Eurodiputadas alertan del peligro del tratado con EEUU tras acceder a sus entrañas
Hay que pedir cita, firmar una cláusula de confidencialidad, despojarse de todos los objetos electrónicos, y en ocasiones incluso del bolígrafo. Todo, para tener acceso durante dos horas a parte de los documentos del Tratado de Libre Comercio que Bruselas y Washington negocian a marchas forzadas, y que tras las reiteradas críticas contra la opacidad de las negociaciones ya pueden ser consultados por los eurodiputados. Sin embargo, estos representantes elegidos directamente por los europeos tienen completamente prohibido revelar un solo detalle, bajo la amenaza de enfrentarse a sanciones administrativos o incluso a procesos penales.
Tres europarlamentarias de diferentes grupos han narrado a Público los pocos detalles que la prudencia les permite desvelar, no sin criticar la ausencia de transparencia en una negociación que influirá en las vidas de todos los ciudadanos a ambos lados del Atlántico.
Dos pertenecen a formaciones abiertamente contrarias al polémico acuerdo por la ausencia de respuestas concretas de Bruselas a sus dudas y preocupaciones, por el excesivo peso de las multinacionales en unas negociaciones que han relegado a la sociedad civil a un segundo plano, o por el enorme poder que el acuerdo confiere a estas corporaciones, principales impulsoras del tratado junto a liberales, conservadores y socialdemócratas en la Eurocámara.
Después de acceder a una pequeña parte de las entrañas del TTIP (Transantlantic Trade and Investment Partnership), Marina Albiol (IU) y Lola Sánchez (Podemos) confirman su oposición frontal al acuerdo y aseguran que seguirán trabajando para evitar su ratificación. Incluso, Maite Pagaza, de UPyD – que ni siquiera está en contra del acuerdo-, reconoce que «el oscurantismo» de Bruselas «ha contribuido a generar desconfianzas».
Sánchez: «Es un tratado para las multinacionales»
La europarlamentaria de Podemos Lola Sánchez accedió a parte de los documentos el pasado martes 3 de febrero en Bruselas. A excepción de sus gafas y de un pañuelo de papel, Sánchez debió dejar todas sus pertenencias en un armario a las puertas de la reading room, en la que ni siquiera le permitieron usar su propio bolígrafo, ni tampoco su cuaderno, aunque sí le entregaron un sobre con hojas marcadas con su nombre para que tomara notas.
Sánchez describe la sala de lectura segura de la UE como una habitación con paredes cubiertas de cajas fuertes en las que se almacenan los textos del tratado. En una mesa, y bajo la atenta mirada de una funcionaria, la eurodiputada pudo estudiar el resumen de la octava ronda de negociaciones, celebrada hace apenas un mes. Una marca de agua del mismo color que las letras del documento dificultaba la lectura del texto, enteramente en inglés y cargado de tecnicismos.
De los documentos que tuvo en sus manos, Sánchez destaca el «agresivo liberalismo» de Bruselas en las negociaciones, y el hecho de que en función de la materia consultada EEUU igualase o incluso superase a la UE en la defensa de los valores neoliberales. «Es un tratado hecho para las multinacionales», asegura, antes de criticar la dificultad para acceder a documentos con las ofertas y exigencias de Washington, porque EEUU «prohíbe a la UE hacerlos públicos».
«Es un juego de póquer entre ambas partes, yo te doy y tú me das», esgrime, asegurando que su formación seguirá con su estrategia de rechazo al TTIP o incluso «la fortalecerá». También tiene claro que continuará consultando estos documentos, y que las medidas de seguridad impuestas por la Comisión «no son proporcionadas».
Tras leer decenas de folios, apenas una pequeñísima parte del acuerdo, Sánchez tiene claro que su preocupación por las posibles consecuencias del tratado transatlántico no ha hecho más que crecer.
Albiol:»No me quedo nada tranquila»
Marina Albiol, eurodiputada de IU (Izquierda Unitaria Europea, el mismo grupo que Podemos) accedió a un documento relacionado con la protección de datos este mismo jueves, durante las dos horas de rigor que establece la UE. «No me quedo tranquila en absoluto», asegura. «Creo que cada información nueva, no sólo éste documento, deja más claro el recorte de derechos que vamos a sufrir», denuncia.
Albiol ha tenido que leer los 15 folios del documento con las medidas de seguridad que establece la UE, firmar una declaración solemne comprometiéndose a mantener la confidencialidad del contenido del texto que ha consultado, y no ha podido utilizar su teléfono móvil ni otros dispositivos en ningún momento.
En su caso, al celebrarse el pleno de esta semana en Estrasburgo, la funcionaria encargada de supervisar el proceso de lectura la ha recibido en su despacho, y no en la reading room de Bruselas, que cuenta con unas medidas de seguridad algo más estrictas. «Ha sido menos peliculero de lo que imaginaba», afirma, antes de cuestionarse para qué sirve acceder a estos textos si no puede contar una palabra, cuando su obligación es «informar a los ciudadanos».
«Intentaré ver todos los documentos que me dejen, como los relacionados con el ISDS», afirma. El ISDS (Investor State Dispute Settlement) es precisamente uno de los puntos más polémicos del acuerdo, una cláusula de protección de inversiones que permitirá a las multinacionales demandar a los estados en los que realicen inversiones ante paneles arbitrales, y no ante las justicias nacionales, de considerar estas corporaciones perjudicadas sus inversiones por cambios normativos aplicados por estos estados.
«Me voy con la idea de que tenemos que seguir currando para que este tratado no llegue a firmarse, es el objetivo número uno de la izquierda europea», zanja.
Pagaza: «La mayoría de europeos no pueden acceder ni a los documentos públicos
La eurodiputada de UPyD Maite Pagaza aclara desde el minuto cero que su formación no es contraria al acuerdo, pero sí reconoce que «el oscurantismo ha contribuido a generar desconfianzas», y matiza que «parte de ellas son objetivas, y otras sólo contextuales».
Del grupo de los liberales en la Eurocámara, UPyD dice no tener aún una opinión formada sobre la alianza comercial, «ya que no han concluido las negociaciones y no hemos tenido acceso al texto», aunque «eso no significa que cualquier acuerdo sea aceptable», explica Pagaza, que visitó la reading room el pasado 25 de febrero.
«Más allá de la cuestión de cómo están clasificados los documentos, la gran mayoría de los ciudadanos europeos no puede acceder a las fuentes que sí son públicas», critica.
Pagaza se refiere al hecho de que los documentos publicados por la Comisión en internet sólo están disponibles en inglés. Su formación ya ha desarrollado una iniciativa en la Eurocámara para promover mejoras en la accesibilidad lingüística, y la parlamentaria asegura que seguirán estudiando los textos públicos y los restringidos, para poder formarse una opinión «seria» sobre el polémico acuerdo.
