12 octubre 2024

¿Cómo es posible que una medida que violenta de forma tan transparente el principio de igualdad de oportunidades sea algo tan atractivo para los políticos?

En su último informe sobre España, la OCDE, además de defender menos cargas impositivas al trabajo, más uso de impuestos verdes, y una mayor recaudación del IVA, en el ámbito fiscal pedía también reforzar el papel de los impuestos de sucesiones autonómicos.
Ponía como ejemplo la altísima exención que se aplicaba al impuesto en Andalucía desde 2018 (los cónyuges e hijos que heredan hasta un millón de euros no han de tributar nada), y concluía que “deberían reconsiderarse las desgravaciones en el impuesto sobre sucesiones concedidas a los estratos de población más acomodados”.

Si no querían caldo, dos tazas. Hace unos días supimos que uno de los primeros acuerdos a los que llegaron PP y Ciudadanos en su negociación para formar gobierno en Andalucía ha sido la eliminación total del impuesto de sucesiones, una medida que solo afectaría al pequeñísimo porcentaje de herencias andaluzas que hoy no están exentas del impuesto.

¿Cómo es posible que una medida que beneficia solo a los más ricos, que violenta de forma tan transparente el principio de igualdad de oportunidades y que implica renunciar a uno de los mecanismos recaudatorios menos distorsionadores de la actividad económica sea algo tan atractivo para los políticos? Muchos estudios han propuesto explicaciones a esta paradoja en otros contextos (el impuesto de sucesiones, aunque eficiente, progresivo e igualitario, es casi siempre impopular). Una posibilidad es que en momentos de incertidumbre económica y de desconfianza respecto a la capacidad del Estado de protegernos ante las adversidades, el acceso a los patrimonios familiares se convierta en algo más preciado para los individuos. Otra posibilidad es que la complejidad de las políticas públicas haga que hoy muchos ciudadanos no perciban los vínculos entre los impuestos y los servicios generados gracias a ellos. En ambos casos, es una crisis de confianza respecto del papel del Estado lo que provoca que medidas fiscales contrarias a los intereses materiales de la mayoría acaben siendo celebradas por amplias capas de la sociedad.

El impuesto de sucesiones es solo un ejemplo de una peligrosa deriva: si la respuesta a una crisis de confianza hacia las instituciones es privarlas de los recursos que necesitan para atender nuestras demandas, la desconfianza no hará más que aumentar. De romper ese círculo vicioso dependerá nuestra capacidad de responder a los restos colectivos a los que nos enfrentamos. Feliz 2019

. @jfalbertos

https://elpais.com/elpais/2018/12/26/opinion/1545849548_135969.html

 

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