Gobierno, sindicatos y patronal cierran el acuerdo sobre los ERTE

Tras más de una semana de reuniones casi diarias, el acuerdo se logró a pocos días de la fecha límite. A primera hora de la tarde del jueves, la dirección de la patronal CEOE daba el visto bueno “por unanimidad” a la última propuesta del Ejecutivo, que permite extender los mecanismos extraordinarios de suspensión de empleo más allá de su fecha de caducidad, prevista para el 30 de junio.

El pacto final mantiene todos los tipos de ERTE disponibles hasta ahora (los ERTE por fuerza mayor totales, los ERTE por fuerza mayor parciales y los ERTEs ordinarios) aunque busca favorecer el paso de los primeros a los últimos, a la búsqueda de esa normalidad y estabilización económica. Pero lo más importante es que las exenciones a las cotizaciones sociales de los empleados se expanden de los ERTEs extraordinarios a los ERTEs ordinarios, un punto clave para atraerse a los empresarios. Eso sí, esas exenciones se gradúan y modulan.

Para los ERTE por fuerza mayor total (los que obligan a una empresa a suspender a toda la plantilla por los efectos del COVID o por las medidas tomadas para combatir la pandemia) se plantean unas exenciones de cotizaciones del 70% en julio, del 60% en agosto y del 35% en septiembre para las empresas de menos de 50 trabajadores. Si las empresas tienen más trabajadores, los porcentajes son algo menores: del 50% en julio, del 40% en agosto y del 25% en septiembre para las de más de 50 trabajadores. Es una mejora sobre los porcentajes actuales de descuento, que están en el 45% y en el 30%.

En el caso de los ERTE por fuerza mayor parcial (en los que hay trabajadores ya de vuelta a la actividad) y los ERTE ordinarios (los que se hacen por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, y no directamente por la pandemia) las exenciones son mejores para las cotizaciones de los trabajadores que hayan estado suspendidos, pero a los que la empresa haya vuelto a llamar ya a su puesto: para estos casos, serán del 60% (en las empresas de menos de 50 trabajadores) y del 40% (en las de más de 50). En el caso de las cotizaciones de los trabajadores que sigan en el ERTE, las rebajas son del 35% y del 25% respectivamente. Se busca incentivar a las empresas para que recuperen cuanto antes la actividad de sus empleados.

Además, la propuesta del Gobierno contempla una subida fuerte de las exenciones si hay rebrote de la pandemia: en ese caso alcanzarían el 80% para las empresas pequeñas, y el 70% para las más grandes.

En todos los ERTE se restringen las posibilidades de hacer horas extraordinarias, externalizaciones o contrataciones: no se podrán hacer, y será una acción sancionable, mientras haya trabajadores suspendidos, a menos que sea imposible para la empresa cubrir sus necesidades con los empleados que están en ERTE. Todo se tendrá que examinar con la representación de los trabajadores en la compañía.

Se mantiene la flexibilidad: la posibilidad de sacar y meter a trabajadores en ERTE, y de combinar las suspensiones de empleo con las reducciones de jornada, y también se mantiene, y se extiende a los ERTE ordinario, la imposibilidad de hacer estas suspensiones de empleo para las empresas domiciliadas en un paraíso fiscal, y tampoco se pueden repartir dividendos en el ejercicio en el que una compañía se beneficie de las ayudas de un ERTE, a menos que las devuelva.

El compromiso de mantenimiento de plantilla, el no poder reducirla hasta pasados seis meses desde que se inicia un ERTE, se redefine en el decreto: para los nuevos ERTE ese compromiso durará seis meses desde la aprobación de la norma; es decir, como va a ir mañana al consejo de ministros, la no reducción de plantilla (so pena de devolver las ayudas) se extenderá máximo hasta finales de este año.

Se extienden también al 30 de septiembre las medidas de protección de los trabajadores en ERTE: podrán cobrar la prestación por desempleo aquellos incursos en ERTE que normalmente no podrían, por no tener el tiempo cotizado suficiente, y tampoco se consumirá el paro gastado mientras uno está en ERTE.

Además, se crean tres mesas de diálogo social tripartito: una nueva comisión de seguimiento de los ERTE, para proponer a finales de septiembre qué hacer, si hay que prorrogar de nuevo o no y en qué condiciones, otra para estudiar cómo ayudar a los parados no incursos en ERTE, que llevan todos estos meses consumiendo su prestación, y tienen menos oportunidades de encontrar un empleo, y con los parados que cobran de trabajos a tiempo parcial, y una tercera para idear fórmulas con las que recuperar el empleo perdido.

El gobierno tiene previsto aprobar el pacto, junto con el acuerdo alcanzado también este jueves en materia de protección social de los autónomos, en un consejo de ministros extraordinario este viernes.

FOTO: Yolanda Díaz en el Congreso en una foto de archivo. / Pool (Pool)

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