El PSOE promete abolir la prostitución en su programa electoral

Los vientres de alquiler, la tasa rosa y la educación afectivosexual están también en el proyecto socialista

La abolición de la prostitución y un «no» a los vientres de alquiler son compromisos que, finalmente, el PSOE ha adquirido en su programa electoral para las elecciones generales del 28 de abril. El documento, que los socialistas han hecho público este lunes, incluye otras medidas como la eliminación de la tasa rosa —el incremento en el precio de un producto solo por estar dirigido a una mujer, especialmente en los de higiene femenina—, la educación afectivo-sexual para los jóvenes, el consentimiento de la mujer como eje en la revisión de los delitos sexuales en del Código Penal y la conciliación y la racionalización de los horarios para fomentar la corresponsabilidad.

Muchas de las propuestas del texto socialista forman parte del documento que la pasada semana presentaron 40 colectivos feministas; 83 medidas que entregaron a los partidos el pasado 11 de abril y entre las que destacaban una postura clara contra la prostitución y los vientres de alquiler, dos de los asuntos de más interés en el movimiento feminista. En ambas cuestiones, el PSOE se alinea con la mayoría. Propone aprobar la ley integral contra la trata y nuevas medidas legislativas, entre ellas, «una figura jurídica que permita sancionar penalmente a quienes contribuyeran o se beneficiaran de la prostitución ajena, lo que contribuirá a desmantelar la industria de la prostitución» y sancionar «la demanda y compra de prostitución».

Esa sanción a quienes paguen por tener sexo ya fue incluido en el programa de 2016, sin embargo, en el documento con el que los socialistas han estado trabajando hasta este lunes, el de las 110 medidas, no aparecía. Finalmente, y tras «algo» de «debate» entre sus filas —primero, sobre «si se metía o no» y después sobre «el cómo»—, fue incluido, según fuentes del partido. «La prostitución, de la que nos hemos declarado abolicionistas, es uno de los rostros más crueles de la feminización de la pobreza, así como una de las peores formas de violencia contra las mujeres», apunta el texto, que también incluye medidas contra la «publicidad de servicios y contenido sexual y la recuperación integral de las personas que han sido explotadas, con atención específica a menores».

Estas propuestas formaban parte del borrador del PSOE al que EL PAÍS tuvo acceso el pasado diciembre para poner en marcha una legislación contra la trata y del que el partido quiso distanciarse. Arguyeron que era solo uno de los documentos que se manejaban para elaborar dicha ley, «preliminar» y «el más alejado» de sus planteamientos. El documento, titulado Proyecto de Ley Integral contra la trata de seres humanos y en particular con fines de explotación sexual, proponía la modificación de media docena de leyes, entre ellas el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por la que la prostitución, que ahora es alegal, pasaría a ser ilegal en España.

En aquel momento, la conversación dentro del partido giraba en torno a dos aspectos. Sobre si el contenido debería centrarse solo en la trata con fines de explotación sexual o en general, algo que el programa electoral cierra en torno a la primera opción; y sobre el nombre de la futura ley, si tendría que incluir o no la palabra prostitución, algo que queda añadido en el texto electoral, junto a otras claves del borrador como el castigo al cliente y una figura jurídica para perseguir tanto a los proxenetas como a cualquiera que se beneficiera o contribuyera a la prostitución.

El otro gran debate, el de los vientres de alquiler, que enrarece las relaciones entre el movimiento feminista y el colectivo LGTB, queda zanjado en el programa socialista: «Decimos NO a los vientres de alquiler». El documento se compromete a «actuar» frente a las agencias, «que ofrecen cada año a cientos de familias españolas esta práctica a sabiendas de que está prohibida en nuestro país». Argumenta que la gestación por sustitución o gestación subrogada es un «eufemismo» que «socava los derechos de las mujeres, en especial de las más vulnerables, mercantilizando sus cuerpos y sus funciones reproductivas».

Otras propuestas del programa electoral socialista

• Igualdad laboral. Incluyen, entre otras medidas, la equiparación de los permisos de maternidad y paternidad —que actualmente está en ocho semanas y que pasará hasta las 16, de forma progresiva, en tres años—, el impulso de la obligatoriedad de planes de igualdad en empresas a partir de 50 empleados, la recuperación de las cotizaciones a la Seguridad Social para las cuidadoras y cuidadores no profesionales del Sistema para la Autonomía y atención a la Dependencia, un «plan de choque» para la promoción de las mujeres en trabajos emergentes, más inspecciones de trabajo contra la brecha salarial y un incremento de las sanciones.
• Usos del tiempo. Proponen un gran pacto social y una futura ley de usos del tiempo y racionalización de los horarios «que debe contemplar dos ejes principales: la igualdad entre hombres y mujeres y el impacto del uso del tiempo en uestros menores y nuestros mayores».
• Lucha contra la violencia de género. Se comprometen a la transposición del Convenio de Estambul al ordenamiento jurídico español, a crear protocolos de intervención específicos para las mujeres que retiran las denuncias por violencia machista, a incorporar en todas las etapas educativas formación en igualdad, educación afectivo-sexual y de prevención de la violencia de género, una reforma legislativa «para garantizar la suspensión del régimen de visitas de menores» por parte de padres o tutores legales que estén cumpliendo condena por violencia machista y para que no haya una «custodia compartida impuesta».
• Revisión de la regulación de los delitos sexuales. Aseguran que el delito de abuso sexual será suprimido y que se colocará el consentimiento como clave: «Si una mujer no dice sí, todo lo demás es no».
• Pornografía. Apuntan a una «protección reforzada de los menores para evitar el acceso a la pornografía, sujeta a las medidas más estrictas en línea con la nueva normativa audiovisual del Parlamento Europeo».
• Derechos sexuales y reproductivos. Prometen una red de centros de salud sexual y centros para jóvenes, el «restablecimiento» en el servicio público de «los tratamientos de reproducción asistida para todas las mujeres, independientemente de su orientación sexual y estado civil».