Insistimos en un aspecto que nos preocupa mucho: el modelo actual de producción y consumo es insostenible, está acabando con los recursos del planeta y acelerando el cambio climático
En esta primavera electoral y ante la situación global que estamos
viviendo protagonizada por el aumento de la desigualdad y el deterioro
medioambiental, la Coordinadora Estatal de Comercio Justo nos sumamos a las propuestas que hace REAS (Red de Redes de Economía Social y Solidaria) dirigidas a los partidos políticos.
Las organizaciones de Comercio Justo también creemos que es necesario y
urgente que las políticas públicas a todos los niveles aborden
cuestiones como el cambio climático, la explotación de personas y
recursos naturales, las condiciones laborales indignas, la falta de
transparencia y responsabilidad corporativa, la desigualdad de género o
la falta de oportunidades para las personas más desfavorecidas. Por
ello, basándonos en los mismos principios y valores, y ante la necesidad
de otro modelo económico y comercial, hemos concretado dichos
planteamientos en varias medidas fundamentales para el movimiento del
Comercio Justo.
Y no estamos pidiendo la luna, estamos
pidiendo medidas posibles. Una de nuestras reivindicaciones es el
desarrollo de una ley que obligue a las empresas a garantizar los
derechos humanos y proteger el medio ambiente a lo largo de toda la
cadena de fabricación tanto dentro como fuera de nuestras fronteras.
Esta ley ya es una realidad en Francia desde hace dos años. Conocida
como Ley de Diligencia Debida, fue aprobada en 2017 después de un
intenso debate parlamentario y a partir de una campaña de incidencia
llevada a cabo por varias organizaciones sociales y la ciudadanía. Se
trata de una ley que demuestra que la prevención de riesgos tanto de
violación de los derechos humanos como de perjuicios ambientales debe
ser una obligación legal para las empresas transnacionales.
En
esta misma línea, pero en el ámbito europeo, solicitamos a los próximos
europarlamentarios/as que se comprometan a hacer un trabajo específico
para que la Unión Europea apoye el desarrollo de un Tratado
Internacional Vinculante, actualmente en negociación en Naciones Unidas,
que obligaría a las empresas transnacionales al respeto de los derechos
humanos y medioambientales. En paralelo a este Tratado solicitamos que
se establezca un mecanismo jurídico internacional que garantice la
aplicación del mismo y medie frente a los posibles abusos de las
empresas.
Por otro lado, las organizaciones de Comercio Justo
insistimos en un aspecto que nos preocupa mucho: el modelo actual de
producción y consumo es insostenible, está acabando con los recursos del
planeta y acelerando el cambio climático. Además genera un enorme
impacto a diferentes niveles en multitud de comunidades, especialmente
en las zonas más pobres del planeta. Por ello creemos que es
absolutamente necesario incorporar una mirada ambiental y social en
todas las políticas que se desarrollen.
Pero esto tampoco es
algo que digamos solo nosotros o que solo nos preocupe al movimiento del
Comercio Justo. En 2015 Naciones Unidas estableció los Objetivos de
Desarrollo Sostenible que deben ser cumplidos antes de 2030, y uno de
ellos -en concreto el número 12- especifica la necesidad de un consumo y
producción sostenibles. En este sentido lo que pedimos es que las
políticas públicas, particularmente aquellas referidas al desarrollo
productivo y/o comercial, estén alineadas con la Agenda 2030 de Naciones
Unidas. Tampoco en esto estamos pidiendo la luna. Solo les estamos
recordando a nuestros representantes políticos el compromiso que
adquirieron.
Por último, y aunque la ciudadanía cada vez es
más consciente de los impactos que genera el consumismo, es muy
importante seguir fomentando el consumo responsable.
Creemos que solo con una ciudadanía implicada podremos enfrentarnos a
los retos globales actuales. Por ello, solicitamos a los y las futuros
representantes políticos apoyo para contribuir a crear una sociedad más
concienciada, crítica y solidaria a través del desarrollo de campañas
informativas dirigidas a distintos públicos (escolares, jóvenes, PYMES,
consumidores/as…) así como la incorporación de estos temas en la
educación formal y no formal.
En la actualidad, los ciudadanos
y ciudadanas estamos comprobando los efectos del cambio climático,
estamos viendo cómo en los últimos años el famoso 1% de la población más
rica recibe el doble de ingresos que el 50% más pobre, estamos
sufriendo los impactos de la globalización y la deslocalización de la
producción…Por todo ello, defendemos y pedimos a los partidos políticos
que la economía esté al servicio de las personas y el medio ambiente, no
al revés. No estamos pidiendo la luna. Solo voluntad para llevar a cabo
políticas más humanas y respetuosas.