El Gobierno fija en cuatro años la duración de las carreras universitarias y acaba con el modelo 3+2
El Ministerio de Universidades quiere poner fin a las carreras rápidas de tres años.Manuel Castells da un giro radical en su política universitaria y plantea un borrador totalmente opuesto al que presentó hace un año
El Ministerio de Universidades fijará con carácter general los planes estudios de Grado de 240 créditos, es decir, de 4 años de duración a través del nuevo Real Decreto de Organización de las Enseñanzas Universitarias y el procedimiento de aseguramiento de su calidad. De este modo, se acaba con el modelo 3+2 implantado por el exministro del PP José Ignacio Wert en su etapa de ministro de Educación (2011-2015), en el que se articularon carreras de tres años de Grado más dos de Máster. En este decreto quedarían fuera carreras como Medicina, cuya duración es superior a los cuatro años.
Así lo ha dado a conocer este martes el departamento que dirige Manuel Castells, que ha finalizado la redacción del borrador definitivo del citado real decreto. El Ministerio ha explicado que las acciones que conforman este nuevo decreto «están dirigidas a la mejora de la calidad, la agilización de los trámites de evaluación de los títulos, así como la modernización e innovación de las enseñanzas universitarias».
Con este nuevo planteamiento, el ministro de Universidades, Manuel Castells, da un giro radical en su política universitaria. Hace menos de un año, el ministro y su equipo prepararon un borrador de real decreto en el que consolidaba el llamado modelo 3+2 (grados de tres años de duración y máster de dos años) que impulsó José Ignacio Wert junto al más generalizado 4+1 (grados de cuatro años y máster de uno). En aquel borrador también se hablaba de itinerarios académicos abiertos que permitían cursar asignaturas de varias carreras y un mayor peso de las prácticas en empresas.
Castells fue entonces muy criticado por este borrador por parte de la mayoría de la comunidad educativa, no solo por su contenido, sino también por plantear una reforma universitaria en pleno confinamiento domiciliario y con las universidades cerradas a causa de la crisis sanitaria del coronavirus. Ahora, el Ministerio de Universidades reformula de arriba abajo el texto y prácticamente prohíbe la existencia de las carreras de tres años. Justo lo contrario a lo que hace un año planteó.
En concreto, Castells ha destacado este martes que se mantiene la estructura básica de la oferta académica, actualmente vigente, configurada en tres etapas (Grado, Máster y Doctorado) y consolida el que los Grados sean de 240 créditos, con la única excepción de aquellos que por directrices europeas deben ser de 300 o 360 créditos.
Respecto a la estructura esencial del modelo universitario español, ha detallado que consiste en Grados de 240 créditos; Másteres de 60, 90 y 120 créditos; y el Doctorado, al que se accede habiendo superado los 300 créditos en las dos etapas formativas anteriores.
En España, los grados de tres años son muy minoritarios —hay unos 60 títulos, la mayoría en universidades de titularidad privada y de Cataluña, según ha adelantado El País— a diferencia de lo que sucede en el resto de Europa, y solo ha dado tiempo a que se gradúen dos promociones. Con esta nueva medida, el ministro de Universidades pretende frenar la creación de más grados cortos, pensados para la incorporación inmediata al mercado laboral, pero que no responden al espíritu de un grado, que es el de proporcionar conocimientos generalistas de un área para luego especializarse en un máster.
Andalucía, contra el modelo 3+2
En comunidades como en Andalucía, las universidades no ofertan grados de tres años. El modelo 3+2, muy criticado por los rectores andaluces, no se ha llegado a implantar en la comunidad.
Universidades ha puesto de relieve que este real decreto introduce la posibilidad de «adoptar formas específicas de articulación del plan de estudios en las enseñanzas oficiales y, por tanto, de singularizar su proyecto académico». Junto con estas novedades, se aporta una regulación básica de la formación permanente desarrollada por las Universidades.
Según el departamento de Castells, la experiencia acumulada por las Universidades durante los últimos años, y el trabajo de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) y del conjunto de agencias de calidad de las comunidades autónomas, «ha guiado un replanteamiento procedimental con el objetivo de, asegurando la calidad de la oferta académica, simplificar los procesos administrativos y la documentación necesaria, para focalizarse éstos en aquellos temas que efectivamente constituyen el núcleo del proyecto académico formativo que es un título oficial de Grado, Máster o Doctorado».
En este sentido, ha defendido que la evaluación institucional de los centros «se configura como una pieza esencial en el engranaje del aseguramiento de la calidad de la oferta formativa universitaria y de desburocratización de los procedimientos implicados en el mismo».
Además, ha indicado que aquellas universidades que desarrollan estrategias metodológicas de innovación docente específicas y diferenciadas y que hayan sido valoradas en el proceso de verificación del título por la agencia de evaluación correspondiente, podrán reconocerlas en el Suplemento Europeo al Título.
«Dichas propuestas podrían ser la docencia a través del aula invertida, el aprendizaje basado en el trabajo por proyectos, el desarrollo del trabajo colaborativo y cooperativo, la docencia articulada en el uso intensivo de las tecnologías digitales de la información y la comunicación, y otras iniciativas que impulse la Universidad o el centro», ha apuntado.
Grados abiertos
Por otro lado, las universidades podrán ofrecer programas de enseñanzas de Grado con itinerario académico abierto que permitan al alumnado cursar asignaturas de dos o más títulos universitarios oficiales que pertenezcan al mismo ámbito de conocimiento o ámbitos de conocimiento afines.
Por último, los títulos oficiales de Grado y Máster podrán incluir la mención dual, que comporta un proyecto formativo común que se desarrolla complementariamente en el centro universitario y en una entidad colaboradora. La actividad formativa que se realice en la entidad se concretará en la ejecución de un contrato laboral que tendrá como objeto fundamental el desarrollo de la formación del estudiante y estará mediado por un Convenio Marco entre la universidad y la entidad.
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