Más divorcios en los juzgados andaluces tras el confinamiento

En circunstancias normales, el número de separaciones aumentan tras los largos periodos de convivencia. Hasta ahora pasar más tiempo con la pareja era sinónimo de vacaciones, algo que cambió en marzo de 2020 cuando el coronavirus obligó a permanecer encerrados entre cuatro paredes a toda la familia. Todo un «experimento sociológico» que ha puesto a prueba la convivencia y que no todos han sido capaces de superar. 

A estos nuevos procesos de separación que han llegado a los tribunales se han sumado los que se paralizaron por el estado de alarma. Esto ha supuesto que las demandas de separación y divorcio aumentaron un 23,79% en Andalucía en el tercer trimestre de 2020. Las modificaciones de medidas de guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales consensuadas tuvieron un incremento interanual en la región del 79,67%. Esto se debe, principalmente, a los problemas encontrados durante el estado de alarma para cumplir con estas medidas a causa de las restricciones de movilidad.

Las demandas de modificación de medidas consensuadas, de las que se han presentado 526, se han incrementado un 44,1%, y las demandas de modificación de medidas no consensuadas, 1.598, lo han hecho un 17,15% respecto al mismo trimestre de 2019.

Las modificaciones de medidas de guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales consensuadas, 1.344, han tenido un incremento interanual del 79,67 %, mientras que las no consensuadas, 1.725, se han incrementado un 31,27 por ciento.

Según los datos recogidos por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial, el número total de demandas de separaciones y divorcios en España ha tenido un incremento del 16,6%, pasando de este modo de 4.119 a 5.099.

El mayor número de demandas de disolución por cada 10.000 habitantes se ha dado en Canarias y en la Comunidad Valenciana, con 6,6. Le siguen Balears, con 6,1; Andalucía, 5,9; Asturias y Cantabria, 5,7; Galicia, 5,6; y Murcia, 5,5. Todas estas Comunidades Autónomas superan la media nacional, que es de 5,4. Las cifras más bajas se han dado en Castilla y León y País Vasco, con 4,3; Madrid, 4,4; y Aragón, 4,6, que se quedan por debajo de la media nacional.

El Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en la Administración de Justicia, contiene la «regulación ex novo de un procedimiento especial y sumario para la resolución de cuestiones relativas al derecho de familia directamente derivadas de la crisis sanitaria» que estuvo operativo durante el estado de alarma y hasta tres meses después de su finalización. Los datos relativos a este procedimiento se incluyeron en el apartado «juicios verbales relativos al derecho de familia» de los boletines trimestrales. Sin embargo, no hay datos sobre cuántos procesos de este tipo ingresaron en los órganos judiciales.