El machismo inclina la balanza, ¿dentro o fuera de la Constitución?

Acabó 2018, un año en el que, sin lugar a duda, el concepto político-histórico más comentado, debatido y manoseado ha sido el de Constitución. Lo hemos utilizado fruto de la efeméride del 40 aniversario, en relación con el conflicto territorial de Catalunya, para ensalzar la patria o para hablar del espíritu de la transición a la democracia.

Sin embargo, hemos hablado muy poco de Constitución para defender la libertad de las mujeres y reprobar la violencia de género. La violencia hacia las mujeres es la manifestación más cruel de la desigualdad que existe en todas las sociedades y que afecta a más de la mitad de la población e igualmente, a más de la mitad de la población española.

La violencia machista es una problemática social que pone en riesgo la libertad, la salud y la seguridad de las mujeres y que por ende debe ser entendida como un problema de libertad, salud y seguridad pública. La Constitución Española de 1978 explicita muy claramente qué deben hacer los poderes públicos y el Estado en relación a estos conceptos. El Artículo 43 del texto constitucional nos dice que “se reconoce el derecho a la protección de la salud” y que “compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios”.  En relación a la libertad y la seguridad el articulo 17 explica que “toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad y que nadie puede ser privado de su libertad”.

El termómetro del constitucionalismo no ha tenido en cuenta ni la seguridad, ni la salud, ni la libertad de las mujeres, puesto que aquellos que se coronan cum laude en defensa del texto constitucional tienen un registro histórico de grados bajo cero en defensa de los derechos de las mujeres e impulso de leyes igualitarias. Algunos como el Partido Popular niegan la necesidad de introducir medidas de acción positiva para reducir las brechas de género. Rajoy ya nos dijo públicamente que “no había que entrar en eso” y entre las filas del partido de Casado rompen a aplausos cada vez que alguien en un atril dice que las mujeres del PP no están allí por las cuotas, sino porque ellas, sus mujeres, las que ellos eligen, son válidas cuestionando la valía de las demás y aceptando deliberadamente la competencia de todos los hombres, los que no necesitan cuotas para estar. Pues bien, este proceder del Partido Popular le vuelve a situar en nuestro termómetro constitucionalista en el frío invierno, puesto que es inversamente proporcional al mandato del artículo 9.2. de la Constitución del 78 “Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”. Por cierto, gracias a este bendito artículo, son constitucionales todas las leyes igualitarias que reconociendo la desigualdad entre mujeres y hombres proponen actuaciones para corregir la discriminación sexista y la violencia machista.

Cabe citar aquí otra cuestión de relevancia jurídica y constitucional en relación a la deseada y apreciada no intervención por parte del PP en las cuestiones de género.  El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (sala de lo Social) del 14 de febrero de 2018 dictaminó a través de una sentencia que la brecha salarial es un aspecto que excede de la mera legalidad ordinaria en tanto que discriminatoria y, por ende, vulnerado de derechos fundamentales. En la sentencia se observa cómo la dimensión constitucional es la clave en la que se interpreta la brecha salarial como discriminación. Por lo tanto es una obligación constitucional “entrar en eso”.

Solo si eres machista y no constitucionalista puedes estar en contra de leyes como la Ley 1/2004 de 28 de Diciembre de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.

Es importante conocer que la Ley estatal de violencia de género es muy constitucional, mucho más que el resto de legislación vigente, puesto que se ha sometido a cerca de 200 exámenes en forma de cuestiones de inconstitucionalidad, que se han ido resolviendo desde el 14 de Mayo de 2008 con sentencias de constitucionalidad favorables.

Sí señores, la Ley de violencia de género es muy constitucional y muy justa. Esta demostración empírica del asunto debería ser un “fin de la historia”, sin embargo no solo no está acallado el debate sino que la extrema derecha condiciona el apoyo a un Gobierno de la derecha en Andalucía a la derogación de la ley.

Cabe preguntarse ¿Quiénes son aquellos que no aprueban una ley contra las agresiones machistas? La respuesta es obvia, la rechazan aquellos que se benefician del machismo, es decir, los machistas que obtienen privilegios de la desigualdad y que son los mismos que justifican y ridiculizan las agresiones o acusan de desaprensivas a las mujeres que denuncian. Aquellos que son cómplices y promotores de la violencia. La conclusión es deductiva, Vox es una fuerza anticonstitucionalista cuyo enemigo público son las mujeres.

Ciudadanos es un partido construido a base de mucho eslogan, mucho marketing, mucho liberalismo económico y lo que queda, que no es mucho precisamente, de compromiso social. Un compromiso a caballo siempre del capitalismo lampante. Lo han dejado manifiestamente claro con su posición sobre el alquiler de vientres y la prostitución, depositando en manos del mercado la libertad, la salud y la seguridad de las mujeres. Por lo tanto, al igual que el Partido Popular, suspenden con calificación muy deficiente en la defensa de los valores constitucionales.

España tiene una Constitución que adolece de falta de perspectiva de género y visión feminista pero que establece principios claros para promover un país igualitario. Sin embargo, en Andalucía, se ha formado la tormenta perfecta para que el patriarcado acabe con las oportunidades igualitarias que ofrece la Constitución: PP y Ciudadanos, dos partidos con insuficiente compromiso constitucional con la igualdad de género, Vox que propone incumplir la constitución derogando las leyes igualitarias y todos ellos ambicionando el poder para destrozar los avances en reconocimiento de los derechos de las mujeres conquistado durante décadas. El poder al que aspiran la derecha y la extrema derecha se fundamenta en la dominación de las mujeres.

¿Serán PP y Ciudadanos capaces de retratarse ante la Constitución de manera tan ruin y propiciar su flagrante incumplimiento? La Constitución contempla en si misma herramientas para protegerse y garantizar su cumplimiento cuya aplicación estaría más que justificada si pretendemos salvaguardar la seguridad, la libertad y la salud de la mitad de la ciudadanía.

El pacto de la vergüenza en Andalucía es incompatible con el Pacto de Estado contra la violencia hacia las mujeres que junto al resto de partidos suscribieron PP y Ciudadanos hace dos años. Permitir infringir la Constitución desarticulando la red de recursos que atiende a las víctimas de la violencia machista supondría romper el Pacto de Estado, con sus pertinentes consecuencias.

El posible Gobierno de la derecha en Andalucía se está construyendo con líneas rojas que proponen vulnerar la Constitución y lo están condicionado quienes defienden políticas que atentan contra los derechos de las mujeres, que aunque algunos voluntariamente quieran olvidar, también son derechos humanos.