Andalucía se opone al modelo de reválida de 6º Primaria del Gobierno central, que no tiene consenso ni financiación

La Consejería de Educación critica igualmente que las pruebas se realizarían por profesorado externo a los centros. La reválida de 6º de Primaria constará de hasta 200 preguntas, el 40 % tipo test. El Ministerio de Educación plantea realizarla por primera vez en mayo del 2016 en todas la comunidades

La evaluación final de Primara, que establece la Ley Orgánica para la Mejora la Calidad Educativa (LOMCE), sobre competencia lingüística, matemática y científica, constará de hasta 200 preguntas, el 40 % como mínimo tipo test, según el Marco General de la Evaluación final de Primaria, publicado por el Ministerio de Educación. Esta prueba se realizará por primera vez en el 2016 a todos los alumnos de 6º de Primaria de todas las comunidades autónomas. Al igual que la de 3º de Primaria, es de «diagnóstico», de manera que no es obligatorio aprobarla para pasar de curso.

El Gobierno es el que establece los criterios de evaluación y las características generales de las pruebas para todo el sistema educativo español con el fin de «asegurar unos criterios y características de evaluación comunes a todo el territorio». indica el artículo 21 de la LOMCE. El nivel obtenido por cada alumno se hará constar en un informe, que será entregado a los padres y que tendrá «carácter informativo y orientador» para los centros. Las comunidades autónomas pueden hacer públicos los resultados de los centros.

La primera, en mayo del 2016

En el curso escolar 2014-2015 se aplicará una prueba piloto con carácter muestral, que permitirá probar los instrumentos de la evaluación, igual que se ha hecho con la de tercero de Primaria para la prueba real. El Ministerio de Educación aconseja en este documento que la aplicación de la evaluación en las comunidades autónomas se haga durante el mes de mayo para que haya tiempo de elaborar los informes y evitar que coincidan con los exámenes finales que realizan los centros en junio.

En cada una de las competencias evaluadas, los porcentajes del tipo de preguntas se ajustarán a la siguiente distribución: 40% como mínimo de preguntas de opción múltiple con cuatro alternativas, es decir, tipo test; y 20% como mínimo de preguntas de respuesta construida, semiconstruida y abiertas. Respecto a las preguntas con respuesta abierta, el ministerio alerta de que habrá de tener en cuenta la «complejidad» que entraña su utilización, «especialmente por la dificultad de definir criterios de corrección que no den lugar a interpretaciones subjetivas».

Cada competencia evaluada constará de varias unidades de evaluación y, cada una de ellas, de varias preguntas hasta un número aproximado total de entre 35 y 50 ítems, es decir un máximo de 200 preguntas en total.

Las pruebas podrán realizarse en soporte papel o en formato digital. Al evaluar la comprensión oral, el soporte de las pruebas incluirá también registros en audio para ser reproducidos a los alumnos en el momento de la aplicación. La evaluación de la expresión oral se podrá realizar a través de entrevistas individualizadas, entrevistas en parejas o en pequeños grupos, entre otras. El Ministerio recomienda el desarrollo de cada una de las pruebas orales en un tiempo aproximado de entre 5 y 8 minutos.

La competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología se evalúan en dos sesiones de entre 35 y 45 minutos cada una; cuatro sesiones para evaluar la competencia lingüística, dos de entre 40 y 55 minutos, para la comprensión en lengua extranjera y en lengua castellana; y otras dos, de entre 35 y 45 minutos para la expresión escrita en lengua extranjera y en lengua castellana.

Además, las comunidades autónomas con lengua cooficial podrán establecer la sesión o sesiones que estimen más convenientes para la evaluación de la competencia en comunicación lingüística en lengua cooficial.

Profesorado externo

El Ministerio de Educación señala que para «garantizar la objetividad» de la prueba, la aplicación y corrección correrá a cargo de profesorado externo al centro donde se desarrolle la prueba. Esta premisa ha provocado la oposición de los sindicatos docentes en la evaluación de 3º que se celebra este mes en las distintas comunidades autónomas. Además, la prueba incluye cuestionarios de contexto de los alumnos y los centros educativos, que permitan recoger información acerca de las variables del contexto socioeconómico y cultural.

Los resultados de la evaluación se difundirán a las familias, al profesorado, a los centros educativos y a la administración educativa. Cada Administración educativa determinará el grado de difusión de los resultados «según lo estime conveniente», de manera que podrán establecer rankigs.

El Ministerio de Educación aconseja que en un plazo aproximado de siete semanas desde la realización de las pruebas, se presente un primer informe individualizado de alumno. El resultado de la evaluación se expresará en los niveles de Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT) o Sobresaliente (SB).

ANDALUCIA

Andalucía se opone al modelo de reválida de 6º de Educación Primaria propuesto por el Gobierno central, que no cuenta con el consenso de las comunidades autónomas ni con el presupuesto necesario para su desarrollo. En este sentido, la Consejería de Educación ha reclamado al Ministerio retomar el debate sobre el modelo de evaluación, así como la paralización de la tramitación de la normativa hasta que las comunidades autónomas conozcan el texto, siguiendo los procedimientos de información pública y participación que toda norma debe cumplir en un régimen de transparencia y colaboración institucional.

La Consejería insta al Ministerio a una reflexión más pausada sobre estas pruebas, tras la reunión de la Comisión de Ordenación Educativa de la Conferencia Sectorial de Educación celebrada en Madrid con las comunidades autónomas, que mayoritariamente presentaron una posición común de rechazo al modelo presentado por el Ministerio.

Asimismo, la Junta ha mostrado su rechazo al contenido, al calendario y a la aplicación de la prueba final de la etapa de 6º de Primaria propuesta por el Ministerio. Otro de los puntos en los que Andalucía no está de acuerdo es que la prueba la aplique y corrija profesorado externo al centro, lo que provocaría más inquietud e inseguridad a los centros educativos y supondría la desconfianza en el trabajo de los docentes. Educación considera que este modelo descrito por el Gobierno central conlleva una enorme complejidad técnica, organizativa y un coste económico importante que no cuenta con financiación estatal.

La Consejería considera que la evaluación del sistema educativo es imprescindible para conocer y mejorar su funcionamiento y sus resultados así como para poner en valor los conocimientos adquiridos, pero nunca para establecer ránkings competitivos entre el alumnado o territorios, tal y como persigue la Lomce. Andalucía considera prioritario y urgente el diálogo con las comunidades autónomas para evitar la inseguridad que generaría la aplicación de la reválida de 6º de Primaria en mayo de 2016 y en las condiciones que impone el Ministerio.