El uso obligatorio de la mascarilla costará más de 100 euros al mes por familia

La obligación, publicada ayer en el BOE, que extiende desde este jueves el uso de mascarillas a los espacios cerrados y a la calle, cuando no se pueda mantener la distancia de dos metros de seguridad, además de en el transporte público, supondrá un sobrecoste para una familia de tres miembros de, al menos, unos 100 euros al mes.

La mascarilla quirúrgica recomendada por Sanidad tiene una vida útil de cuatro horas y no es reutilizable. Una familia con un adulto que trabaje presencialmente (lo que le exigirá dos al día, como mínimo), otro que teletrabaje y un hijo (que gastarían una más cada uno solo con que salgan a pasear o vayan al supermercado), necesitará cuatro mascarillas diarias, más otras tres por cada día del fin de semana en que salgan, lo que arroja unas 112 mascarillas al mes y unos 108 euros. Y eso tomando el precio máximo fijado por el Gobierno de 0,96 euros la unidad. Si algún miembro de la familia sufre problemas de salud y necesita mascarillas FFP2, el gasto golpearía aún más su presupuesto, ya que su precio —que no está regulado por Sanidad— es de 5,80 euros de media.

La factura también crece en el caso de hijos pequeños. La nueva orden de Sanidad obliga a utilizar mascarillas a personas de seis años en adelante. Sin embargo, según la OCU, es tarea casi imposible encontrar en el mercado mascarillas infantiles. “Este tipo de mascarillas solo está en una de cada tres farmacias”, argumenta Enrique García, el portavoz de la organización de consumidores que ha hecho un estudio de campo en varias comunidades autónomas. García indica que Sanidad debería asegurar el abastecimiento de este tipo de mascarillas. “Los modelos autorizados adaptados a niños son básicamente FFP2, no son reutilizables y tienen un coste medio elevadísimo, lo que supone un gran impacto en la economía familiar”, añade.

De otra parte, la norma recoge algunas excepciones. No tendrán obligación de usar mascarilla las personas con dificultades respiratorias, aquellas cuya salud se pueda ver perjudicada, sean discapacitados, dependientes o sufran alteraciones de conducta. Tampoco será exigible a quienes desarrollen actividades incompatibles con el uso de esta protección, o deban evitar ponérsela por causa de “fuerza mayor o situación de necesidad”. Quien haga deporte al aire libre no está exento, salvo que, como el resto, mantenga las distancias.

Estas excepciones, tal y como advirtió el ministro de Sanidad el martes, no afectan al grueso de la población que, tal y como adelantó, no las va a conseguir gratis. “En principio, cada ciudadano deberá proveerse de las mascarillas”, es decir, pagarlas de su bolsillo salvo que las comunidades autónomas decidan repartirlas sin coste alguno, como ocurrió en la Comunidad de Madrid.

“El Gobierno debería bajar el precio máximo de las mascarillas ahora que es un producto de uso obligatorio”, valora Rubén Sánchez, portavoz de Facua. Para la asociación de consumidores, el coste de las mascarillas es “un disparate”.

“Somos conscientes de que se planteó ese precio tan caro en una situación de desabastecimiento importante, pero en la coyuntura actual no vale”. Facua defiende que el Gobierno baje el precio tomando como referencia su importe en el sector minorista y en las grandes superficies. Los principales supermercados (Día, Alcampo o Carrefour) las venden por 0,60 euros la unidad. “El precio de referencia en el mercado debería servir como indicador para que el Gobierno baje de ese importe”, añade Sánchez.

La OCU también pide que se revise el precio para garantizar la asequibilidad por parte de la familia, “tiene que haber mascarillas suficientes y asequibles para todos”. Añaden que, lo ideal sería que el Gobierno pudiera garantizar el acceso a las personas en peores circunstancias económicas. “Si su uso es obligatorio, debería suministrarse de forma gratuita a las personas que más lo necesitan y que son más vulnerables”, añade su portavoz.

El criterio sobre el uso de mascarillas ha ido cambiando con la evolución de la pandemia. El Ejecutivo ha pasado de recomendar su uso solo a profesionales sanitarios y pacientes con síntomas de coronavirus y desaconsejarlo a asintomáticos; a repartir 10 millones de forma gratuita en la entrada del transporte público solo para los empleados que volvían a trabajar cuando terminó el permiso retribuido recuperable para trabajadores no esenciales.

El 3 de mayo, coincidiendo con el principio de la fase de desescalada, el Ejecutivo obligó el uso de mascarillas en el transporte público. Y ahora la hace extensible también dentro de comercios o de espacios cerrados y en las vías públicas a mayores de seis años. “En esta fase de desescalada era conveniente dar este paso. Lo hemos consensuado con las comunidades autónomas y hemos escuchado a los expertos”, explicó Illa, que añadió que se trata de “una medida de seguridad, de cautela y precaución, en la línea de lo que han hecho otros socios europeos”.