Ni siquiera la pandemia ha sido óbice natural para que la derecha carpetovetónica española -no ha habido otra en siglos sobre el solar ibérico, tan esquilmado por sus malos pastores de horca y cuchillo-, haya refrenado su impulso a la violencia verbal, la crispación, la descalificación injuriosa y la mentira burda y bufa como instrumentos espurios de presencia dialéctica en la vida pública.

En esta estrategia conjunta del PP y VOX, es difícil distinguir quién es el muñeco y quién el ventrílocuo como en un remake del famoso film Dead of night, podemos escuchar cosas terribles sobre el gobierno constitucional que dirige el país, como que es un ejecutivo ilegítimo y criminal (sic), totalitario (sic) o incluso benefactor de terroristas. El calibre de las acusaciones es tan grueso y gratuito en la obsesiva intención de que cale la adjetivación del gobierno PSOE-UP como ilegítimo y transgresor de la ley, que está claro que se está dando en España por la derecha recalcitrante un golpe de Estado de los que Gene Sharp denomino “golpe blando.” Con este calificativo el politólogo estadounidense quería nombrar a un conjunto de técnicas conspirativas no frontales y principalmente no violentas manu militari, con el fin de desestabilizar a un gobierno y causar su caída, sin que parezca que ha sido consecuencia de la acción de otro poder.

Que estamos viviendo un golpe de Estado se comprueba en las fases secuenciales de la estrategia de la derecha, como el mismo Sharp indica, se trata de combatir con armas psicológicas, sociales, económicas y políticas a gobiernos “incómodos.” La metodología se sustancia en la siguiente gradación: deslegitimación, debilitamiento, calentamiento en la calle y fractura institucional. Se trata, además de convertir al adversario político en un criminal que es cuando el golpe de Estado blando se relaciona con el llamado lawfare –guerra jurídica o guerra judicial-, cuando la desestabilización o derrocamiento del gobierno se realiza mediante mecanismos aparentemente legales, pero cuya intención es que el contrincante político, mediante la judicialización de la política, se convierta en delincuente.

El proceso golpista consiste en la venezuelización de España. Es inevitable pensar en los paralelismos existentes entre las formas de protesta de las élites españolas y las élites venezolanas, sus gritos de “¡libertad!” o sus denuncias de “¡dictadura!” resonando en las calles de Caracas o Madrid.

Todo ello para consolidar una sociedad cerrada, que lo es porque disciplina e integra todas las dimensiones de la existencia, privada y pública. El demos, la ciudadanía, se queda sin voz, sin universalidad, ante los que defienden sus propios intereses y privilegios en contra de la calidad democrática, la justicia, los derechos cívicos y las libertades públicas que se abisman hasta la extenuación en un Estado mínimo donde la desigualdad y los desequilibrios sociales son elementos cotidianos. Una estructura discursiva que impregna la sociedad de una perversa metafísica en la que el individuo se convierte en prisionero de las calculadas ambigüedades que le proclaman el centro del orden social en una sociedad de masas al tiempo que anulan su voluntad mediante la propaganda y la despolitización. Como señalaba Pierre Rosanvallon ser representado no es sólo votar y elegir un representante, es ver nuestros intereses y nuestros problemas públicamente, nuestras realidades vitales expuestas y reconocidas.