Los abogados de los Franco se escudan en que no entienden las pruebas aportadas al juicio por el Pazo de Meirás: “Yo no hablo gallego”
El proceso judicial, que esclarecerá si el inmueble es propiedad pública como reclama la Abogacía del Estado, quedará visto para sentencia el jueves
Los abogados de la familia Franco intentaron restar validez a las evidencias aportadas por la Abogacía del Estado en el juicio por la titularidad del Pazo de Meirás aludiendo que muchas de las pruebas estaban en gallego, un idioma “que no hablo y que puedo malinterpretar a veces”, según uno de los letrados. Este miércoles, el último día de declaraciones en el proceso, comparecieron en la Audiencia Provincial de A Coruña tres miembros de la Comisión de Expertos que elaboró un informe para la Xunta de Galicia en el que se concluye que el inmueble debería pasar a dominio público. El jueves por la mañana el caso quedará visto para sentencia.
El ambiente durante el penúltimo día del juicio estuvo marcado por las desavenencias entre los abogados de la familia del dictador y los tres miembros de la Comisión de Expertos que prestaron declaración. Antonio Eduardo Gil Evangelista y Luis Felipe Utrera Molina, letrados de la parte acusada, intentaron demostrar que la titularidad del Pazo de Meirás corresponde a los Franco utilizando como evidencias recibos del pago de seguros y del IBI a nombre del dictador. Sin embargo, los testigos restaron validez a los documentos puesto que “en todos los registros se acompaña el nombre de Franco con la consideración de Jefe del Estado”.
En la Audiencia Provincial comparecieron el profesor de Historia Contemporánea Emilio Grandío Seoane, además de los catedráticos en Derecho Administrativo y Derecho Civil Luis Míguez Macho y José Manuel Busto Lago, respectivamente. Los tres, parte de la Comisión que elaboró el informe sobre la titularidad del Pazo aportado por la Xunta de Galicia en el 2018, declararon que el inmueble estuvo gestionado y condicionado al uso público durante la dictadura.
En la línea de los testimonios de los días anteriores, que aseguraban que el Pazo fue entregado a Franco en calidad de propiedad estatal, los académicos afirmaron que existe una gran cantidad de documentación que corrobora que el Estado estuvo a cargo del inmueble incluso cuando el dictador no hacía uso de la residencia. Busto Lago, por ejemplo, indicó que se encontraron archivos donde se encargaban obras en la edificación en la que no aparecía el reconocimiento expreso de Franco, algo “imprescindible” si el Pazo de Meirás fuera privado, como defiende la familia del caudillo.
Los abogados de la parte acusada centraron sus preguntas a los testigos en torno a la interpretación que se podía extraer de las evidencias documentales. Aludieron en numerosas ocasiones al informe presentado por la Xunta de Galicia, poniendo en duda varias cuestiones jurídicas planteadas en el escrito. Los miembros del Comité de Expertos, por su parte, presentaron sus argumentos y justificaron sus conclusiones basándose en la ley y la jurisprudencia establecida, una “opinión totalmente respetable” para los letrados de la familia Franco.
Puesta en venta de la Casa Cornide
El pasado martes, en pleno proceso judicial por la titularidad del Pazo de Meirás, los familiares del dictador decidieron poner a la venta la Casa Cornide en un portal inmobiliario online, un edificio que el ayuntamiento de A Coruña lleva reclamando años como bien público. Existen investigaciones que indican que el inmueble acabó en manos de Franco a través de una subasta fraudulenta, mediante la que Pedro Barrié de la Maza habría adquirido el palacio y se lo habría vendido posteriormente al dictador.
Mientras que los abogados de la familia defendieron la decisión, ya que sus clientes tienen “el derecho a vender cualquier propiedad que sea suya”, desde el concello coruñés aseguraron que “no les pertenece ese patrimonio”. Fuentes del ayuntamiento afirman estar trabajando actualmente en la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) del edificio.