El Gobierno recupera por decreto la cotización de las cuidadoras no profesionales de dependientes

El Gobierno ha decidido incorporar a su decreto de «medidas urgentes para la igualdad de trato y oportunidades» para antes del fin de la legislatura la recuperación de las cotizaciones a la Seguridad Social de las cuidadoras no profesionales, es decir, de las personas que se dedican exclusivamente al cuidado de sus familiares dependientes. La poda presupuestaria puesta en marcha por el Gobierno de Mariano Rajoy (PP) se llevó por delante un buen pedazo del sistema de atención a la dependencia y, entre los primeros recortes de 2012, estuvieron esas cotizaciones.

Se trata de una partida que estaba contemplada en la Ley de Dependencia de 2007 y que, al nacer, generó polémica porque podía perpetuar la precariedad de las personas al cargo. La extinción de ese derecho, que conllevaba que los años de cuidados contasen para la jubilación, afectó en 2012 a unas 145.000 personas, alrededor del 40% del total de cuidadoras que hay en España –el 60% tienen otros trabajos paralelos o están jubiladas–. «Lo que más rabia dio es que fuese casi lo primero que se adoptó: quitar el reconocimiento laboral a los cuidados», cuenta Raúl Espada que es trabajador social. ¿Qué implica que ahora vuelva esta cotización, que también estaba incluida en el acuerdo presupuestario para 2019 frustrado entre PSOE y Podemos?

Cuando en julio de 2018 la exministra Carmen Montón anunció que pretendía llevar a cabo este plan , cifraba a sus beneficiarios en 180.000 personas.  Alrededor del 90%, mujeres. Cuidadoras como Ana, que ahora tiene 60 años y lleva desde los 21 atendiendo a su madre, Francisca, calificada como Gran Dependiente (Grado III). Ana acababa de terminar su diplomatura en Empresariales cuando Francisca sufrió un derrame cerebral. Ya no pudo volver a trabajar por cuenta ajena ni coger las riendas del negocio familiar, como tenía previsto cuando estudiaba.

Ana, que vive en Vitoria, llegó a cotizar como cuidadora 5 años, desde que en 2007 se implantó la Ley de Dependencia hasta 2012. Con el total de su vida laboral llega a los siete. Y luego hace cuentas: de no haber perdido el derecho a estar afiliada, ahora sumaría 14 años. «Cuando pude cotizar fue una alegría, sentí que una ventana se abría para mí. Y cuando nos lo quitaron, una pena inmensa: yo con 52 años y cuidando de mi madre desde hacía tanto no era una opción realista trabajar. Cuando eres joven y empiezas a cuidar a tu familia lo haces por amor, pero a esta edad me planteo muchas cosas», se sincera. También tuvo a su cargo durante 13 años a su padre tras perder las piernas en un accidente de tráfico hasta que falleció en 2008. Entre sus dos progenitores recibían 650 euros en total, recuerda.

«Tengo 60 años, me voy a hacer mayor yo y no voy a tener ni quien me cuide ni medios. Me alegro si realmente recuperamos el derecho a cotizar a partir de ahora pero espero que, por estos años que nos la han quitado, se nos dé una compensatoria o nos pidan menos tiempo, sería lo justo», reclama Ana. Nunca se ha planteado llevar a Francisca a una residencia, entre otras cosas por las listas de espera de la pública y la imposibilidad de pagar la privada.

«Al Estado le sale muy barato un familiar cuidando»

África también vive en la provincia de Álava y también cuidó a su madre, María, durante mucho tiempo: 11 años. Ella hoy tiene 63 y llegó a cotizar uno por esos cuidados, hasta que María falleció con Alzhéimer en 2008. Un tiempo en el que tuvo un derecho gracias al cual pudo llegar al mínimo –»me quedaban unos meses»– para cobrar «la famosa paga de los 52 años». Antes de estar dedicada en exclusiva a su madre, había compaginado los cuidados con la lista de interina como celadora de hospital.

«Había que estar todo el día con ella, requería atención 24 horas: aseo, comidas, cambio de pañal, cenas…», rememora África sobre su rutina de entonces, cuando también vivía con un hijo con una discapacidad que siempre fue «muy autónomo y muy valiente». Ahora África y su marido salen adelante con la jubilación de él y con esa paga que a ella le quedó, de 400 euros. «Me vino muy bien que ese último año me tuvieran asegurada y poder dedicarme a mi madre más tranquila. Llegó un momento en el que no podía ser de otra manera».

Sí pagaba a una persona que la liberaba a ella y al resto de su familia algunos fines de semana. Uno de los argumentos que el gobierno de Rajoy utilizó en 2012 para derogar este derecho a cotización fue precisamente que se cambiaría por prestaciones económicas para sufragar servicios profesionales y de esa forma se generaría empleo. Pero, en muchos casos, las ayudas tardan en llegar y no son suficientes para cubrir las necesidades.

«No es incompatible contratar a alguien con ser cuidador no profesional, los familiares que se dedican a eso también necesitan ayuda. Hasta ahora, ni cotizan, ni en muchos casos les llega para pagar a nadie», explica el trabajador social, colaborador en la asociación ASCUDEAN, Raúl Espada. «Al Estado le sale muy barato tener a una persona cuidando a un dependiente 24 horas los 7 días a la semana, ¿qué jornada laboral es así, y encima a cambio de cambio de esa cuantía?», se pregunta.

«Somos completamente invisibles»

Elena [nombre ficticio], es profesional liberada y fue cuidadora de 2000 a 2018 de su padre y de su madre sucesivamente: «Tuve que dejar de trabajar muchas horas y me repercutió económicamente.» Su madre falleció 8 meses después de que se le aprobara la ayuda, sin llegar a cobrarla. «Somos completamente invisibles», lamenta Elena, que colabora en la agrupación barcelonesa Cuidadors Familars, a donde llegan muchas personas con el problema de la afiliación. «No hay ayuda ni voluntad. Que los mayores y sus cuidadores se queden en casa encerrados y no molesten, eso es lo que se quiere».

Raúl Espada remarca que el derecho a cotización es una cuestión sobre todo material, pero también de reconocimiento: «Qué menos. La familia que está cuidando realiza una labor importantísima para la sociedad y ahorra mucho dinero al sistema».  Y además insiste: «Es importante remarcar que son mujeres las que dejan su carrera por el cuidado, en su inmensa mayoría. Como se habla de la igualdad en convenios laborales, hablemos de la igualdad en la cotización».

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