Violencia de género ¿Hay que crear un registro de maltratadores?

«Detenido x degollar a su pareja cuando cumplía condena x maltratar a su ex mujer. ¿Cuándo una lista de maltratadores?». El tuit del ex delegado del Gobierno contra la Violencia de Género, Miguel Lorente, pocas horas después de que un hombre matara, ayer, a su novia cuando volvía de cumplir «trabajos en beneficio de la comunidad» por haber agredido a una pareja anterior resucita el debate, la vieja lucha entre quienes ven el vaso medio lleno de protección a la víctima y quienes lo ven medio vacío de reinserción del agresor. ¿Hay que elaborar un registro de agresores de género?

La pregunta está en el viento del Gobierno desde ayer, cuando este periódico contactó con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Y en una contestación con condicionales, el Departamento de Alfonso Alonso ofreció algunas pistas. La primera, que no rechaza de plano la idea de un registro de maltratadores. La segunda, que en el caso de que algún día se abordara «siempre sería con garantías constitucionales y perfectamente encauzado legal y judicialmente». Y la tercera, que en el universo de las medidas de protección de las víctimas, un registro así «podría ayudar mucho a la prevención de la violencia».

Hoy, el Gobierno no tiene sobre la mesa ninguna propuesta de registro de maltratadores, ni va a considerar nada parecido en lo que queda de legislatura. Pero estaría dispuesto a estudiar la elaboración de un listado de agresores de género si se cumplieran las condiciones constitucionales, se respetara la protección de datos y se delimitara quién estaría legitimado para conocer su contenido y quién para acceder al mismo. Es decir, qué áreas del Estado (seguridad, sanidad, servicios sociales…) dispondrían de esa información y qué mujeres (con denuncia, con parte de lesiones…) podrían solicitar el dato sobre un nombre concreto.

Pero, a falta de una posición actual siquiera discutida, el Ministerio recuerda un hecho relevante: la Ley para la Protección de la Infancia incluye la creación de un registro de pederastas, personas con antecedentes de abusos sexuales a menores.

Algo similar, pero referido a los agresores machistas, planteó Miguel Lorente una mañana de 2008 en el recién creado Ministerio de Igualdad. En un desayuno off the record con periodistas, Lorente expresó la necesidad de una base de datos con las identidades de los hombres que tuvieran un historial de maltrato como protección de las víctimas, un mecanismo que pudiera ser consultado por mujeres que tenían sospechas sobre sus parejas nuevas.

Dos años después, en una conferencia en Ciudad Real, Lorente expuso en público que «habría que considerar» la conveniencia de publicar un listado de maltratadores «para provocar el rechazo de la sociedad a los agresores».

Y eso era lo que había hecho en 2002 José Bono como presidente de Castilla-La Mancha al publicar 18 sentencias condenatorias con los nombres completos de sus protagonistas. Muchos juristas calificaron la medida de «retrógrada» y argumentaron que violaba el «principio de rehabilitación de la persona».

Ayer, Miguel Lorente desgranó a EL MUNDO su proposición. «Una cosa es publicar y otra publicitar. Yo hablo de lo primero. Un registro es un mecanismo preventivo, una medida de protección de la víctima. Si el riesgo de la violencia repetida existe, porque hay reincidentes, una base de datos es una forma de mejorar la información para evitar el peligro, una manera de identificar que alguien ha maltratado a parejas anteriores y, por tanto, que una mujer puede estar en una situación grave».

Lorente tira de la última macroencuesta del Gobierno, que dice que la inmensa mayoría de mujeres no denuncia «por miedo o vergüenza». «Si hay un factor, con un hombre controlador, que aísla a la mujer o incluso ya la ha agredido, y resulta que la mayoría de víctimas no denuncia, un registro daría a esas mujeres la opción de saber si el hombre con el que está ha maltratado a otras. Es una manera de protegerlas».

Lorente apuesta por discutir el cómo. O sea, si la lista debería incluir cualquier maltrato o a partir de cierta gravedad, qué precisaría la víctima para acceder al registro y qué organismos podrían disponer de esa información. «Todos los años hay mujeres asesinadas por hombres que tenían antecedentes de maltrato a otras mujeres. ¿Qué hacemos?».