«Andalucía y la privatización de los medios públicos locales» por Maria Serra
El gobierno andaluz aprovecha la situación de excepcionalidad creada por la pandemia para aprobar una modificación de la Ley Audiovisual de Andalucía (LAA). Fue consensuada con nula actividad parlamentaria y con el apoyo de la ultraderecha de VOX.
El sector de la información conlleva conocer el contexto en el que se desarrolla la actividad y proponer así políticas públicas correspondientes para conseguir los cambios necesarios. Estas políticas públicas deben de ser planteadas por profesionales de la información, totalmente conocedores de la situación actual. En España contamos con medios públicos al servicio de la ciudadanía (radio, tv, prensa…) que sufren un ataque masivo por parte del sector privado. Estos junto a los medios públicos locales son los más desfavorecidos en una cadena basada en el interés particular.
En España contamos con la actual Ley General de Comunicación Audiovisual (LGCA) supuestamente orientada a coordinar la comunicación audiovisual del ámbito estatal. En ella se defienden conceptos básicos como el derecho a una información plural y transparente. Pero el gran problema es el incumplimiento de la ley. La ausencia de una institución independiente como el Consejo Superior Audiovisual en Francia es uno de los factores que refuerzan la concentración y oligopolización de los medios actualmente.
En Andalucía contamos con la Ley Audiovisual de Andalucía, la cual entró en vigor en 2018 y fue aprobada por el anterior Partido Socialista. Dicha ley establece una regulación de este sector e incluye mejoras de acceso de la ciudadanía a los medios y el adecuado reflejo de la diversidad política, cultural y social de las comunidades.
El actual presidente de Andalucía, Juanma Moreno, ya advirtió en diciembre de 2019 una reforma de la actual Ley Audiovisual de Andalucía. Pero no ha sido hasta abril de 2020, en pleno estado de alarma, cuando se ha decidido aprobar dicha modificación.
El Ejecutivo de Juanma Moreno ha apostado por la eliminación de las garantías de un servicio publico audiovisual para la ciudadanía, especialmente en el ámbito local. Este Decreto Ley fue aprobado unilateralmente y supone una desregulación que solo beneficia a aquellos que actúan fuera de la ley. Entre las medidas se encuentra la autorización a los municipios para privatizar libremente las frecuencias concedidas, dejando las localidades sin medios públicos ni identidad local.
Los medios locales, transmisores de la cultura e identidad local, son unos de los recursos más importantes que un municipio puede tener. La baja importancia que se brinda a estos pequeños medios de comunicación en las políticas públicas son fruto de la ambición económica e individual que permanece en nuestras instituciones.
La paralización de las penalizaciones a los anunciantes que compren espacios en emisoras sin licencia es otra de las medidas que más afecta a la pluralidad e imparcialidad de los medios. La importancia de las políticas públicas para democratizar el dominio público radioeléctrico es fundamental. Por ello, mas de 20 organizaciones del sector entre las que se encuentran la FAPE (Federación de Asociaciones de Periodistas de España), han pedido al Consejo Audiovisual la revisión de dicha modificación.
En el mapa de medios radiofónicos, Andalucía cuenta con un total de 29 emisoras municipales externalizadas a entidades privadas, una situación que resulta contraproducente de acuerdo con las legislaciones encargadas de regular el sector audiovisual.
Este es solo un ejemplo de la privatización que nuestro entorno está sufriendo sin ni siquiera percatarnos. Son medidas tomadas a la sombra de una crisis que suponen la suspensión de derechos tan fundamentales como el derecho a una información veraz y plural. La garantía del servicio público debe ser protegida con políticas públicas sin trampas, sin intereses y cuidando la accesibilidad de los pequeños municipios a estos medios.
