Cuando el respeto de los derechos humanos deja de ser un debate de salón
Actuar con responsabilidad y respeto por el entorno en el ejercicio de su actividad es una cuenta pendiente de gran parte del sector empresarial, pero hay ejemplos de cambio
El pasado mayo, el presidente de la República de Namibia, Hage Geingob, declaraba el país bajo emergencia debido a los últimos fenómenos climáticos. Actualmente, el Estado africano sufre una dura sequía que azota a toda su extensión, incluyendo la región de Omusati. En esta zona, situada al norte y fronteriza con Angola, se trabaja hoy día en un proyecto de desarrollo económico conformado por varios actores con perfiles muy variados. Por un lado se encuentra la comunidad, las autoridades tradicionales y las autoridades locales, y por otro una empresa y una agencia de cooperación internacional para el desarrollo. Concretamente entre Oshifo y Ruacana se ubica el proyecto en el que nuestra empresa, Zabala Innovation Consulting, ha podido trabajar en el ámbito de los derechos humanos.
El ya famoso principio 17 de los principios rectores sobre empresas y derechos humanos de Naciones Unidas, centrado en promover determinados estándares de calidad, la llamada debida diligencia empresarial, establece uno de los grandes retos del sector: respetar los derechos humanos en el ejercicio de su actividad y convertirse en actores sociales que promueven el respeto de los mismos. El proceso de transformación, lejos de parecer sencillo, encierra un reto tan relevante como es el cambiar la mentalidad de todos los actores respecto al papel de las empresas en la promoción y respeto de los derechos humanos y cómo se implican en el logro de la gran agenda internacional de la cooperación: los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Especialmente el relativo al número 17, sobre las alianzas entre distintas entidades de diversa naturaleza como ONG, comunidad, empresas privadas, gobiernos, etc.
Se habla mucho en debates académicos o de expertos sobre cómo deberían actuar las empresas, pero se practica poco en el devenir diario de estas pese a que su exigibilidad jurídica avanza de manera imparable en los diferentes marcos regulatorios nacionales e internacionales. Recientemente hemos podido vivir en carne propia una nueva experiencia, abandonábamos nuestra zona de confort, si se puede llamar así, de América Latina, y nos aventurábamos en el reto de implementar estos estándares con comunidades campesinas y nativas del norte de Namibia con un proyecto agroindustrial. La primera vez que nos reuníamos con las personas representantes de cada comunidad, la gran cuestión era: “¿Quieren que nosotros participemos sobre cómo nos afectará la empresa que se instalará aquí?”. Para ellos, pueblos practicamente aislados, con unos niveles de pobreza inhumanos, formar parte de este proceso como protagonistas de su propio cambio, era una gran y positiva sorpresa.
En una última reunión con las autoridades tradicionales de toda la zona, se pactaron los criterios y acciones que supondrán un beneficio para todas las partes. Después de un año de trabajo aplicando metodologías participativas, analizando con todas las comunidades los impactos, se ha conseguido incorporar la licencia social en el proyecto. Además, tal es el éxito de esta iniciativa que una de las agencias internacionales para el desarrollo de Europa, se ha comprometido a apoyar el desarrollo económico y social de la zona, dando lugar a un proyecto integral, tanto en temática, como en participantes.
Con su sabiduría y su responsabilidad política, el grupo de autoridades tradicionales nos demostró que existen determinadas circunstancias en las que, cuando una empresa las incorpora a su proyecto, se generan vínculos muy estrechos con las comunidades de su área de influencia y la sostenibilidad social de dicho proyecto aumenta. De esta manera hemos comprobado que cuando se respetan los derechos humanos, se respetan las culturas de cada comunidad, se abren espacios de participación a las comunidades para debatir los proyectos y analizar los impactos sobre los derechos de las personas, se definen conjuntamente acciones de mitigación y remediación, y los beneficios materiales e inmateriales para las empresas se dejan notar.
Se habla mucho en debates académicos o de expertos sobre cómo deberían actuar las empresas, pero se practica poco en el devenir diario de estas
Lo cierto es que la práctica de promover determinados estándares no se prodiga en exceso en el ámbito empresarial, pero cuando alguna compañía decide apostar por ella en el desarrollo de sus proyectos los resultados son muy potentes: fortalecimiento de sus relaciones con grupos de interés y/o comunidades, prevención de conflictos y resolución rápida cuando se producen, transformación de la responsabilidad social empresarial tradicional para promover una inversión social basada en la mitigación de impactos, mejora de la imagen corporativa y acceso a inversiones ESG (medioambiental, social y de gobernanza por sus siglas en inglés) son algunas de las consecuencias que tiene.
Y si además, los programas de inversión social o de RSE se vinculan con el desarrollo de los ODS en las comunidades de su área de influencia, las posibilidades de éxito de los proyectos aumenta exponencialmente. Casi tanto como se reduce la posibilidad de que se genere un conflicto socio-ambiental que pueda poner en riesgo el proyecto.
A partir de nuestra experiencia en Namibia y en otros países de América estamos firmemente convencidos de que implementar la debida diligencia es posible, y que una vez que se realiza los beneficios para todas las partes son muy positivos. Se resume nuestro sentir en una frase de John Reggie, padre de los principios rectores: “No he visto a ninguna empresa que se haya arruinado por invertir en derechos humanos, pero sí me ha tocado ver a alguna que lo ha hecho por no invertir en ellos”.
Adriana Ciriza y Mikel Berraondo son especialistas senior en temas de cooperación y desarrollo en Zabala Innovation Consulting.
https://elpais.com/elpais/2019/10/04/planeta_futuro/1570211441_429403.html
foto: Drew Beamer Unsplash
