Decenas de miles de familias de Granada, a la espera de detalles sobre el ingreso mínimo vital

Por todo el territorio nacional, 850.000 familias esperan a conocer los detalles del texto legal que pondrá en marcha a partir del próximo 1 de junio el Ingeso Mínimo Vital (IMV) y que les permitirá saber si pueden solicitar acogerse a esta medida y cuál será la cuantía que reciban.

Precisamente, y pese a haberse conocido varios borradores del decreto-ley durante los últimos días, son estos los aspectos sobre los que parece no haber tomada una decisión cerrada. Sobre todo en lo que tiene que ver con los criterios para otorgar la ayuda. En un principio se había previsto que se tomase como baremo la declaración de la renta del año previo, pero hay voces que afirman que es imprescindible tener en cuenta la situación que ha podido sobrevenir desde entonces a cuenta de la pandemia del coronavirus. Sí se sabe, en cualquier caso, que podrán pedirla aquellas personas de entre 18 y 65 años, así como una previsión de a cuántos hogares llegará esta iniciativa.

39,000 familias

El Gobierno afirma que serán 850.000 las familias beneficiadas, lo que supone sumar a 2,3 millones de personas. Según un cálculo realizado por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, que toma en cuenta al volumen que representa el diez por ciento más pobre de la población de cada comunidad autónoma como punto de partida para estudiar la distribución del IMV, se estima que en Andalucía se verían afectados un total de 217.538 hogares, de los que en Granada, en una proporción basada en su número de habitantes, se situarían unos 39.000.

Se trata de mucha más gente que los 2.181 casos en los que los granadinos se apoyan en la Renta Mínima de Inserción Social que existe a nivel autonómico desde que el entonces gobierno socialista le diera luz verde en el año 2017. Según los datos más recientes conocidos, relativos a finales del pasado mes de abril, con la población ya en pleno confinamiento. El Gobierno central ya ha confirmado que el cobro de esta prestación será compatible con la recepción del IMV si se cumplen los requisitos, de cuyo cálculo quedará excluida la primera vivienda, aunque sí contarán otros inmuebles, así como el dinero ahorrado que tenga la persona solicitante en fondos de pensiones o cuentas bancarias, por ejemplo.

Otras administraciones

El Ingreso Mínimo Vital viene así a complementar y llegar más allá de la red asistencial ya existente a causa de la difícil situación económica que está dejando tras de sí la pandemia y que requiere la intervención urgente para no provocar una crisis más prolongada en el tiempo. Esta red la comandan otras administraciones, desde la autonómica a la local, pasando por las diputaciones provinciales.

Un ejemplo de ello es la ya mencionada Renta Mínima de Inserción Social, que gestiona la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, y que hasta finales del mes de abril había supuesto el desembolso de 1,95 millones de euros en la provincia tras ampliar el número de beneficiarios en un solo mes de 942 a 2.181, lo que supone un incremento del 131% sobre el dato del mes previo.

Pese a todo, es muy posible que el número de quienes reciben el IMV multiplique con mucho esta cifra. Según los datos del Ministerio de Sanidad, el programa de este tipo andaluz es uno de los menos eficientes de toda España, tanto por su baja cuantía como por el poco número de personas a las que llega; cubre tan sólo el 6% de todo el total nacional, pese a que la taza de pobreza en la comunidad es relativamente muy superior a la de otras regiones.

También juega un papel importante la Diputación Provincial, que pone a disposición sus fondos propios y partidas del Gobierno o de la Junta que administra. Desde que comenzó el confinamiento hasta hace una semana, la institución había ayudado a 963 familias, unas 3.000 personas, con medidas por valor de 1 millón de euros, y están en tramite de aprobación otros 204 expedientes. Uno de estos planes interviene con los hogares durante un tiempo; otro acude cuando hay necesidades económicas urgentes y puntuales; y hay otro programa que se gestiona junto a los ayuntamientos. La diputada provincial de Bienestar Social, Olvido de la Rosa, asegura que todas estas partidas se incrementarán este año para dar cobertura a la nueva situación, y da un dato que explica con claridad la gravedad del panorama que está dejando el Covid-19. Sólo en lo que llevamos de año, la Diputación ha invertido ya en estos programas el doble de dinero (1,5 millones de euros) que todo el que tuvo que por encima de la mesa en 2019 (750.000 euros).

La tercera pata de la gestión de este nuevo programa para garantizar los ingresos mínimos serán los ayuntamientos, cuya situación varía mucho en función de su tamaño y de sus atribuciones. El de la capital, por ejemplo, dispone de programas propios como el bono social, que ayuda a personas que tengan dificultad para pagar, por ejemplo, luz o agua.