La campaña más intoxicada (1)

El ascenso de Vox en las encuestas se enmarca en el auge de una nueva industria: la compra-venta de datos, la segmentación de públicos y la difusión de fake news personalizadas a través de Facebook y WhatsApp. El objetivo: condicionar el voto de millones de personas.

Todos los partidos, uno detrás de otro, se pusieron de acuerdo en modificar la Ley de Protección de Datos. Todos habían oído hablar de Cambridge Analytica, de la manipulación informativas en las elecciones de Brasil y, por supuesto, del referéndum del Brexit. Y se pusieron de acuerdo en un artículo, el 58 bis. Un cambio sobre una ley gris que, sin embargo, abre más la puerta a la manipulación de procesos electorales, empezando por las generales del 28 de abril. Algo que lo cambia todo y sobre lo que no se sabe mucho.

“No parece muy inteligente, lo que parece es bastante oportunista”, opina la periodista experta en tecnología, Marta Peirano, que en abril presenta su libro El enemigo conoce el sistema. El 58 bis nació para que los grupos políticos puedan hacer campañas diferenciadas, elaborar perfiles, segmentar públicos, que permitan lanzar mensajes personalizados o más ajustados a las necesidades de campaña. Ahorrar en publicidad en los buzones —lo más caro de las campañas— y eliminar otros intermediarios.

Con el sistema electoral vigente, y las herramientas de perfilado que aporta nuestra huella digital, la búsqueda de los votos se transforma completamente respecto a los procesos anteriores. Elena Gil, abogada especialista en protección de datos, cree que es arriesgado decir que las prácticas que ampara la nueva norma no se hayan usado anteriormente, porque, en este caso —como en el dopaje en el deporte— las trampas van por delante de las regulaciones, “lo que sí es realmente nuevo es que por fin tomamos conciencia”. La norma, indica Gil, abre la puerta a que se popularicen estas prácticas.

El caso de un adolescente que ha recibido, a sus 17 primaveras, mensajes de tres partidos en campaña, evidencia que la carrera comenzó hace meses. Y el escenario predominante es WhatsApp

La fórmula se repite. El partido pone sus bases de datos a disposición de empresas de marketing dedicadas al análisis de datos y vendehumos. Legalmente no pueden ceder los datos, y cualquier empresa incurriría en un delito si usa esas bases posteriormente, pero en campaña los partidos pasan los datos a esas agencias, que los analizan cruzándolos con la huella digital de los sujetos de interés: qué compra, qué vende, con quién interactúa, a qué dedica el tiempo libre. Plantean campañas segmentadas —la palabra se repite una y otra vez—, aportan una serie de conclusiones y soluciones, en forma de campañas específicas o abiertas que tenga “perchas” para esos consumidores de oferta electoral.

Contra esto, la ley establece como única garantía el derecho de oposición, pero el problema, indica Gil, es que no es tan sencillo, ya que los legisladores no lo han puesto fácil. Gil forma parte del Grupo Secuoya, una plataforma de abogados, que ha puesto en marcha la Lista Viernes, para que la ciudadanía solicite que no se utilicen sus datos en ese proceso de “spam político”. En pleno proceso de financiación —a través de una campaña de crowdfunding—, la lista solo funcionará, indica esta abogada, “si mucha gente se inscribe y comienza a hacer presión social para pedir garantías y transparencia a los partidos”. El problema, señala Gil, es que, al contrario que con las empresas comerciales, para las que existe la Lista Robinson, la legislación no obliga a los partidos a consultar estos listados, de manera que, quien se apunte, no puede estar seguro de que sus datos no serán usados en la campaña.

El caso de un adolescente que ha recibido, a sus 17 primaveras, mensajes de tres partidos en campaña, evidencia que la carrera comenzó hace meses. Y el escenario predominante es WhatsApp. La red de mensajería instantánea, propiedad de Facebook, tiene una ventaja comparativa para los partidos: su total opacidad. “Es totalmente imposible saber de qué habla el público en WhatsApp”, explica Daniel Gayo-Avello, investigador en social media. “Eso significa que si se usa la aplicación de mensajería como vector para difundir desinformación no se puede saber hasta que alguna persona traslada ese bulo a Twitter o Facebook.

La propuesta de X.net es sencilla: rastrear el dinero hasta encontrar quiénes se benefician de la desinformación: casi siempre Gobiernos e instituciones como los partidos políticos

Los analistas además, insisten en que el bulo y su desmentido —que puede provenir de medios convencionales o de agencias de verificación como Maldita o Newtral— se transmiten por vías distintas. Más específicamente, alcanzan burbujas o comunidades distintas y compartimentadas para que no se toquen. Normalmente, el bulo —sólo cuando alguien ha pagado para su difusión— encuentra más público que su desmentido.

Desinformación

El 20 de marzo, el colectivo X.net publicó el borrador de su informe Fake you: Fake news y desinformación, un trabajo que quiere ser “un arma contra la falsificación informativa” y que su coordinadora, Simona Levi, quiere presentar antes de la campaña electoral ya que “la situación es más grave de lo que parece”. La propuesta de X.net es sencilla: rastrear el dinero hasta encontrar quiénes se benefician de la desinformación: casi siempre Gobiernos e instituciones como los partidos políticos, denuncia este colectivo. 

Es toda una industria, señalaba Levi en la rueda de prensa de presentación del informe, que se basa en un sistema vertical: “Las fake news —bulos o desinformaciones— que cambian percepciones lo hacen como fruto de una inversión fuerte”, indica esta investigadora. Por 3.500 euros, un partido puede adquirir un millón de robots sociales o bots, los más conocidos de entre los dispositivos de pastoreo digital. Su utilidad es variada: desde lo más sencillo —aumentar la masa de seguidores de una celebrity, partido o institución— hasta difundir etiquetas para conseguir ser tendencia en las redes sociales, pasando por lo más futurista: contestar desde la provocación o la adhesión —gracias al machine learning—, intoxicar debates sanos e influir en los medios convencionales.

“La sociedad ya es consciente de que ciertas prácticas intrusivas pueden ser manipulación, pero nunca sentimos que nosotros somos sujetos de manipulación”, señala Gil

Las imágenes de las granjas de bots españolas muestran filas de móviles conectadas a una consola desde la que se mueven cientos de miles de perfiles. El menú que ofrecen incluye bots, ciborgs, prácticas de astroturfing o flodeo. Palabras de novela ciberpunk para un tiempo en el que todo el mundo es susceptible de ser manipulado. “La sociedad ya es consciente de que ciertas prácticas intrusivas pueden ser manipulación, pero nunca sentimos que nosotros somos sujetos de manipulación”, señala Gil.

La parte opaca de la oferta de perfilado y análisis es explotada de forma diferente en los tres principales canales: Twitter, Facebook y WhatsApp. En Twitter, “quizá el mayor problema sea la capacidad de grupos pequeños que, usando medios automáticos —bots y cuentas falsas—, pueden fijar la agenda y obligar a los medios a tratar temas que no formaban parte del plan original de los candidatos”, indica Gayo-Avello.

Facebook se ha convertido en el eje sobre el que han girado los escándalos de manipulación más importantes de la historia. A partir de unos pocos euros, una noticia falsa, descontextualizada o agresiva, puede recorrer los muros de la comunidad previamente seleccionada. En los últimos tres meses de la campaña electoral estadounidense de 2016, la red social de Mark Zuckerberg difundió 20 noticias que fueron más leídas, compartidas y valoradas que las 20 más exitosas de los medios tradicionales. Las 20 entran en la definición de noticias falsas.

WhatsApp se hizo célebre con las elecciones brasileñas, en las que la de­sinformación pasó bajo el radar hasta las últimas semanas de campaña, cuando ya era tarde. Peirano explica que uno de los últimos esfuerzos “fue engañar a la gente sobre cómo votar” y para disuadirles de acudir a los colegios electorales. “Las campañas clandestinas por WhatsApp no son una herramienta que hayamos tenido antes, tampoco se parece a ninguna”, señala esta periodista de Eldiario.es. La clave es la capacidad de enviar un mensaje masivo, de forma rápida y sin garantía de veracidad. Peirano lo lleva al extremo: “Puedes hacer una campaña diciendo que Pedro Sánchez mata perros por las noches. Una campaña de marquesinas tiene que ser aceptable, una en WhatsApp no”.

“Seguir el dinero”, insiste Levi, quien plantea la necesidad de una legislación que ataque la financiación de quienes propicien la difusión de informaciones falsas, que aplaque a los monopolios que invierten grandes cantidades de dinero en la manipulación y que fije los criterios económicos bajo los que los partidos se plantean campañas oscuras de propaganda, una puerta abierta a la corrupción informativa. Porque, como señalan desde X.net, la clave no es que una información sea falsa, sino cómo, cuándo y entre quién se difunde.

Daniel Gayo-Avello matiza que no hay “datos duros” que permitan afirmar que la influencia de Facebook y WhatsApp fue determinante en las elecciones de Brasil y EE UU, aunque apunta que el principal impacto es el cocktail de tecnología con métodos políticos maliciosos: “La gran diferencia es que ahora la segmentación puede hacerse con mayor precisión, la propaganda puede ser más intrusiva y la desinformación constituye una parte importante —si no la mayor— de la dieta informativa de la ciudadanía”.