Cárcel para los dueños de los burdeles y multas para los clientes de la prostitución: así es el borrador del Gobierno contra la explotación sexual

«El que a sabiendas facilitara muebles, inmuebles, instrumentos o medios de transporte para la comisión de delitos relacionados con la prostitución o la explotación sexual será sancionado con la pena privativa de libertad de uno a cuatro años». Es decir, prisión para los dueños de los prostíbulos. Es una de las medidas más duras que recoge este borrador que tiene encima de la mesa la vicepresidenta Carmen Calvo. Además, se cerrará el burdel con la prohibición de volver a abrir el establecimiento y se inhabilitará a su propietario para recibir subvenciones y ayudas públicas.

Para los consumidores de prostitución establece multas de 12 a 24 meses, sanción que se convertirá para los clientes en penas de cárcel si la mujer prostituida es menor de edad. En ningún caso, la prostituta será sancionada o criminalizada ni las víctimas de la trata serán consideradas culpables, según recoge este borrador al que ha tenido acceso la SER y que propone reformas en el Código Penal.

Las víctimas de trata de la explotación sexual identificadas recibirán una acreditación con la condición de víctimas y tendrán derecho a la asistencia jurídica gratuita, a la asistencia social integral con alojamiento digno y seguro, asistencia social, médica y psicológica, intérprete, a los mismos recursos y ayudas económicas que establece la ley integral porque se consideran víctimas de la violencia de género. No será necesario que presenten denuncia contra las redes o proxenetas o colabore con la investigación o en el juicio penal para recibir protección o asistencia.

También tendrán derecho a la reparación en forma de indemnización de acuerdo con lo previsto en el Estatuto de la Víctima. Para ello, se creará un fondo especial con las sumas y los bienes incautados y confiscados a las mafias además de las partidas procedentes de los presupuestos generales del estado.

Estas mujeres dispondrán de un período de reflexión de 90 días que se le concederá de forma automática. Durante el que no podrán ser expulsadas y podrá prorrogarse para que pueda emprender su recuperación con una protección adecuada.

El texto, de 51 páginas, incluye programas educativos con el objetivo de desincentivar el consumo de la prostitución especialmente entre los jóvenes. Programas que en el Bachillerato y la FP sensibilizarán a los adolescentes frente a las consecuencias personales y sociales que la prostitución causa en quienes la demandan y en quienes se encuentran en situación de prostitución.

Los juzgados de violencia de género ampliarán sus competencias para la instrucción de los delitos de trata con fines de explotación sexual. La Delegación de Gobierno para la Violencia de Género será el órgano encargado de impulsar y coordinar todas las medidas contra la trata y proponer políticas contra el resto de formas de trata. El borrador propone la creación de un Fiscal contra la Trata de Seres Humanos y Extranjería y la figura de una Relatora Nacional independiente nombrada por el parlamento para realizar estadisticas, vigilar el cumplimiento de la ley y presentar informes anuales con los datos.

Fuentes de vicepresidencia matizan que este es uno de los tres borradores que están ahora mismo analizando y señalan a la Cadena SER que todavía no han redactado el texto definitivo de la futura ley contra la trata con fines de explotación sexual.

FOTO: Así funcionan los prostíbulos en España / ATLAS

http://cadenaser.com/ser/2018/12/07/sociedad/1544170200_602690.html?ssm=tw