Cinco ataques a la libertad de expresión en los últimos días
Como si fuera el toro de la Vega de Tordesillas, la libertad de expresión consagrada en el artículo 20 de la Constitución está siendo alanceada por todos los costados en los últimos días.
Por arriba, el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC), que depende de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, canceló un acto sobre La Constitución y las Fuerzas Armadas en el que iba a intervenir el exjefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) Julio Rodríguez, quien pidió la baja en las Fuerzas Armadas para unirse a Podemos como candidato al Congreso de los Diputados por Zaragoza en las próximas elecciones generales. El acto se celebró ayer en el Ateneo.
El teniente general Rodríguez iba a intervenir como presidente del Foro Milicia y Democracia (FMD), la asociación de militares demócratas promovida en su día por Fernando Reinlein para recuperar, entre otras cosas, la dignidad y los derechos que les robaron a los miembros condenados y no amnistiados en 1976 de la histórica Unión Militar Democrática (UMD). Algunos miembros interpretaron la censura del acto en la sede del CEPC como una forma miserable de actualizar los métodos del franquismo cuando se van a cumplir cuarenta años de la desaparición física del dictador. El secretario del FMD, teniente coronel retirado José Ignacio Domínguez, calificó el veto de “atropello, pataleta de Rajoy y represalia porque el teniente general Rodríguez se ha unido a Podemos”. Y, por su parte, el director del centro oficial, sufragado con dinero público, Benigno Pendás, asiduo colaborador de FAES, arguyó que la suspensión del acto se debía a que “las condiciones han cambiado”.
Desde fuera también el derecho a la información se ha visto alanceado con decisiones como la del cónsul general de España en París, Francisco Javier Conde, quien se negó a autentificar el acta con la declaración del escritor francés, experto en el Magreb, Jean Pierre Tuquoi, respaldando las informaciones del periodista español Ignacio Cembrero ante una demanda judicial contra él y contra el diario El Mundo del empresario marroquí Ahmed Charai. El comportamiento de ese cónsul al negarse a cumplir su obligación de recibir la declaración escrita de Tuquoi, previo pago de las tasas correspondientes, dio lugar a una pregunta parlamentaria del diputado Jon Iñarritu, a la que el Gobierno del PP no ha contestado, y a la movilización de Reporteros sin Fronteras (RsF) ante el caso. Finalmente, el 6 de diciembre, la justicia española rechazó la demanda de Charai, un personaje que aparece como estrecho colaborador del servicio secreto exterior de Marruecos (DGED) y que ya fue condenado en España en 2011 por difamar al ex presidente español José María Aznar, al que atribuyó en su revista, en 2008, la paternidad de la hija de la ministra francesa de Justicia, Rachid Dati. También fue condenado ese mismo año en EE UU por introducir gran cantidad de dinero en metálico.
Cierto es que el cónsul mencionado puede hallar buen ejemplo de vulneración del derecho a la información y a la libertad de expresión en el jefe de la diplomacia española, José Manuel García-Margallo y Marfil, cabeza de lista del PP por Alicante en las elecciones del 20D, quien reconoció haber ejercido presiones para que el foro Nueva Economía cancelara una conferencia del ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, en un hotel de Madrid. En los últimos días, el ministro Margallo ha protagonizado otro episodio revelador de su desprecio a un derecho fundamental en democracia. Después de pedir una colaboración escrita al exeurodiputado y dirigente de IU, Willy Meyer, para el libro que presentó días atrás, Todos los cielos conducen a España: cartas desde un avión (Planeta), y cuyo contenido consiste en un intercambio de cartas entre el ministro y distintas personalidades, quería censurar parte del escrito de Meyer. Éste rechazó la mutilación de su texto, en el que se refería a los efectos de la pobreza y la globalización y aportaba datos ciertos sobre la inmensa riqueza de algunos mandatarios como el rey de Marruecos. Y entonces Margallo rechazó el texto y no lo incluyó en el libro.
De las heridas, en fin, de la libertad de expresión en España se han hecho eco el New York Times y el International Press Institute (IPI) en la última semana. El periódico estadounidense se refiere a los cambios legislativos del Gobierno del PP para manejar la Corporación RTVE y al control de la información en los medios de comunicación privados prevaliéndose de la debilidad económica de las empresas. Incluye el testimonio del exdirector de El Mundo, Casimiro García Abadillo, sobre el poco margen informativo que le dejaban: “Hay muchos casos en los que las noticias críticas sobre grandes instituciones o no se publican o se publican en tono amistoso”. También el del histórico columnista de El País y secretario general perpetuo de la Asociación de Periodistas Europeos, Miguel Ángel Aguilar: “Trabajar en El País era el sueño de cualquier periodista español. Pero ahora hay algunos periodistas tan desesperados que se están marchando del diario, a veces incluso con la sensación de que la situación ha alcanzado niveles de censura”.
Tras esta declaración, Aguilar ha dejado de ser comentarista del periódico, lo que ha sido interpretado como una represalia, si bien, la empresa asegura que ya le había comunicado la incompatibilidad con el semanario que el periodista ha promovido. El New York Times refiere en su información del 5 de noviembre pasado casos de censura o supresión de informaciones sobre grandes empresas en las que el grupo Prisa tiene intereses económicos, e informa de supuestas vulneraciones de la deontología profesional como el bloqueo por parte del director, Antonio Caño, de la votación convocada por el Consejo de Redacción sobre su idoneidad para dirigir el periódico.
El diario neoyorkino no informa, en cambio, de la calificación de “terrorista” que la Administración estadounidense ha aplicado al periodista español de cuartopoder, Manuel Martorell, máximo experto en los problemas del Kurdistán y al que ha negado el visado para viajar a Estados Unidos. El caso de Martorell ha sido denunciado por Reporteros Sin Fronteras y otras asociaciones de periodistas que, además de calificar de falsa, injusta y degradante esa calificación, condenan el ataque a la libertad de información y exigen una rectificación del gobierno norteamericano, responsable de su servicio exterior.
El IPI, por su parte, advierte de “los peligros evidentes que para el libre flujo de la información de interés público contiene la Ley de Seguridad Ciudadana”, conocida como ley mordaza, y recomienda al futuro Gobierno que derogue esa norma, la que permite al Ejecutivo nombrar por mayoría simple al presidente de RTVE y que devuelva “la independencia a RTVE”. Esta petición ha sido suscrita por todas las fuerzas parlamentarias, menos el PP, y, previamente por la Plataforma en Defensa de la Libertad de Expresión (PDLI), de la que la el Sindicato de Periodistas es fundador, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) y la Federación Europea de Periodistas (FEP).