Hay que redoblar los esfuerzos para evitar que la tragedia de las residencias de mayores se repita en la segunda ola

La muerte en condiciones de soledad y desatención de ancianos en las residencias fue una de las caras más dolorosas de una pandemia que desnudó las carencias del Estado de bienestar español. Cinco meses después de la primera ola y cuando estamos ya inmersos en la segunda, el Gobierno ha puesto al fin cifras a la tragedia sufrida en estos centros de servicios sociales: 20.268 residentes murieron entre principios de marzo y el 23 de junio, el 6% de la población de los 330.000 ancianos en geriátricos, en una “tormenta perfecta” que ni las autoridades ni la sociedad deben olvidar. En aquellos días faltaron equipos de protección, faltaron pruebas, faltó atención médica y coordinación con el sistema sanitario, faltó personal suficiente y en algunos sitios se impusieron protocolos que excluyeron a los ancianos de la atención hospitalaria. Una suma de desastres que colocó a esta comunidad en posición de extrema vulnerabilidad y que debería servir de sonora señal de alarma ante el avance de la segunda oleada.

En estos días, algunas cuestiones han mejorado: hay más equipos de protección y mejor comunicación con el sistema sanitario, pero los test quincenales para trabajadores que acordaron en agosto Gobierno y comunidades, pactados solo como recomendación y no como obligación, no se realizan en buena parte de las comunidades autónomas. La ocupación hospitalaria de enfermos de covid va en aumento, con un 29,5% de camas de las UCI dedicadas a estos contagiados, y comunidades como Aragón superando el 50%, lo que hace temer una nueva exclusión de los ancianos si los hospitales se ven desbordados sin suficientes refuerzos médicos. Los contagios activos, además, ya crecen a gran ritmo en las residencias hasta triplicar los niveles de finales de agosto, cuando eran 2.208. Cerca de la mitad de los muertos, en la primera oleada y en esta, son residentes.

 

La suspensión de visitas añadió entonces y ahora, además, un elemento de penalidad para los residentes, al cortarles prácticamente los vínculos con su familia, y son de considerar las voces de especialistas que advierten contra el deterioro cognitivo y la tristeza que sufren en esa situación. Vizcaya, por ejemplo, considera las visitas como una atención a la dependencia. Y son necesarios los mejores protocolos posibles para que la comunicación telemática se pueda producir con la ayuda de los trabajadores. La dignidad del trato, en suma, que no siempre se mantuvo en la primera ola, debe ser restituida.

Cómo trata una sociedad y un Estado de bienestar a sus mayores es un termómetro definitivo de su calidad. Suspendimos en la primera ola. Es hora de demostrar que, en la segunda, somos capaces de aprobar en las mejores condiciones humanas, profesionales y económicas. La capacidad de aprender la lección nos definirá.

EDITORIAL El País 07 nov 2020

FOTO: Un grupo de ancianos en un centro de mayores en Cataluña.Adrian Salido Zarco / GTRES

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