un reciente mensaje de que los activistas «se encuentran en la vanguardia» de la defensa de la Declaración Universal «mediante su labor, dedicación y sacrificio».

Bachelet ha recordado que cualquier puede tomar partido: «Cualquiera que sea el lugar donde vivimos o la circunstancia en que nos encontramos, la mayoría de nosotros disponemos de la capacidad para marcar la diferencia, para mejorar nuestros hogares, nuestras comunidades y nuestro mundo en beneficio de los demás –o para empeorarlos–«.

«Es preciso que cada uno de nosotros haga lo que le corresponde con el fin de vivificar el hermoso sueño de la Declaración Universal. Porque ese fue el legado de nuestros antepasados, para ayudarnos a que nunca más tuviéramos que sufrir lo que ellos padecieron», ha sentenciado.