Qué estamos haciendo mal en España para que casi todos seamos más pobres

El informe no deja títere con cabeza a la hora de señalar a los culpables de que los ricos sean más ricos y las desigualdades aumenten: casi nada funciona.Coincidiendo con la nueva edición del Foro de Davos, y como viene siendo habitual, Oxfam Intermón ha publicado una nueva edición de su informe sobre desigualdad económica.

Hay titulares para parar un tren tan solo en lo que se refiere a nuestro país: una de cada seis familias españolas ha caído en la pobreza durante la crisis; nacer en un entorno de ingresos altos hará que ganes un 40% más que en un núcleo familiar de renta baja; la diferencia de esperanza de vida entre los barrios ricos y pobres de Barcelona es de 11 años, y en Madrid, de siete. La conclusión palmaria a nivel global es que, durante el último año, la fortuna de los multimillonarios aumentó un 12% mientras que la de la mitad más pobre se redujo en un 11%.

Lo que suele quedar oculto tras los titulares son las razones particulares que han llevado a cada país a dicha situación. El informe ofrece detalles en los que intenta explicar, dato a dato, qué está pasando en España para que la desigualdad se haya ampliado. La respuesta, señala, es fácil de entender: se trata del dinero, tanto en cuestión de sueldos como en la inversión destinada a protección social. Las dos fuentes de ingresos que tienen la mayoría de hogares, salarios y transferencias del sistema de protección social (pensiones o paro) se han reducido en los últimos años, una tormenta perfecta que explica “la incapacidad de nuestra sociedad para redistribuir ingresos reduciendo la pobreza e incrementando la clase media”.

Cuando el dinero no llega

Los salarios son bajos y el empleo es poco e inestable, recuerda el informe. El trabajo a tiempo parcial se ha popularizado, la rotación es alta y la duración media de los contratos se ha reducido en más de 22 días, de 72 a 49,45. El 51,65% de los trabajadores son temporales, parciales o ambos. Una vez más, todos estos factores confluyen tanto para que el mercado laboral sea un generador de desigualdad como para que “el empleo haya perdido su capacidad de movilizar a personas en situación de pobreza hacia niveles medios de ingresos”.

España genera mucha menos clase media que que los países del entorno, como muestra el gráfico anterior. No es un proceso nuevo, sino que se remonta incluso a antes de la crisis, como mostraron Luis Cárdenas del Rey y Daniel Herrero en una reciente investigación. Es, en parte, la consecuencia de la destrucción de la industria durante los 80 y los 90, cuando los trabajadores disfrutaban de más derechos laborales y una mejor capacidad de negociación colectiva que les permitía obtener remuneraciones más altas. El crecimiento basado en sectores de baja productividad y poco valor añadido (construcción, servicios inmobiliarios y comercio al por menor), donde la forma de aumentar beneficios es la contención salarial, ha contribuido a esta situación.

Esto no habría sido tan grave si, como denuncia Oxfam, los poderes públicos no hubiesen contribuido a aumentar la precariedad, dando prioridad “al beneficio empresarial frente a los salarios”. Durante la crisis, las medidas políticas se han centrado en apretarse el cinturón en materia de salarios con el pensamiento de que los beneficios se reinvirtieran, pero no ha sido así: se han destinado a dividendos y no a la expansión de la capacidad productiva o a la inversión en bienes de equipo, señala el informe citando un trabajo del ‘think tank’ Funcas.

El sistema de contribuciones reproduce las desigualdades del mercado laboral: aquellos que están fuera quedan “casi totalmente desprotegidos”

La solución, diversificar la economía hacia sectores de mayor productividad. De lo contrario, se corre el riesgo de consolidar el crecimiento en empleos de bajos salarios y de alta temporalidad y rotación. Una situación que se agravará aún más con la llegada de la cuarta revolución industrial y la automatización de empleos.

Las dos debilidades

Somos uno de los países de nuestro entorno que menos gasta en este ámbito, recuerda Oxfam. Si descontamos las pensiones, se destina 6,8% menos que Francia, 5,7% menos que Dinamarca y 2,7% menos que la media comunitaria.

No se trata únicamente de números absolutos, sino del diseño de los sistemas de protección social españoles, que presenta debilidades que no tienen otros países europeos. La vía contributiva de financiación provoca que el acceso a los beneficios y la cuantía dependa de la posición que el trabajador ha tenido en el mercado laboral. Es decir, “cuanto más haya podido contribuir, más recibirá”. Esto provoca que se reproduzcan las desigualdades imperantes del mercado laboral y que aquellos que están fuera del mismo queden “casi totalmente desprotegidos”.

Las grandes víctimas son las mujeres, los trabajadores con salarios bajos, jóvenes precarios, aquellos que no han podido cotizar y la infancia. La solución, señala el informe, pasa por “aumentar los fondos no contributivos dirigidos a protección social en los Presupuestos General del Estado”. Por el contrario, las pensiones de jubilación han ocupado un lugar predominante: los pensionistas han sido uno de los sectores más protegidos durante la crisis, lo que ha provocado que a menudo se hayan hecho cargo de las necesidades de sus descendientes, tanto hijos como nietos.

No rescatamos a tantas personas como nos permite hacerlo nuestra situación económica

La otra gran debilidad española es la función de las transferencias del sistema de protección social. Hay 617.000 hogares sin ningún tipo de ingresos, pero la inversión contra la exclusión social es tan solo de un 0,2% del PIB. Aunque en nuestro país el 28,3% de los niños vive por debajo del umbral de la pobreza, dedicamos a protección social de la infancia menos que la media de la Unión Europea y una tercera parte de lo que dedica Dinamarca a este ámbito. En resumidas cuentas, “no rescatamos a tantas personas como nos permite hacerlo nuestra situación económica”. Oxfam recuerda que, a pesar de ser la quinta economía más grande de la UE, somo los séptimos menos eficientes en la reducción de la pobreza.

El pegamento de la educación

España ha ido a peor en cuanto a las posibilidades que el sistema educativo ofrece a sus alumnos para gozar de las mismas oportunidades sociales. En nuestro país, la mitad de los descendientes de padres sin Bachillerato tampoco lo tendrán, mientras que siete de cada diez hijos de universitarios también disfrutarán de educación superior. El Abandono Educativo Prematuro, con un 18,3% frente al 10,6% de la media europea, es muy alto y está determinado por la renta familiar: hoy, un bajo nivel de ingresos influye más en que no se complete la ESO que antes de la crisis.

Los mejores empleos acaban en las manos de gente “con másteres o idiomas que solo son accesibles para hogares con más renta”

La otra consecuencia de esta situación es una amplia sobrecualificación, donde en sectores como el del transporte y el almacenamiento, tan solo a tres de cada 10 personas les sirve su carrera. Esto provoca, por una parte, que el poder de las empresas en la negociación de los salarios aumente, disparando la desigualdad, y que los mejores empleos acaben en las manos de “chicos o chicas con otros ‘pluses’ educativos (másteres, idiomas) que, al no ser de oferta pública, solo son accesibles para los hogares con más renta”. Por último, se produce el “efecto señal”, que provoca que se prefiera contratar a alguien con estudios universitarios, aunque no sean necesarios para la tarea a desempeñar.

Muchos problemas, un puñado de soluciones

Entre las recomendaciones que sugiere el informe, se encuentran las siguientes:

Salarios y empleo

Recuperar el peso de los salarios sobre el PIB antes de la crisis, hasta el 57,7% que había en el primer trimestre de 2008.
Elevar el sueldo mínimo interprofesional hasta los 1.000 euros.
Un nuevo estatuto de los trabajadores que garantice una mejor representación, impida que la subcontratación sirva para reducir costes salariales, incremente la protección por despido de los temporales, luche contra los falsos autónomos e iguale los permisos paternales y maternales.
Aumentar los recursos humanos para la inspección de trabajo.
Incrementar el número de puestos de trabajo de alta productividad y valor añadido.